La anécdota surgió a raíz de una visita que en su primer mandato (1934-1938) hizo el presidente Alfonso López Pumarejo a la Alta Guajira. Se le había encargado al escritor indígena Glicerio Pana Uliana, entonces Corregidor de Laguna de Tucacas e Islotes de los Monjes, que reuniese a varios jefes tradicionales wayúu con el fin de que expusieran sus necesidades apremiantes al presidente López Pumarejo. Este llevó a la reunión una botella de un fino whisky escocés. Iniciado el encuentro, el Corregidor hizo poner de pie al más imponente de los jefes indígenas y dijo ante el auditorio: “señor presidente, el cacique tiene sed”. Ante esto el primer mandatario ordenó: “sírvale un trago de whisky señor corregidor”. Transcurrido un instante Glicerio Pana insistió “señor presidente, el cacique tiene sed”. “Sírvale otro trago”, expresó López Pumarejo. Pasado un minuto el Corregidor Pana reiteró la petición. Ya exasperado, el presidente exclamó: “entréguele toda la botella si es necesario. “Ese era el momento que el recursivo Corregidor esperaba para afirmar de manera solemne: “él no desea un trago de licor, señor presidente. Solo pide un sorbo de agua para su tierra sedienta”.
El mandatario comprendió el mensaje. Mantuvo siempre una decidida voluntad para encontrar una solución integral al problema del abastecimiento de agua en La Guajira. Esto incluyó traer expertos para el estudio de los recursos hídricos en ese territorio. Años después, en 1955, el presidente Rojas Pinilla, quien además de militar era ingeniero, creó a Proaguas, el ente encargado de habilitar pozos, jagüeyes y molinos de viento en La Guajira. Manejado de manera transparente y eficaz por el Banco de la República, y posteriormente por el IFI Concesión Salinas, dicha entidad habilitó, administró y mantuvo en operación estas soluciones no convencionales de agua durante casi 40 años. Esta provechosa experiencia institucional llegó a su fin por causa de la privatización de las salinas en Colombia en la década de los noventa. Su desaparición tuvo un impacto negativo en el bienestar y en la salud de la población indígena de ese departamento. Ello se reflejó especialmente en materia de mortalidad infantil por causas asociadas a la desnutrición, como lo registran los indicadores sociales.
Las inversiones actuales en materia de agua de los distintos niveles de gobiernos parecen obedecer a lógicas distintas y en ocasiones se perciben como acciones puntuales no articuladas. Hoy no existe una entidad encargada de liderar la gobernanza del agua en La Guajira. Solo funciona una empresa departamental de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo llamada Esepgua. Una auténtica gobernanza en este campo debe reconocer la prioridad del agua como elemento fundamental para la vida en procesos de coordinación y cooperación de distintos y diversos actores sociales, sectoriales e institucionales, públicos y privados que participen en su gestión integrada
Un proyecto de ley que cursa actualmente en el congreso de la república busca establecer medidas para garantizar el acceso al agua a todas las personas del departamento de La Guajira. Contempla también la creación de la entidad denominada Instituto de Provisión de Aguas de La Guajira-PROAGUAS. Dicho nombre es una vindicación histórica. Este tendrá la misión de articular, coordinar, gestionar, monitorear y ejecutar, de manera integral y transversal, con las entidades del orden nacional y territorial, las medidas para garantizar el acceso al recurso hídrico. Adicionalmente, promoverá la investigación científica sobre el agua y dará prioridad al consumo humano de las aguas que se encuentran en la represa del río Ranchería.
¿Quién puede oponerse a esta iniciativa?
Los actores políticos locales encargados históricamente de manejar la inversión pública. Aquellos que negocian con los individuos y las comunidades su elección en votaciones periódicas a cambio de dinero, ubicación laboral, recursos en especie o la focalización del gasto en determinadas obras de interés para sus clientelas como la habilitación de las fuentes de agua. Se oponen quienes aspiran a que el gobierno nacional actúe como un donante pasivo y acrítico de recursos públicos para fortalecer las redes clientelistas en las que se apoyan.
Son los mismos que han mantenido siempre a La Guajira, como al cacique de la anécdota, con una prolongada sed.
