De los delitos, el Procurador y las penas
En 1931, el tristemente célebre Al Capone fue capturado en los Estados Unidos; a pesar de su participación en redes de tráfico de licor, prostitución, juego ilegal y múltiples asesinatos, no fue por ninguna de estas causas que terminó sentado ante la justicia sino por algo que, comparado con su historia, resulta banal: evasión de impuestos.
Sin duda, las personas afectadas por Al Capone debieron sentirse aliviadas de que, por la razón que haya sido, este siniestro personaje quedara fuera de juego. Pero esa lectura no debería ser suficiente para los que creen en la ley. Hubiera sido ideal que Al Capone pagará por sus crímenes y no por sus descuidos.
En el Caso colombiano, el ya ex-procurador Alejandro Ordoñez fue removido de su cargo, lo que generó alivio especialmente en ciertos grupos, como las mujeres, los homosexuales y la izquierda. Pero Ordoñez dejó su cargo por haber nombrado en puestos públicos a personas directamente relacionadas con quienes garantizaron su segunda elección (entre otras cosas), y no por sus prácticas contrarias a los derechos humanos.
Es decir, no fue su homofobia, su machismo, su religiosidad militante que invadió sus decisiones públicas, ni su furibundo odio a la izquierda lo que determinó su salida, sino (digamos) por unos descuidos de forma en su reelección. El Procurador, quien por ley debe proteger los derechos humanos y defender los intereses de la sociedad (Artículo 277, Constitución Política) no puede ser una persona que discrimine, persiga, prejuzgue o controvierta gratuitamente a miembros de una sociedad que intenta ser democrática.
Ordoñez sale pero el problema queda. “¿Al alcalde quien lo ronda?’’ dice el refrán. La independencia y la autonomía de las instituciones del ministerio público, no pueden dar lugar a pequeños reinos sin control alguno por parte de otros entes ni por parte de la sociedad. La acumulación de poderes y de funciones es contraria al espíritu de la democracia.
Una sociedad madura no solo debe alegrarse por la remoción de un “virrey” sino que debe ser capaz de discutir los límites del virreinato (por nombrarlo de alguna manera). No basta con dar poderes amplios sobre la presunción que allí llegará una buena persona, sino que además se debe contar con controles ante el riesgo de que una mala persona se haga con las instituciones. Eso tiene algo de paranoia pero, desafortunadamente, mucho de realismo.
En 1931, el tristemente célebre Al Capone fue capturado en los Estados Unidos; a pesar de su participación en redes de tráfico de licor, prostitución, juego ilegal y múltiples asesinatos, no fue por ninguna de estas causas que terminó sentado ante la justicia sino por algo que, comparado con su historia, resulta banal: evasión de impuestos.
Sin duda, las personas afectadas por Al Capone debieron sentirse aliviadas de que, por la razón que haya sido, este siniestro personaje quedara fuera de juego. Pero esa lectura no debería ser suficiente para los que creen en la ley. Hubiera sido ideal que Al Capone pagará por sus crímenes y no por sus descuidos.
En el Caso colombiano, el ya ex-procurador Alejandro Ordoñez fue removido de su cargo, lo que generó alivio especialmente en ciertos grupos, como las mujeres, los homosexuales y la izquierda. Pero Ordoñez dejó su cargo por haber nombrado en puestos públicos a personas directamente relacionadas con quienes garantizaron su segunda elección (entre otras cosas), y no por sus prácticas contrarias a los derechos humanos.
Es decir, no fue su homofobia, su machismo, su religiosidad militante que invadió sus decisiones públicas, ni su furibundo odio a la izquierda lo que determinó su salida, sino (digamos) por unos descuidos de forma en su reelección. El Procurador, quien por ley debe proteger los derechos humanos y defender los intereses de la sociedad (Artículo 277, Constitución Política) no puede ser una persona que discrimine, persiga, prejuzgue o controvierta gratuitamente a miembros de una sociedad que intenta ser democrática.
Ordoñez sale pero el problema queda. “¿Al alcalde quien lo ronda?’’ dice el refrán. La independencia y la autonomía de las instituciones del ministerio público, no pueden dar lugar a pequeños reinos sin control alguno por parte de otros entes ni por parte de la sociedad. La acumulación de poderes y de funciones es contraria al espíritu de la democracia.
Una sociedad madura no solo debe alegrarse por la remoción de un “virrey” sino que debe ser capaz de discutir los límites del virreinato (por nombrarlo de alguna manera). No basta con dar poderes amplios sobre la presunción que allí llegará una buena persona, sino que además se debe contar con controles ante el riesgo de que una mala persona se haga con las instituciones. Eso tiene algo de paranoia pero, desafortunadamente, mucho de realismo.