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                                                                                                                                El uso irracional del derecho penal

                                                                                                                                El fiscal general anunció que castigará con cárcel a quienes incumplan las disposiciones adoptadas para mitigar la expansión del COVID-19 o acaparen alimentos y elementos esenciales para la salud. Como esas conductas podrían encajar en los delitos de violación de medidas sanitarias, propagación de epidemia y acaparamiento, y todos ellos tienen una pena mínima de cuatro años de privación de la libertad, se trata de individuos a quienes legalmente se les debería imponer detención preventiva en centro carcelario y, en caso de ser condenados, tendrían que ir efectivamente a prisión.

                                                                                                                                PUBLICIDAD
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                                                                                                                                Read more!

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                                                                                                                                Mientras en Colombia se amenaza con llevar a la cárcel a estas personas, en Dinamarca una cadena de supermercados ha recurrido a otro mecanismo para controlar las compras excesivas de desinfectantes: mientras un frasco de ese producto tiene un valor de 5,50 euros, la segunda unidad tiene un costo de 134 euros. Establecer precios diferenciales dependiendo de la cantidad de productos que se compren es un buen ejemplo de maneras más eficaces de desestimular su incontrolada adquisición, sin involucrar innecesariamente el aparato judicial. Nos quejamos mucho de la congestión de los juzgados penales y del hacinamiento en nuestras cárceles, pero cada vez que surge un problema que afecta las relaciones sociales intentamos resolverlo a través de la aplicación del derecho penal, sin evaluar previamente otras formas de solución menos invasivas y, sobre todo, más eficientes.

                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                PUBLICIDAD
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                                                                                                                                Read more!

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                                                                                                                                Mientras en Colombia se amenaza con llevar a la cárcel a estas personas, en Dinamarca una cadena de supermercados ha recurrido a otro mecanismo para controlar las compras excesivas de desinfectantes: mientras un frasco de ese producto tiene un valor de 5,50 euros, la segunda unidad tiene un costo de 134 euros. Establecer precios diferenciales dependiendo de la cantidad de productos que se compren es un buen ejemplo de maneras más eficaces de desestimular su incontrolada adquisición, sin involucrar innecesariamente el aparato judicial. Nos quejamos mucho de la congestión de los juzgados penales y del hacinamiento en nuestras cárceles, pero cada vez que surge un problema que afecta las relaciones sociales intentamos resolverlo a través de la aplicación del derecho penal, sin evaluar previamente otras formas de solución menos invasivas y, sobre todo, más eficientes.

                                                                                                                                PUBLICIDAD

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