Después de la extradición de los exjefes paramilitares a Estados Unidos en 2008 por orden del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se produjo un efecto inesperado en Colombia y fue la entrada de los carteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Los Zetas para controlar las zonas que quedaron desprotegidas.
Un reciente informe interno de la Defensoría del Pueblo confirma esta situación y establece que los tres carteles acordaron dividirse las zonas de cultivos de hoja de coca y las rutas internacionales de los narcóticos, lo cual generó un aumento desmedido en la producción para satisfacer la creciente demanda de los países industrializados del norte y de Asia.
No solo eso. Desde enero de 2017, el gobierno de Colombia tiene conocimiento de que ciudadanos mexicanos están llegando al país para dedicarse a actividades del narcotráfico.
Una carta de la entonces canciller, María Ángela Holguín, dirigida al también entonces director de Migración, Christian Kruger Sarmiento, demuestra el conocimiento del gobierno en la penetración de los intereses de los carteles mexicanos. (Ver Memorando)
Esto como respuesta a un escrito del 23 de enero de 2017 de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez a la Cancillería en la que estableció, según los sistemas misionales de información de la entidad, que en ese momento se desarrollaba una investigación con 102 asuntos que vinculaba a 103 personas de nacionalidad mexicana por hechos de narcotráfico. La actividad de los delegados de los carteles mexicanos en el país tuvo lugar entre los años 2014 y 2016, principalmente en los departamentos del Valle, Santander, Antioquia, Cundinamarca y “en la ciudad de Bogotá, este última, reportando un total de 40 asuntos”. (Ver Alerta)
El mero mero problema.
Pues bien, según las autoridades, los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación dominan el 80 por ciento de los cultivos ilícitos y la producción de base de coca y cocaína que sale del Catatumbo hacia diferentes destinos como el Caribe, México, Estados Unidos, Europa, Asia y África.
Según el informe de la Defensoría, esa misma organización ilegal de Sinaloa tiene hasta una oficina en el Puerto de Cartagena desde donde controlan “los envíos de mercancías ilegales hacia otros embarcaderos del Caribe y los embarques de droga provenientes de Barranquilla y Santa Marta”. (Ver Reporte)
Es más, gracias a inteligencia se puede concluir que entre 2008 y 2017 el Cartel de Sinaloa compró toda la cocaína que se fabricó en Antioquia y Córdoba por las alianzas que desarrollaron con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, banda criminal del narcotráfico.
Fuera de eso, se establece que el Cartel de Sinaloa financia grupos paramilitares que operan en los municipios antioqueños de Valdivia, Bello, Medellín, Caucasia, Tazará, Cáceres, El Bagre, Zaragoza y Nechí mientras que en el departamento de Córdoba son Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré.
Esto coincide con lo que denunció hace dos años el senador Gustavo Petro cuando dijo que “las nuevas fuerzas paramilitares que dominan el sur de Córdoba, la Mojana y el Golfo de Morrosquillo están articuladas al Cartel de Sinaloa de México. Son fuerzas dirigidas desde actores extranjeros y por tanto más bárbaras que el primer paramilitarismo”.
Un artículo de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) revela que en el Valle del Cauca también hay operación del Cartel de Sinaloa.
Jamundí se convirtió en el centro de disputa violenta entre carteles y grupos armados ilegales por su posición como corredor estratégico y centro de negociación para los grupos ilegales, al punto que desde hace alrededor de un año se instalaron los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco, quienes disputan el control de las rutas del narcotráfico con las disidencias de las Farc y el Eln, establece el informe de Pares. (Ver Alarma por violencia)
Pero, pese al conocimiento de lo que establece este informe, el tema no parece ser una prioridad de la agenda nacional. Hay que entender que al visibilizar que el surgimiento de los carteles mexicanos viene desde los vacíos que dejaron las organizaciones paramilitares al desmovilizarse y extraditarse y posteriormente el desarme de la guerrilla de las Farc, se cae un poco en el discurso de que el boom de la droga en Colombia se debe al proceso de paz.
Y hay otra pata de la mesa.
Al analizar la presencia de los carteles mexicanos en Colombia, no se puede dejar de incluir el tema del piloto colombiano Samuel David Niño Cataño, desaparecido el 24 de noviembre de 2019 en Guatemala durante el accidente de un bimotor que transportaba cocaína desde Colombia a México para el Cartel de Sinaloa.
Una investigación de La Nueva Prensa, publicada el 3 de agosto del 2020, demostró que Niño Cataño era oriundo de Villavicencio y hermano de Hernán Gómez Niño, dirigente llanero del Centro Democrático y excandidato a la Gobernación del Meta.
