Los estudiosos de la historia de Colombia habrán advertido repetidas veces que los procesos de paz que diseña la dirigencia colombiana nunca traen la paz al país.
A veces logran un alivio momentáneo de las tensiones sociales, como en la amnistía a los guerrilleros liberales de los años 50, que fueron después traicionados; a veces crean la ilusión de un gran cambio histórico, que los meses se van encargando de atenuar, como en la reinserción del M-19; a veces desencadenan nuevas violencias, como los diálogos con las Farc en tiempos de Belisario Betancur, que produjeron el holocausto de la Unión Patriótica, o como los diálogos del Caguán, que intensificaron la violencia paramilitar.
Ello debería enseñarnos, no que la paz no es posible, sino que es compleja, y que requiere enfrentar en su profundidad las causas de la violencia y empeñarse en corregirlas. Mientras los esfuerzos sean parciales, es un error llamarlos la Paz, porque se generan unas expectativas que la realidad no tarda en disipar.
Hasta ahora la característica común de esos procesos es que siempre procuran señalar la responsabilidad de uno de los bandos: guerrilleros liberales, M-19, Farc, paramilitares, pero la dirigencia nacional siempre se absuelve a sí misma. Es más, siendo grandemente responsable de las condiciones que producen la violencia y que la prolongan, la dirigencia que formatea esos procesos siempre es la que juzga y la que perdona, o la que acusa y prohíbe el perdón.
Más que otras veces, ahora se ha llamado pomposamente paz al proceso de desarme y desmovilización de las Farc, aunque nadie ignora que es largo el camino que va de La Habana a una paz verdadera. Por varias razones: una, porque el conflicto con las Farc, siendo tan largo y tan costoso en vidas y en recursos, es apenas uno de los muchos conflictos que vive Colombia. Existen otras guerrillas, existe la violencia del narcotráfico, existen las bandas criminales, el nombre que ahora reciben los paramilitares al servicio del narcotráfico aliados con la delincuencia común, existen muchas formas activas del crimen organizado, múltiples formas de economía ilegal, algunas altamente depredadoras de la naturaleza, y un creciente fenómeno de corrupción que agrava el sentimiento de desamparo de las comunidades y su desencanto ante la política.
Como la naturaleza, la violencia colombiana le tiene horror al vacío, y en su caldo de cultivo no se puede hacer desaparecer a un actor violento sin que venga otro a reemplazarlo enseguida, a veces con mayor ferocidad. Las Farc, por ejemplo, eran crueles e implacables en su lógica de secuestros y asaltos, pero como necesitaban de los campesinos tenían que obrar como un escudo de protección para los pequeños cultivadores desamparados por el Estado, de modo que su desaparición, en el contexto de un Estado que tiene dificultades para reemplazarlos en sus funciones e incluso para garantizar su segura desmovilización, podría dejar a los cultivadores en manos de la violencia sin freno de las mafias.
Es el caso en que males más incontrolables reemplazan a los males conocidos: un proceso de paz tendría no solo que prever estas cosas sino que estar en capacidad de resolverlas, si no quiere obrar como el aprendiz de brujo que libera una fuerza y después no sabe cómo contenerla. Además, de algún modo habría que aprovechar esas fuerzas antes ilegales, que pueden volverse aliadas del Estado, para que contribuyan al avance de una mínima institucionalidad que le sirva a la gente sin violencia y con beneficios reales.
El diálogo reciente careció de un proyecto de juventudes en un país donde los jóvenes son la guerra. La prueba de que este es un conflicto parcial es que el diálogo se centró en asuntos agrarios siendo Colombia un país donde el 80 por ciento de la población está en las ciudades. Miles y miles de jóvenes sin oportunidades, sin educación, sin un horizonte de vida que les ofrezca dignidad y seguridad, tienen que venderse a la violencia porque sólo la violencia les brinda algún ingreso.
Quien esté interesado en la paz de Colombia tiene que considerar una estrategia de ingreso social que les brinde a los jóvenes la posibilidad de sobrevivir y capacitarse, cumpliendo tareas que fortalezcan su sentimiento de pertenencia a la sociedad y su compromiso con ella. En un momento de la historia en que el mundo entero requiere planes de reforestación, protección de la naturaleza, cambio de paradigmas en el modo de vivir y de consumir, recuperación de valores esenciales, solidaridad, acompañamiento de sectores vulnerables, liderazgo cultural y reinvención de los modelos de emulación social, es prioritario brindar a los jóvenes la oportunidad de protagonizar los cambios civilizados, para lograr incluso algo asombroso pero harto posible: que la proverbial abnegación de los jóvenes les permita ser ejemplares para una sociedad que nunca supo ser ejemplar con ellos.
(Leído el 28 de noviembre en el Coloquio Salida de la Violencia, Construcción de la Paz y Memoria Histórica, en la Casa de América Latina en París).
