Según la Carta de las Naciones Unidas, no se puede invocar ninguna disposición de dicho documento para “intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados”. El problema es definir qué es aquello que es esencialmente interno de un Estado.
Esta figura ha sido usada por muchos gobiernos para perpetuar su política interna: Vladimir Putin echó mano de la noción de “asuntos internos” para responder a cualquier crítica sobre la terrible situación de Chechenia, conflicto que causó la muerte del 15% de la población civil. Muchos regímenes africanos y latinoamericanos han usado el mismo argumento.
Incluso en casos dramáticos como el genocidio de Ruanda o la hambruna de Somalia, se sigue sosteniendo la idea de que la soberanía es un valor que está por encima de la vida de miles de personas y, por tanto, los Estados deberían abstenerse de actuar ante asuntos “internos” de terceros países. Esta línea argumentativa tiene, sin embargo, un gran límite: las violaciones sistemáticas, deliberadas y progresivas de derechos humanos. Los derechos humanos son, por definición, un límite al ejercicio del poder por parte del Estado y en cuanto tal, un argumento fuerte a la hora de invocar la acción de la comunidad internacional.
Esta fortaleza ha hecho, en justicia, que también quieran ser invocados para justificar acciones que son más de orden geoestratégico, del reparto del poder internacional, pero, a pesar de dicho intento de manipulación, la causa de los derechos humanos sobrevive.
En el caso de Siria, el informe de las Naciones Unidas (del 15 de agosto) es claro y contundente: el Estado y los grupos paramilitares a su servicio han violado los tratados internacionales en materia de derechos humanos, mediante prácticas documentadas tales como: torturas, desapariciones, detenciones arbitrarias, violencia sexual, ataques indiscriminados, ejecuciones, masacres, etc. El modus operandi de dichas violaciones es similar en varias regiones, con dinámicas que indican claramente la participación del más alto nivel de las fuerzas armadas y del gobierno.
Es cierto que el informe incluye violaciones al derecho internacional humanitario por parte del Ejército Libre Sirio, pero tales violaciones no tienen el nivel de las cometidas por el gobierno, ni éstas pueden ser alegadas para disminuir la responsabilidad jurídica y política del régimen de Bashar Al Asad.
Así, el informe del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas contribuye de manera clara con un elemento esencial en el análisis de la situación en Siria: no se trata sólo de las agendas internacionales ni de las consecuencias geopolíticas de actuar o no en Siria, sino que se trata también de la protección debida a principios universales. Este punto no es marginal, las víctimas tienen derecho a sus derechos y negarlos sólo contribuye a alimentar el conflicto.
Según la Carta de las Naciones Unidas, no se puede invocar ninguna disposición de dicho documento para “intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados”. El problema es definir qué es aquello que es esencialmente interno de un Estado.
Esta figura ha sido usada por muchos gobiernos para perpetuar su política interna: Vladimir Putin echó mano de la noción de “asuntos internos” para responder a cualquier crítica sobre la terrible situación de Chechenia, conflicto que causó la muerte del 15% de la población civil. Muchos regímenes africanos y latinoamericanos han usado el mismo argumento.
Incluso en casos dramáticos como el genocidio de Ruanda o la hambruna de Somalia, se sigue sosteniendo la idea de que la soberanía es un valor que está por encima de la vida de miles de personas y, por tanto, los Estados deberían abstenerse de actuar ante asuntos “internos” de terceros países. Esta línea argumentativa tiene, sin embargo, un gran límite: las violaciones sistemáticas, deliberadas y progresivas de derechos humanos. Los derechos humanos son, por definición, un límite al ejercicio del poder por parte del Estado y en cuanto tal, un argumento fuerte a la hora de invocar la acción de la comunidad internacional.
Esta fortaleza ha hecho, en justicia, que también quieran ser invocados para justificar acciones que son más de orden geoestratégico, del reparto del poder internacional, pero, a pesar de dicho intento de manipulación, la causa de los derechos humanos sobrevive.
En el caso de Siria, el informe de las Naciones Unidas (del 15 de agosto) es claro y contundente: el Estado y los grupos paramilitares a su servicio han violado los tratados internacionales en materia de derechos humanos, mediante prácticas documentadas tales como: torturas, desapariciones, detenciones arbitrarias, violencia sexual, ataques indiscriminados, ejecuciones, masacres, etc. El modus operandi de dichas violaciones es similar en varias regiones, con dinámicas que indican claramente la participación del más alto nivel de las fuerzas armadas y del gobierno.
Es cierto que el informe incluye violaciones al derecho internacional humanitario por parte del Ejército Libre Sirio, pero tales violaciones no tienen el nivel de las cometidas por el gobierno, ni éstas pueden ser alegadas para disminuir la responsabilidad jurídica y política del régimen de Bashar Al Asad.
Así, el informe del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas contribuye de manera clara con un elemento esencial en el análisis de la situación en Siria: no se trata sólo de las agendas internacionales ni de las consecuencias geopolíticas de actuar o no en Siria, sino que se trata también de la protección debida a principios universales. Este punto no es marginal, las víctimas tienen derecho a sus derechos y negarlos sólo contribuye a alimentar el conflicto.