La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) inició un examen preliminar contra Colombia en el 2004 que se ha caracterizado por su dinámica. Al comenzar las conversaciones de paz en La Habana, estuvo atenta a su evolución, porque si de allí surgía algún instrumento que hiciera posible investigar y castigar los delitos cometidos en desarrollo del conflicto su intervención no haría falta. Por eso, una vez cerrado el diseño del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, el gobierno lo puso en conocimiento de la Fiscalía de la CPI; su opinión inicial fue favorable, pero advirtió que vigilaría de cerca su puesta en operación para asegurarse de que funcionara como estaba previsto.
Es decir, si bien el examen preliminar se mantuvo abierto, la atención de la Fiscalía se centró en comprobar si las instituciones creadas por el Acuerdo de Paz cumplían con el propósito de investigar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos cometidos durante el conflicto armado. Este giro en el enfoque de sus labores se explica porque la actuación de la CPI solo se justifica cuando la justicia nacional no cumple cabalmente con sus deberes. En su reciente visita a Colombia la Fiscalía de la CPI evaluó de manera positiva el trabajo del Sistema y, especialmente, el de la Jurisdicción Especial para la Paz. Esto quiere decir que, a su juicio, el diseño de justicia transicional que se le había mostrado en el 2016 está siendo llevado a la práctica de manera exitosa.
Así como la firma del acuerdo de paz llevó a que la Fiscalía de la CPI concentrara su atención en el análisis del funcionamiento del Sistema de Justicia Transicional que entonces se creó, la reciente comprobación de que el trabajo de la JEP avanza en la dirección correcta explica su anuncio de poner en marcha un nuevo modelo de supervisión en Colombia. Pero eso no quiere decir ni que ha dado por resueltos nuestros problemas de justicia en relación con esos crímenes ni que se olvidará de nosotros. Lo que ha dicho es que existe la posibilidad de cerrar esa indagación, pero que en todo caso se reserva la facultad de reconsiderar esa decisión. Eso significa que seguirá vigilando que el Sistema opere correctamente hasta aplicar las sanciones correspondientes y que también se asegurará de que su trabajo esté libre de interferencias orientadas a dificultarlo o impedirlo.
Para que no se reactive esa investigación, el gobierno se comprometió a garantizar el marco constitucional y legal del Sistema, a soportarlo presupuestalmente, a no interferir con sus actividades, a proteger la integridad de su personal judicial, de sus fiscales y de los comparecientes, a facilitar la cooperación con otras entidades estatales como la Fiscalía, a permitir que la CPI tenga acceso a los documentos que requiera y a participar con ella en reuniones anuales de verificación. Ante cualquier cambio significativo de esas circunstancias que pueda ser entendido como una obstaculización del sistema o un incorrecto funcionamiento de él, dice el acuerdo, la Fiscalía de la CPI reconsiderará su intervención complementaria en Colombia. Y ya no será un simple examen preliminar.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) inició un examen preliminar contra Colombia en el 2004 que se ha caracterizado por su dinámica. Al comenzar las conversaciones de paz en La Habana, estuvo atenta a su evolución, porque si de allí surgía algún instrumento que hiciera posible investigar y castigar los delitos cometidos en desarrollo del conflicto su intervención no haría falta. Por eso, una vez cerrado el diseño del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, el gobierno lo puso en conocimiento de la Fiscalía de la CPI; su opinión inicial fue favorable, pero advirtió que vigilaría de cerca su puesta en operación para asegurarse de que funcionara como estaba previsto.
Es decir, si bien el examen preliminar se mantuvo abierto, la atención de la Fiscalía se centró en comprobar si las instituciones creadas por el Acuerdo de Paz cumplían con el propósito de investigar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos cometidos durante el conflicto armado. Este giro en el enfoque de sus labores se explica porque la actuación de la CPI solo se justifica cuando la justicia nacional no cumple cabalmente con sus deberes. En su reciente visita a Colombia la Fiscalía de la CPI evaluó de manera positiva el trabajo del Sistema y, especialmente, el de la Jurisdicción Especial para la Paz. Esto quiere decir que, a su juicio, el diseño de justicia transicional que se le había mostrado en el 2016 está siendo llevado a la práctica de manera exitosa.
Así como la firma del acuerdo de paz llevó a que la Fiscalía de la CPI concentrara su atención en el análisis del funcionamiento del Sistema de Justicia Transicional que entonces se creó, la reciente comprobación de que el trabajo de la JEP avanza en la dirección correcta explica su anuncio de poner en marcha un nuevo modelo de supervisión en Colombia. Pero eso no quiere decir ni que ha dado por resueltos nuestros problemas de justicia en relación con esos crímenes ni que se olvidará de nosotros. Lo que ha dicho es que existe la posibilidad de cerrar esa indagación, pero que en todo caso se reserva la facultad de reconsiderar esa decisión. Eso significa que seguirá vigilando que el Sistema opere correctamente hasta aplicar las sanciones correspondientes y que también se asegurará de que su trabajo esté libre de interferencias orientadas a dificultarlo o impedirlo.
Para que no se reactive esa investigación, el gobierno se comprometió a garantizar el marco constitucional y legal del Sistema, a soportarlo presupuestalmente, a no interferir con sus actividades, a proteger la integridad de su personal judicial, de sus fiscales y de los comparecientes, a facilitar la cooperación con otras entidades estatales como la Fiscalía, a permitir que la CPI tenga acceso a los documentos que requiera y a participar con ella en reuniones anuales de verificación. Ante cualquier cambio significativo de esas circunstancias que pueda ser entendido como una obstaculización del sistema o un incorrecto funcionamiento de él, dice el acuerdo, la Fiscalía de la CPI reconsiderará su intervención complementaria en Colombia. Y ya no será un simple examen preliminar.