¿Es compatible la implementación del Acuerdo de Paz con la paz total?


En días pasados se hizo público que el espacio territorial de capacitación y reincorporación de Miravalle (Caquetá) tiene que reubicarse por problemas de seguridad; sus integrantes, antiguos guerrilleros de las FARC-EP, están dedicados al fomento del turismo (han llevado más de 3.000 visitantes a la zona) y tienen una escuela de rafting cuyos alumnos han participado en dos campeonatos mundiales, y acaban de conseguir el segundo puesto a nivel nacional que los habilita para tomar parte en los Panamericanos. Desafortunadamente no son los únicos que por amenazas se han visto forzados a buscar nuevos terrenos para desarrollar su proceso de reintegración: 10 de esos 24 espacios que se crearon en el país han tenido que hacer lo mismo por idénticas razones.

En días pasados se hizo público que el espacio territorial de capacitación y reincorporación de Miravalle (Caquetá) tiene que reubicarse por problemas de seguridad; sus integrantes, antiguos guerrilleros de las FARC-EP, están dedicados al fomento del turismo (han llevado más de 3.000 visitantes a la zona) y tienen una escuela de rafting cuyos alumnos han participado en dos campeonatos mundiales, y acaban de conseguir el segundo puesto a nivel nacional que los habilita para tomar parte en los Panamericanos. Desafortunadamente no son los únicos que por amenazas se han visto forzados a buscar nuevos terrenos para desarrollar su proceso de reintegración: 10 de esos 24 espacios que se crearon en el país han tenido que hacer lo mismo por idénticas razones.

El objetivo más general que debe procurar la búsqueda de una paz total es lograr que el Estado recupere el control del territorio, total o parcialmente usurpado por grupos al margen de la ley; no solo en lo militar (que es importante), sino también en cuanto a la posibilidad de garantizar efectivamente derechos como los atinentes a la salud, la educación, el trabajo, la seguridad y la justicia. Para avanzar en ese propósito es indispensable no abandonar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz de 2016 y que tienen que ver con algunas de las principales causas del conflicto: ampliar la participación política, poner en marcha una reforma rural integral y rediseñar la política de drogas.

La coordinada implementación de estos dos últimos puntos no se agota en la simple escrituración de tierras y reemplazo de plantas de coca por otras de comercio lícito; en uno y otro casos es indispensable que el Estado acompañe esas acciones con la construcción o mantenimiento de vías de acceso a esas regiones, el fomento de cooperativas que permitan ingresos estables a los campesinos, con una adecuada oferta constante de servicios públicos, vivienda, educación, acceso a la justicia y, por supuesto, de seguridad que, como ya señalé, son algunos de los presupuestos para tener control sobre el territorio.

La paz, entendida como la armónica convivencia en sociedad, más que una meta es el camino que conduce a ella; por eso no es tarea de un gobierno que por naturaleza es transitorio, sino del Estado que se caracteriza por su vocación de permanencia. Una vida en comunidad libre de fricciones no pasa de ser una utopía; lo importante es crear las condiciones para que esas discrepancias puedan ser solucionadas de manera eficiente mediante la reducción de la desigualdad, y la ampliación de la oferta de mecanismos formales y alternativos de solución de conflictos. Hace bien el presidente Petro al perseverar en armar el complejo rompecabezas de la paz total buscando salidas diferenciadas a las diversas manifestaciones de violencia que nos aquejan; cualquier resultado que consiga será valioso cuando deba entregarle la posta a quien le suceda para que continúe con el mismo empeño. Pero para lograrlo es importante no cejar en la implementación del Acuerdo suscrito en el 2016 entre el Estado y la antigua guerrilla de las FARC-EP.