Los estudiosos de la historia de Colombia habrán advertido repetidas veces que los procesos de paz que diseña la dirigencia colombiana nunca traen la paz al país.
A veces logran un alivio momentáneo de las tensiones sociales, como en la amnistía a los guerrilleros liberales de los años 50, que fueron después traicionados; a veces crean la ilusión de un gran cambio histórico, que los meses se van encargando de atenuar, como en la reinserción del M-19; a veces desencadenan nuevas violencias, como los diálogos con las Farc en tiempos de Belisario Betancur, que produjeron el holocausto de la Unión Patriótica, o como los diálogos del Caguán, que intensificaron la violencia paramilitar.
Ello debería enseñarnos, no que la paz no es posible, sino que es compleja, y que requiere enfrentar en su profundidad las causas de la violencia y empeñarse en corregirlas. Mientras los esfuerzos sean parciales, es un error llamarlos la Paz, porque se generan unas expectativas que la realidad no tarda en disipar.
Hasta ahora la característica común de esos procesos es que siempre procuran señalar la responsabilidad de uno de los bandos: guerrilleros liberales, M-19, Farc, paramilitares, pero la dirigencia nacional siempre se absuelve a sí misma. Es más, siendo grandemente responsable de las condiciones que producen la violencia y que la prolongan, la dirigencia que formatea esos procesos siempre es la que juzga y la que perdona, o la que acusa y prohíbe el perdón.
Más que otras veces, ahora se ha llamado pomposamente paz al proceso de desarme y desmovilización de las Farc, aunque nadie ignora que es largo el camino que va de La Habana a una paz verdadera. Por varias razones: una, porque el conflicto con las Farc, siendo tan largo y tan costoso en vidas y en recursos, es apenas uno de los muchos conflictos que vive Colombia. Existen otras guerrillas, existe la violencia del narcotráfico, existen las bandas criminales, el nombre que ahora reciben los paramilitares al servicio del narcotráfico aliados con la delincuencia común, existen muchas formas activas del crimen organizado, múltiples formas de economía ilegal, algunas altamente depredadoras de la naturaleza, y un creciente fenómeno de corrupción que agrava el sentimiento de desamparo de las comunidades y su desencanto ante la política.
Como la naturaleza, la violencia colombiana le tiene horror al vacío, y en su caldo de cultivo no se puede hacer desaparecer a un actor violento sin que venga otro a reemplazarlo enseguida, a veces con mayor ferocidad. Las Farc, por ejemplo, eran crueles e implacables en su lógica de secuestros y asaltos, pero como necesitaban de los campesinos tenían que obrar como un escudo de protección para los pequeños cultivadores desamparados por el Estado, de modo que su desaparición, en el contexto de un Estado que tiene dificultades para reemplazarlos en sus funciones e incluso para garantizar su segura desmovilización, podría dejar a los cultivadores en manos de la violencia sin freno de las mafias.
Es el caso en que males más incontrolables reemplazan a los males conocidos: un proceso de paz tendría no solo que prever estas cosas sino que estar en capacidad de resolverlas, si no quiere obrar como el aprendiz de brujo que libera una fuerza y después no sabe cómo contenerla. Además, de algún modo habría que aprovechar esas fuerzas antes ilegales, que pueden volverse aliadas del Estado, para que contribuyan al avance de una mínima institucionalidad que le sirva a la gente sin violencia y con beneficios reales.
El diálogo reciente careció de un proyecto de juventudes en un país donde los jóvenes son la guerra. La prueba de que este es un conflicto parcial es que el diálogo se centró en asuntos agrarios siendo Colombia un país donde el 80 por ciento de la población está en las ciudades. Miles y miles de jóvenes sin oportunidades, sin educación, sin un horizonte de vida que les ofrezca dignidad y seguridad, tienen que venderse a la violencia porque sólo la violencia les brinda algún ingreso.
Quien esté interesado en la paz de Colombia tiene que considerar una estrategia de ingreso social que les brinde a los jóvenes la posibilidad de sobrevivir y capacitarse, cumpliendo tareas que fortalezcan su sentimiento de pertenencia a la sociedad y su compromiso con ella. En un momento de la historia en que el mundo entero requiere planes de reforestación, protección de la naturaleza, cambio de paradigmas en el modo de vivir y de consumir, recuperación de valores esenciales, solidaridad, acompañamiento de sectores vulnerables, liderazgo cultural y reinvención de los modelos de emulación social, es prioritario brindar a los jóvenes la oportunidad de protagonizar los cambios civilizados, para lograr incluso algo asombroso pero harto posible: que la proverbial abnegación de los jóvenes les permita ser ejemplares para una sociedad que nunca supo ser ejemplar con ellos.
(Leído el 28 de noviembre en el Coloquio Salida de la Violencia, Construcción de la Paz y Memoria Histórica, en la Casa de América Latina en París).