¿Comprar la hoja de coca resuelve el problema?

La idea de comprarle la hoja de coca a los campesinos de El Salado para acabar con el negocio ilícito en esa región encierra tantas complejidades que merece ser repensada.

Si en promedio los ingresos de quienes siembran coca no llegan al salario mínimo legal, ¿por qué tantas personas se dedican a esa actividad? Las razones son varias: los grupos al margen de la ley les llevan semillas e insumos a las fincas, allí mismo les recogen la producción, les sostienen el precio para que no dependa del volumen de la cosecha, no les cobran impuestos, les brindan protección y, cuando el negocio está a cargo de grupos armados como la guerrilla, les ayudan a resolver los conflictos que se presentan en la comunidad.

Es esa presencia y atención de algunas de sus necesidades básicas por parte de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico lo que persuade a muchos de las bondades de sembrar coca. Ese es el gran reto y el mayor inconveniente que ha tenido el programa de sustitución de cultivos; no se lo puede circunscribir al cambio de un producto ilícito por otro lícito, porque no es eso lo que marca la diferencia para quienes se dedican a esa labor. Lo que puede persuadirlos de migrar a la legalidad, es que el Estado les lleve vías de comunicación, que les permita acceder fácilmente a insumos y sacar sus productos a sitios de acopio, que les ofrezca una política de sustentación de precios, que les brinde opciones de educación, vivienda y servicios públicos, que les garantice acceso a entidades prestadoras de salud, que se comprometa con su seguridad y que ponga a su disposición mecanismos de solución de conflictos. En otras palabras, lo que esos territorios (cada vez más extensos) necesitan, es presencia integral del Estado.

Pagarles por cada cosecha acarrea diversos problemas: necesita una regulación legal que delimite con precisión los casos en los que la compra, transporte y almacenamiento de hoja de coca no serán delito; obliga a reglamentar la forma en que se va a manejar esa adquisición, lo cual plantea varios retos: ¿Habrá precios diferenciales dependiendo de la calidad? ¿Quién y cómo va a recoger lo que se compre y a disponer del producto? ¿Cómo evitar que durante ese proceso se desvíe hacia las organizaciones criminales? Desde el punto de vista del negocio, si el volumen de las compras estatales generara una disminución sensible de la oferta para los traficantes, impulsaría un alza en sus precios que beneficiaría a las organizaciones criminales y afectaría el presupuesto nacional.

Cuando campesinos de otras regiones vean que el Estado adquiere la hoja de coca a precios estables, tendrán la tentación de abandonar los cultivos tradicionales (sin precios de sustentación y dependientes de la calidad del producto) para dedicarse al menos complejo, más rentable y ahora legal de la coca. La presión social que puede generarse para que esa práctica se extienda a otros municipios sería insostenible para el Gobierno. Así, una idea repentina que parece atractiva y luce como una solución simple al problema de los cultivos ilícitos puede terminar por extenderlo a todo el territorio nacional.

La idea de comprarle la hoja de coca a los campesinos de El Salado para acabar con el negocio ilícito en esa región encierra tantas complejidades que merece ser repensada.

Si en promedio los ingresos de quienes siembran coca no llegan al salario mínimo legal, ¿por qué tantas personas se dedican a esa actividad? Las razones son varias: los grupos al margen de la ley les llevan semillas e insumos a las fincas, allí mismo les recogen la producción, les sostienen el precio para que no dependa del volumen de la cosecha, no les cobran impuestos, les brindan protección y, cuando el negocio está a cargo de grupos armados como la guerrilla, les ayudan a resolver los conflictos que se presentan en la comunidad.

Es esa presencia y atención de algunas de sus necesidades básicas por parte de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico lo que persuade a muchos de las bondades de sembrar coca. Ese es el gran reto y el mayor inconveniente que ha tenido el programa de sustitución de cultivos; no se lo puede circunscribir al cambio de un producto ilícito por otro lícito, porque no es eso lo que marca la diferencia para quienes se dedican a esa labor. Lo que puede persuadirlos de migrar a la legalidad, es que el Estado les lleve vías de comunicación, que les permita acceder fácilmente a insumos y sacar sus productos a sitios de acopio, que les ofrezca una política de sustentación de precios, que les brinde opciones de educación, vivienda y servicios públicos, que les garantice acceso a entidades prestadoras de salud, que se comprometa con su seguridad y que ponga a su disposición mecanismos de solución de conflictos. En otras palabras, lo que esos territorios (cada vez más extensos) necesitan, es presencia integral del Estado.

Pagarles por cada cosecha acarrea diversos problemas: necesita una regulación legal que delimite con precisión los casos en los que la compra, transporte y almacenamiento de hoja de coca no serán delito; obliga a reglamentar la forma en que se va a manejar esa adquisición, lo cual plantea varios retos: ¿Habrá precios diferenciales dependiendo de la calidad? ¿Quién y cómo va a recoger lo que se compre y a disponer del producto? ¿Cómo evitar que durante ese proceso se desvíe hacia las organizaciones criminales? Desde el punto de vista del negocio, si el volumen de las compras estatales generara una disminución sensible de la oferta para los traficantes, impulsaría un alza en sus precios que beneficiaría a las organizaciones criminales y afectaría el presupuesto nacional.

Cuando campesinos de otras regiones vean que el Estado adquiere la hoja de coca a precios estables, tendrán la tentación de abandonar los cultivos tradicionales (sin precios de sustentación y dependientes de la calidad del producto) para dedicarse al menos complejo, más rentable y ahora legal de la coca. La presión social que puede generarse para que esa práctica se extienda a otros municipios sería insostenible para el Gobierno. Así, una idea repentina que parece atractiva y luce como una solución simple al problema de los cultivos ilícitos puede terminar por extenderlo a todo el territorio nacional.