Lo primero que tendría que saber un gobernante es que Colombia es un país que requiere primeros auxilios. No se lo puede gobernar sin un plan de emergencia.
Hace 37 años, cuando asumió Belisario Betancur, ya los males acumulados estaban a punto de estallar, y estallaron. A las fragilidades de la naturaleza se añadían los conflictos agrarios; a las guerrillas urbanas, el crecimiento de las mafias; a los males de la pobreza, las primeras catástrofes del clima. El terremoto de Popayán, el crecimiento de las Farc, el auge del M-19 y su toma del Palacio de Justicia, el terror de los narcotraficantes, la miseria urbana, la delincuencia, la avalancha de Armero con sus 25.000 muertos llenaban los titulares de la época. Belisario apoyaba la cultura y escuchaba a la gente, pero los males eran muchos ya.
Con el gobierno siguiente, el de Virgilio Barco, cada uno de esos males se agrandó y tuvo efectos colaterales. Las guerrillas crecieron y el Estado, en vez de dar protección a los sectores amenazados, permitió la aparición de fuerzas paramilitares. García Márquez publicó entonces un reportaje alarmante sobre el crecer de verdaderos ejércitos ilegales financiados por dueños de la tierra, empresarios y traficantes. Algunos defendían a los sectores desprotegidos, otros eran los tentáculos del tráfico ilegal abriendo rutas. En esos años fue exterminado todo un partido político de oposición y fueron asesinados cuatro candidatos a la Presidencia. La guerra del narcotráfico arreciaba, y ni el presidente ni el país eran capaces de reaccionar.
El siguiente gobierno, el de César Gaviria, pareció enfrentar algunos males pero asombrosamente los agravó. Favoreciendo la desmovilización de unas guerrillas, agudizó el conflicto con las más grandes y antiguas; enfrentó a los narcotraficantes, pero impuso una apertura económica indiscriminada y sin planificación que debilitó la industria, abandonó la pequeña agricultura, puso al país a depender de las importaciones, y alentó el espejismo de que era posible proclamar una Constitución llena de garantías sociales sin modificar las eternas desigualdades, y acabando la economía fundada en el trabajo.
Al grito de “bienvenidos al futuro” se sacrificaron las pocas conquistas de la tradición. El Instituto de Mercadeo Agropecuario, el Banco Central Hipotecario, el Instituto de Fomento Industrial, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales, El Instituto Nacional de Construcciones Escolares, el Instituto de Fomento de Acueductos y Alcantarillados, que algo le habían ayudado al ciudadano, desaparecieron. De acuerdo con el catecismo neoliberal, los esfuerzos de un Estado protector de la familia y del trabajo fueron desmontados, para dejar al mundo a merced de las leyes del mercado, decisión que no fue benéfica ni siquiera en los países de gran dinamismo productivo, pero que en Colombia era suicida. Una vez más en nuestra historia, una suerte de “constitución para ángeles” enmascaraba una realidad sin oportunidades para la gente y sin autonomía nacional.
El gobierno siguiente, el de Ernesto Samper, quiso en vano moderar los peores efectos de la apertura, y estableció el Sisbén, el único beneficio en décadas para la salud de los pobres, pero al mismo tiempo vio crecer el poder de las mafias, el subempleo y el rebusque, la insurgencia y el paramilitarismo. El presidente, acusado de haber financiado su campaña con dineros del narcotráfico, pasó cuatro años contra las cuerdas, sin visa gringa y sin poder echar a andar su agenda, mientras por todas partes crecía la violencia.
Las Naciones Unidas le ofrecieron a Andrés Pastrana en 1998 la posibilidad de pacificar el país proponiendo a la ayuda internacional un Plan Marshall de reconstrucción del campo, con la guerrilla de las Farc, que ya tenía 30.000 hombres, dispuesta a colaborar en ese giro histórico, pero el presidente viajó a Washington con el borrador del Plan Marshall redactado en español por los colombianos y volvió al país con un Plan Colombia redactado en inglés por los Estados Unidos.
Una negociación entre dos bandos cada vez más recelosos vio arreciar la criminalidad de la guerrilla y de los paramilitares. El mapa del territorio se volvió a puntuar de masacres como en los años 50, proliferaban el secuestro y los retenes extorsivos, bandas de asesinos vendían seguridad en pueblos y ciudades bajo la amenaza de una guerrilla que hacía intransitables las carreteras e inaccesibles los campos, las cárceles eran escenarios de horror, y una sociedad acobardada se acostumbraba a vivir bajo el crimen.