La anécdota surgió a raíz de una visita que en su primer mandato (1934-1938) hizo el presidente Alfonso López Pumarejo a la Alta Guajira. Se le había encargado al escritor indígena Glicerio Pana Uliana, entonces Corregidor de Laguna de Tucacas e Islotes de los Monjes, que reuniese a varios jefes tradicionales wayúu con el fin de que expusieran sus necesidades apremiantes al presidente López Pumarejo. Este llevó a la reunión una botella de un fino whisky escocés. Iniciado el encuentro, el Corregidor hizo poner de pie al más imponente de los jefes indígenas y dijo ante el auditorio: “señor presidente, el cacique tiene sed”. Ante esto el primer mandatario ordenó: “sírvale un trago de whisky señor corregidor”. Transcurrido un instante Glicerio Pana insistió “señor presidente, el cacique tiene sed”. “Sírvale otro trago”, expresó López Pumarejo. Pasado un minuto el Corregidor Pana reiteró la petición. Ya exasperado, el presidente exclamó: “entréguele toda la botella si es necesario. “Ese era el momento que el recursivo Corregidor esperaba para afirmar de manera solemne: “él no desea un trago de licor, señor presidente. Solo pide un sorbo de agua para su tierra sedienta”.
El mandatario comprendió el mensaje. Mantuvo siempre una decidida voluntad para encontrar una solución integral al problema del abastecimiento de agua en La Guajira. Esto incluyó traer expertos para el estudio de los recursos hídricos en ese territorio. Años después, en 1955, el presidente Rojas Pinilla, quien además de militar era ingeniero, creó a Proaguas, el ente encargado de habilitar pozos, jagüeyes y molinos de viento en La Guajira. Manejado de manera transparente y eficaz por el Banco de la República, y posteriormente por el IFI Concesión Salinas, dicha entidad habilitó, administró y mantuvo en operación estas soluciones no convencionales de agua durante casi 40 años. Esta provechosa experiencia institucional llegó a su fin por causa de la privatización de las salinas en Colombia en la década de los noventa. Su desaparición tuvo un impacto negativo en el bienestar y en la salud de la población indígena de ese departamento. Ello se reflejó especialmente en materia de mortalidad infantil por causas asociadas a la desnutrición, como lo registran los indicadores sociales.
Las inversiones actuales en materia de agua de los distintos niveles de gobiernos parecen obedecer a lógicas distintas y en ocasiones se perciben como acciones puntuales no articuladas. Hoy no existe una entidad encargada de liderar la gobernanza del agua en La Guajira. Solo funciona una empresa departamental de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo llamada Esepgua. Una auténtica gobernanza en este campo debe reconocer la prioridad del agua como elemento fundamental para la vida en procesos de coordinación y cooperación de distintos y diversos actores sociales, sectoriales e institucionales, públicos y privados que participen en su gestión integrada
Un proyecto de ley que cursa actualmente en el congreso de la república busca establecer medidas para garantizar el acceso al agua a todas las personas del departamento de La Guajira. Contempla también la creación de la entidad denominada Instituto de Provisión de Aguas de La Guajira-PROAGUAS. Dicho nombre es una vindicación histórica. Este tendrá la misión de articular, coordinar, gestionar, monitorear y ejecutar, de manera integral y transversal, con las entidades del orden nacional y territorial, las medidas para garantizar el acceso al recurso hídrico. Adicionalmente, promoverá la investigación científica sobre el agua y dará prioridad al consumo humano de las aguas que se encuentran en la represa del río Ranchería.
¿Quién puede oponerse a esta iniciativa?
Los actores políticos locales encargados históricamente de manejar la inversión pública. Aquellos que negocian con los individuos y las comunidades su elección en votaciones periódicas a cambio de dinero, ubicación laboral, recursos en especie o la focalización del gasto en determinadas obras de interés para sus clientelas como la habilitación de las fuentes de agua. Se oponen quienes aspiran a que el gobierno nacional actúe como un donante pasivo y acrítico de recursos públicos para fortalecer las redes clientelistas en las que se apoyan.
Son los mismos que han mantenido siempre a La Guajira, como al cacique de la anécdota, con una prolongada sed.