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En septiembre de 2017 dos abogados penalistas acudieron a la cárcel La Picota con el pretexto de visitar al preso Enrique Joaquín Pardo Hasche, uno de los involucrados en el secuestro y asesinato del suegro del expresidente Andrés Pastrana Arango.
Su intención real no era reunirse con ese recluso, sino con el señor Juan Guillermo Monsalve Pineda, también confinado en esa misma prisión. Monsalve Pineda se encuentra detenido por paramilitarismo y es un testigo clave en el proceso en contra de los hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez por la supuesta conformación del Bloque Metro de las autodefensas. Esto porque es hijo de Oscar Monsalve, el mayordomo de la hacienda Guacharacas. (Ver Un vínculo innegable)
Según fuentes del mismo centro penitenciario, los prestigiosos abogados le dijeron al preso que venían en representación del mismo “presidente” y que querían ayudarle a salir de la prisión, ya fuera con recursos jurídicos, dinero o moviendo sus influencias.
Frente a esto Monsalve Pineda les preguntó a los abogados que querían a cambio de la ayuda y ellos le pidieron dos cosas muy básicas: 1. Que se retractara de sus declaraciones ante la Corte Suprema en contra de los Uribe Vélez y 2. que diera unas disculpas públicas al hoy senador del Centro Democrático señalando que todo lo que había dicho en su contra era falso.
Sencillito.
Monsalve Pineda les respondió a los abogados que lo iba a pensar y que necesitaba 15 días para dar una respuesta.
Inmediatamente salieron los penalistas, el preso contactó a su esposa, la señora Deyanira Gómez Sarmiento, y le contó de la visita que había tenido. Su esposa le dijo que reportara todo ante las autoridades de manera urgente.
Así lo hizo el señor Monsalve Pineda y, por consiguiente, la Corte Suprema respondió ante la acusación. Los investigadores que pusieron al tanto de esta situación le consiguieron un dispositivo, un reloj con cámara, para que el testigo pudiera grabar su siguiente reunión y probara todo lo que estaba diciendo.
En la segunda reunión, con uno de esos abogados, le fue reiterado a Monsalve Pineda su poder, incluso estableciéndole que lo podían meter a la JEP.
Todo está grabado.
En esa conversación el testigo les pidió que mejor se reunieran con su esposa que estaba en libertad y con quien podían hablar más tranquilamente, sin antes preguntarles a los abogados cómo podía estar seguro de que ellos venían en representación de Uribe Vélez.
Buena pregunta.
La grabación de esa conversación y el dispositivo están en manos de la Corte Suprema, en el despacho del magistrado José Luis Barceló Camacho.
Como lo había denunciado el periodista investigativo Gonzalo Guillén, el doctor Barceló anexó la evidencia técnica a la indagación preliminar en contra del senador Álvaro Uribe por los delitos de concierto para delinquir y homicidio, entre otros. (Ver Concierto para Delinquir)
Fuera de eso ordenó la interceptación judicial de los celulares de todos los involucrados en las reuniones y solicitó cooperación a una unidad de inteligencia internacional para la puesta en funcionamiento de una operación con interceptores en la esposa de Monsalve Pineda para su próxima reunión con los abogados.
Según las fuentes cercanas al caso, el magistrado Barceló recurrió a la cooperación internacional para prevenir que la investigación se alterara, puesto que en el pasado misteriosamente se borraron en la Fiscalía algunas de las grabaciones que registraban la voz del expresidente Uribe Velez en conversaciones interceptadas legalmente a otros investigados por la Corte.
Mientras el organismo internacional de inteligencia coordinaba la operación que involucraba a la señora Gómez Sarmiento para la siguiente reunión con los abogados, ocurrió algo más en la Picota.
Según cuentan las fuentes que conocen de la investigación, un presunto enviado del señor Álvaro Hernán Prada Artunduaga, representante a la Cámara por el Centro Democrático, fue a la cárcel Picota para reunirse con Monsalve y llevarle una supuesta razón “del presidente”.
Pocos días después se realizó la reunión de la señora Gómez Sarmiento, esposa del preso Monsalve Pineda, en la oficina de uno de los abogados. Gómez Sarmiento les hizo preguntas coordinadas por la investigación para dejar en el récord, que esto no era instigado por Monsalve Pineda ni por ella, y que fueron los abogados los que los buscaron a ellos por orden del expresidente Uribe Vélez.
La agencia internacional camufló varios dispositivos de grabación de audio a la señora Gómez Sarmiento y le dio la instrucción de terminar la reunión con los abogados abruptamente.
La esposa de Monsalve Pineda, siguiendo las instrucciones, se molestó con los abogados diciéndoles que todo era una trampa de ellos, con el fin de poder terminar la reunión como le habían sugerido.
El audio de esa reunión aguarda su momento en la Corte Suprema de Justicia.
Como consecuencia de esa reunión, la Corte Suprema pidió medidas cautelares de seguridad a la Unidad Nacional de Protección en beneficio de la señora Deyanira Gómez Sarmiento y el testigo Juan Guillermo Monsalve Pineda. (Ver Medidas Cautelares)
De la misma manera, el 9 de abril de 2018, la oficina del magistrado Barceló, emitió un oficio en el que pidió protección a la Fiscalía General de la Nación para el testigo y su esposa.
El documento de la Corte Suprema dice: “dentro de la investigación No. 54.110 que la Sala tramita en contra del doctor Álvaro Uribe Vélez por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y otros, el testimonio de Juan Guillermo Monsalve Pineda será importante, dado que, según se afirma, es conocedor directo de varios de los hechos de los que se derivarían tales imputaciones” (Ver Oficio número 13141)
Pese a esto, el 27 de abril de 2018, la señora Gómez Sarmiento fue atacada en Bogotá desde una motocicleta sin placas. Uno de los ocupantes de la moto se bajó y atacó el carro blindado de la Unidad Nacional de Protección en el que viajaba la mujer, afortunadamente, sin poder herirla. Eso sin mencionar los dos intentos de asesinato que le han hecho a Monsalve Pineda. (Ver El Siguiente)
Hoy en día, la señora Gómez Sarmiento y su familia se encuentran en asilo fuera del país gracias a las labores de la Corte Suprema. Como su vida se encuentra más protegida y segura, se puede contar esta historia.
El magistrado Barceló, que ha hecho hasta lo imposible por proteger a esas personas, aparentemente tiene en su oficina varias horas de grabaciones que implican a estos importantes abogados y al expresidente Álvaro Uribe Vélez en la presión, amenazas y persecución a este testigo y su familia para que cambie su testimonio.
Ahora bien, las mismas fuentes al interior de la Corte Suprema han expresado extrañeza ante la ausencia de órdenes de capturas y acciones judiciales en este proceso. Las hipótesis para que no se haya presentado la actuación implacable de la justicia son dos básicamente.
La primera es la coyuntura de elecciones. Ahora bien, las cortes no deben responder ante ninguna agenda o esperar un buen momento político para impartir justicia. No.
Y la segunda es por la entrada en vigencia de nueva regulación que permitiría segunda instancia en contra de los congresistas, lo cual dejaría la investigación, pese a todas las pruebas, en un limbo jurídico.
Lo claro es que la Corte Suprema no puede engavetar estas pruebas si las tiene, como tampoco puede asustarse ante las presiones o el descomunal poder del senador Uribe Vélez.
No tomar decisiones, sea por la razón que sea, es seguir dejando que se confeccione una realidad que no corresponde a la de los hechos y las pruebas que tiene la justicia en su poder.