En 2002 el país desesperado que había votado por la paz de Pastrana votó por la guerra de Uribe. Y Uribe libró su guerra, acorraló a la insurgencia, y se fortaleció sobre el oleaje de su proyecto de seguridad y del odio a la guerrilla. Pero ni la posterior paz de Uribe con los paramilitares ni la siguiente paz de Santos con las Farc trajeron la paz a Colombia, porque muchos males de igual urgencia seguían esperando solución. Los cientos de miles de jóvenes sin educación y sin oportunidades, que tienen que venderse al crimen, y que son el principal instrumento de la violencia, no fueron tenidos en cuenta.
Hoy Uribe se arrulla en la leyenda de que acabó con el paramilitarismo y debilitó a la guerrilla, y Santos se arrulla en la leyenda de que acabó con las Farc y trajo la paz, pero todos los otros males de Colombia siguen hirviendo en el caldero y no dan más espera. Un país sin alternativas para los campesinos abandonó al pequeño productor en manos de las mafias. La falta de una economía formal y de empleo para las mayorías dejó al país en manos de la droga. Una economía mafiosa contagió del estilo de los carteles a la política, a la justicia, a la salud, al comercio, al manejo de los recursos y al manejo del territorio.
Nadie puede llegar con la idea de gobernar al país como si fuera Suiza, fingiendo que hay orden empresarial, que hay comunidad formalizada, que hay salud, que hay educación, que por eso hay que prescindir de la política y dedicarse a la administración. Y esa es la ingenuidad nada inocente de Iván Duque: fingir que Colombia es un país sin conflictos, que para gobernarlo basta obedecer a los organismos internacionales, complacer a los poderes locales y tratar a las fuerzas populares como masas indisciplinadas.
Aquí se requiere, además de un generoso proyecto nacional de largo plazo, un múltiple y complejo plan de emergencia. Y el que no lo proponga con conocimiento, con firmeza, con claridad, pasará sus cuatro años improvisando, tratando de dialogar con el fuego incontrolable que arde en las calles.
Lo primero que tendría que saber un gobernante es que Colombia es un país que requiere primeros auxilios. No se lo puede gobernar sin un plan de emergencia.
Hace 37 años, cuando asumió Belisario Betancur, ya los males acumulados estaban a punto de estallar, y estallaron. A las fragilidades de la naturaleza se añadían los conflictos agrarios; a las guerrillas urbanas, el crecimiento de las mafias; a los males de la pobreza, las primeras catástrofes del clima. El terremoto de Popayán, el crecimiento de las Farc, el auge del M-19 y su toma del Palacio de Justicia, el terror de los narcotraficantes, la miseria urbana, la delincuencia, la avalancha de Armero con sus 25.000 muertos llenaban los titulares de la época. Belisario apoyaba la cultura y escuchaba a la gente, pero los males eran muchos ya.
Con el gobierno siguiente, el de Virgilio Barco, cada uno de esos males se agrandó y tuvo efectos colaterales. Las guerrillas crecieron y el Estado, en vez de dar protección a los sectores amenazados, permitió la aparición de fuerzas paramilitares. García Márquez publicó entonces un reportaje alarmante sobre el crecer de verdaderos ejércitos ilegales financiados por dueños de la tierra, empresarios y traficantes. Algunos defendían a los sectores desprotegidos, otros eran los tentáculos del tráfico ilegal abriendo rutas. En esos años fue exterminado todo un partido político de oposición y fueron asesinados cuatro candidatos a la Presidencia. La guerra del narcotráfico arreciaba, y ni el presidente ni el país eran capaces de reaccionar.
El siguiente gobierno, el de César Gaviria, pareció enfrentar algunos males pero asombrosamente los agravó. Favoreciendo la desmovilización de unas guerrillas, agudizó el conflicto con las más grandes y antiguas; enfrentó a los narcotraficantes, pero impuso una apertura económica indiscriminada y sin planificación que debilitó la industria, abandonó la pequeña agricultura, puso al país a depender de las importaciones, y alentó el espejismo de que era posible proclamar una Constitución llena de garantías sociales sin modificar las eternas desigualdades, y acabando la economía fundada en el trabajo.
