Kem Ley fue asesinado este domingo 10 de julio en la capital de Camboya, Phnom Penh. Su crimen refleja buena parte de la situación política del país, bajo el gobierno de Hun Sen. Los seguidores de Ley llevaron su cuerpo en manifestación hasta una pagoda.
El primer ministro, Hun Sen, ha estado en el poder desde 1985; de joven fue militante de los Jemeres Rojos, responsables del genocidio que asoló el país en los setenta, y de los que desertó en 1979.
Kem Ley, por su parte, era un analista crítico del gobierno; había fundado un partido político en 2015, el Partido de la Democracia de Base, promoviendo principios de democracia interna. En 2014 había creado una organización en la ciudad de Siem Reap destinada a la educación para niños sin recursos y programas vocacionales para adultos.
El crimen de Kem Ley tiene dos dimensiones: eliminar a un opositor político del gobierno y a un analista agudo y comentarista de prensa. Los escándalos de corrupción que envuelven a las élites son corrientes, así como los abusos de poder, fraude electoral y los negocios de venta de tierra a extranjeros, con el consecuente desplazamiento de los locales.
Este no es el primer crimen contra la libertad de expresión y contra la oposición. Sólo un par de ejemplos: en 2012, Mam Sonando, otro crítico constante del gobierno y propietario de una estación radial, fue condenado a 20 años de cárcel acusándolo de separatismo y de incitar a la violencia, cargos que fueron rechazados tanto por ONG de derechos humanos nacionales como internacionales. En octubre de 2015, dos parlamentarios de la oposición fueron golpeados por grupos leales al gobierno, entre los cuales estaban escoltas del primer ministro, como fue documentado por Human Rights Watch.
En Camboya, los asesinatos de abogados y de otros activistas de la oposición casi siempre terminan en impunidad. Amnistía Internacional ya había denunciado ese tipo de resultados. El gobierno condenó el crimen, prometió una exhaustiva investigación y ofreció sus condolencias. Tres lugares comunes que, en Camboya, nada dicen sobre la justicia esperada.
Hace menos de dos meses el primer ministro recordó a la prensa la forma en que debían referirse a él: “Glorioso, supremo primer ministro y todo poderoso comandante”, de obligatorio cumplimiento a partir de este mes.
Los informes internacionales de derechos humanos indican que en Camboya las torturas, los asesinatos, ataques a la libertad de expresión, condiciones indignas de trabajo (especialmente en el caso de mujeres) y restricciones a la protesta pacífica son pan de cada día.
Kem Ley era un ejemplo de esas nuevas voces, críticas con casi todos los partidos políticos, deseoso de crear movimientos sociales desde la base para cambiar Camboya, pero eso no es fácil cuando sus enemigos tienen el poder.
Kem Ley fue asesinado este domingo 10 de julio en la capital de Camboya, Phnom Penh. Su crimen refleja buena parte de la situación política del país, bajo el gobierno de Hun Sen. Los seguidores de Ley llevaron su cuerpo en manifestación hasta una pagoda.
El primer ministro, Hun Sen, ha estado en el poder desde 1985; de joven fue militante de los Jemeres Rojos, responsables del genocidio que asoló el país en los setenta, y de los que desertó en 1979.
Kem Ley, por su parte, era un analista crítico del gobierno; había fundado un partido político en 2015, el Partido de la Democracia de Base, promoviendo principios de democracia interna. En 2014 había creado una organización en la ciudad de Siem Reap destinada a la educación para niños sin recursos y programas vocacionales para adultos.
El crimen de Kem Ley tiene dos dimensiones: eliminar a un opositor político del gobierno y a un analista agudo y comentarista de prensa. Los escándalos de corrupción que envuelven a las élites son corrientes, así como los abusos de poder, fraude electoral y los negocios de venta de tierra a extranjeros, con el consecuente desplazamiento de los locales.
Este no es el primer crimen contra la libertad de expresión y contra la oposición. Sólo un par de ejemplos: en 2012, Mam Sonando, otro crítico constante del gobierno y propietario de una estación radial, fue condenado a 20 años de cárcel acusándolo de separatismo y de incitar a la violencia, cargos que fueron rechazados tanto por ONG de derechos humanos nacionales como internacionales. En octubre de 2015, dos parlamentarios de la oposición fueron golpeados por grupos leales al gobierno, entre los cuales estaban escoltas del primer ministro, como fue documentado por Human Rights Watch.
En Camboya, los asesinatos de abogados y de otros activistas de la oposición casi siempre terminan en impunidad. Amnistía Internacional ya había denunciado ese tipo de resultados. El gobierno condenó el crimen, prometió una exhaustiva investigación y ofreció sus condolencias. Tres lugares comunes que, en Camboya, nada dicen sobre la justicia esperada.
Hace menos de dos meses el primer ministro recordó a la prensa la forma en que debían referirse a él: “Glorioso, supremo primer ministro y todo poderoso comandante”, de obligatorio cumplimiento a partir de este mes.
Los informes internacionales de derechos humanos indican que en Camboya las torturas, los asesinatos, ataques a la libertad de expresión, condiciones indignas de trabajo (especialmente en el caso de mujeres) y restricciones a la protesta pacífica son pan de cada día.
Kem Ley era un ejemplo de esas nuevas voces, críticas con casi todos los partidos políticos, deseoso de crear movimientos sociales desde la base para cambiar Camboya, pero eso no es fácil cuando sus enemigos tienen el poder.