Al grito de “bienvenidos al futuro” se sacrificaron las pocas conquistas de la tradición. El Instituto de Mercadeo Agropecuario, el Banco Central Hipotecario, el Instituto de Fomento Industrial, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales, El Instituto Nacional de Construcciones Escolares, el Instituto de Fomento de Acueductos y Alcantarillados, que algo le habían ayudado al ciudadano, desaparecieron. De acuerdo con el catecismo neoliberal, los esfuerzos de un Estado protector de la familia y del trabajo fueron desmontados, para dejar al mundo a merced de las leyes del mercado, decisión que no fue benéfica ni siquiera en los países de gran dinamismo productivo, pero que en Colombia era suicida. Una vez más en nuestra historia, una suerte de “constitución para ángeles” enmascaraba una realidad sin oportunidades para la gente y sin autonomía nacional.
El gobierno siguiente, el de Ernesto Samper, quiso en vano moderar los peores efectos de la apertura, y estableció el Sisbén, el único beneficio en décadas para la salud de los pobres, pero al mismo tiempo vio crecer el poder de las mafias, el subempleo y el rebusque, la insurgencia y el paramilitarismo. El presidente, acusado de haber financiado su campaña con dineros del narcotráfico, pasó cuatro años contra las cuerdas, sin visa gringa y sin poder echar a andar su agenda, mientras por todas partes crecía la violencia.
Las Naciones Unidas le ofrecieron a Andrés Pastrana en 1998 la posibilidad de pacificar el país proponiendo a la ayuda internacional un Plan Marshall de reconstrucción del campo, con la guerrilla de las Farc, que ya tenía 30.000 hombres, dispuesta a colaborar en ese giro histórico, pero el presidente viajó a Washington con el borrador del Plan Marshall redactado en español por los colombianos y volvió al país con un Plan Colombia redactado en inglés por los Estados Unidos.
Una negociación entre dos bandos cada vez más recelosos vio arreciar la criminalidad de la guerrilla y de los paramilitares. El mapa del territorio se volvió a puntuar de masacres como en los años 50, proliferaban el secuestro y los retenes extorsivos, bandas de asesinos vendían seguridad en pueblos y ciudades bajo la amenaza de una guerrilla que hacía intransitables las carreteras e inaccesibles los campos, las cárceles eran escenarios de horror, y una sociedad acobardada se acostumbraba a vivir bajo el crimen.
En 2002 el país desesperado que había votado por la paz de Pastrana votó por la guerra de Uribe. Y Uribe libró su guerra, acorraló a la insurgencia, y se fortaleció sobre el oleaje de su proyecto de seguridad y del odio a la guerrilla. Pero ni la posterior paz de Uribe con los paramilitares ni la siguiente paz de Santos con las Farc trajeron la paz a Colombia, porque muchos males de igual urgencia seguían esperando solución. Los cientos de miles de jóvenes sin educación y sin oportunidades, que tienen que venderse al crimen, y que son el principal instrumento de la violencia, no fueron tenidos en cuenta.
Hoy Uribe se arrulla en la leyenda de que acabó con el paramilitarismo y debilitó a la guerrilla, y Santos se arrulla en la leyenda de que acabó con las Farc y trajo la paz, pero todos los otros males de Colombia siguen hirviendo en el caldero y no dan más espera. Un país sin alternativas para los campesinos abandonó al pequeño productor en manos de las mafias. La falta de una economía formal y de empleo para las mayorías dejó al país en manos de la droga. Una economía mafiosa contagió del estilo de los carteles a la política, a la justicia, a la salud, al comercio, al manejo de los recursos y al manejo del territorio.
Nadie puede llegar con la idea de gobernar al país como si fuera Suiza, fingiendo que hay orden empresarial, que hay comunidad formalizada, que hay salud, que hay educación, que por eso hay que prescindir de la política y dedicarse a la administración. Y esa es la ingenuidad nada inocente de Iván Duque: fingir que Colombia es un país sin conflictos, que para gobernarlo basta obedecer a los organismos internacionales, complacer a los poderes locales y tratar a las fuerzas populares como masas indisciplinadas.
Aquí se requiere, además de un generoso proyecto nacional de largo plazo, un múltiple y complejo plan de emergencia. Y el que no lo proponga con conocimiento, con firmeza, con claridad, pasará sus cuatro años improvisando, tratando de dialogar con el fuego incontrolable que arde en las calles.