Fuera de eso, el piloto Niño Castaño había donado 20 millones de pesos a la campaña de 2018 que reeligió a Álvaro Uribe Vélez en el Senado y fue piloto de la campaña electoral de Iván Duque como varias fotografías de esa época lo demuestran. (Ver Piloto de confianza)
De todas estas cosas es mejor no hablar y, como dice el refrán mexicano, no hay que buscarle ruido al chicharrón.
@yohirakerman; akermancolumnista@gmail.com
Después de la extradición de los exjefes paramilitares a Estados Unidos en 2008 por orden del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se produjo un efecto inesperado en Colombia y fue la entrada de los carteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Los Zetas para controlar las zonas que quedaron desprotegidas.
Un reciente informe interno de la Defensoría del Pueblo confirma esta situación y establece que los tres carteles acordaron dividirse las zonas de cultivos de hoja de coca y las rutas internacionales de los narcóticos, lo cual generó un aumento desmedido en la producción para satisfacer la creciente demanda de los países industrializados del norte y de Asia.
No solo eso. Desde enero de 2017, el gobierno de Colombia tiene conocimiento de que ciudadanos mexicanos están llegando al país para dedicarse a actividades del narcotráfico.
Una carta de la entonces canciller, María Ángela Holguín, dirigida al también entonces director de Migración, Christian Kruger Sarmiento, demuestra el conocimiento del gobierno en la penetración de los intereses de los carteles mexicanos. (Ver Memorando)
Esto como respuesta a un escrito del 23 de enero de 2017 de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez a la Cancillería en la que estableció, según los sistemas misionales de información de la entidad, que en ese momento se desarrollaba una investigación con 102 asuntos que vinculaba a 103 personas de nacionalidad mexicana por hechos de narcotráfico. La actividad de los delegados de los carteles mexicanos en el país tuvo lugar entre los años 2014 y 2016, principalmente en los departamentos del Valle, Santander, Antioquia, Cundinamarca y “en la ciudad de Bogotá, este última, reportando un total de 40 asuntos”. (Ver Alerta)
El mero mero problema.
Pues bien, según las autoridades, los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación dominan el 80 por ciento de los cultivos ilícitos y la producción de base de coca y cocaína que sale del Catatumbo hacia diferentes destinos como el Caribe, México, Estados Unidos, Europa, Asia y África.
Según el informe de la Defensoría, esa misma organización ilegal de Sinaloa tiene hasta una oficina en el Puerto de Cartagena desde donde controlan “los envíos de mercancías ilegales hacia otros embarcaderos del Caribe y los embarques de droga provenientes de Barranquilla y Santa Marta”. (Ver Reporte)
Es más, gracias a inteligencia se puede concluir que entre 2008 y 2017 el Cartel de Sinaloa compró toda la cocaína que se fabricó en Antioquia y Córdoba por las alianzas que desarrollaron con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, banda criminal del narcotráfico.
Fuera de eso, se establece que el Cartel de Sinaloa financia grupos paramilitares que operan en los municipios antioqueños de Valdivia, Bello, Medellín, Caucasia, Tazará, Cáceres, El Bagre, Zaragoza y Nechí mientras que en el departamento de Córdoba son Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré.
Esto coincide con lo que denunció hace dos años el senador Gustavo Petro cuando dijo que “las nuevas fuerzas paramilitares que dominan el sur de Córdoba, la Mojana y el Golfo de Morrosquillo están articuladas al Cartel de Sinaloa de México. Son fuerzas dirigidas desde actores extranjeros y por tanto más bárbaras que el primer paramilitarismo”.
Un artículo de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) revela que en el Valle del Cauca también hay operación del Cartel de Sinaloa.
Jamundí se convirtió en el centro de disputa violenta entre carteles y grupos armados ilegales por su posición como corredor estratégico y centro de negociación para los grupos ilegales, al punto que desde hace alrededor de un año se instalaron los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco, quienes disputan el control de las rutas del narcotráfico con las disidencias de las Farc y el Eln, establece el informe de Pares. (Ver Alarma por violencia)
Pero, pese al conocimiento de lo que establece este informe, el tema no parece ser una prioridad de la agenda nacional. Hay que entender que al visibilizar que el surgimiento de los carteles mexicanos viene desde los vacíos que dejaron las organizaciones paramilitares al desmovilizarse y extraditarse y posteriormente el desarme de la guerrilla de las Farc, se cae un poco en el discurso de que el boom de la droga en Colombia se debe al proceso de paz.
Y hay otra pata de la mesa.
Al analizar la presencia de los carteles mexicanos en Colombia, no se puede dejar de incluir el tema del piloto colombiano Samuel David Niño Cataño, desaparecido el 24 de noviembre de 2019 en Guatemala durante el accidente de un bimotor que transportaba cocaína desde Colombia a México para el Cartel de Sinaloa.
Una investigación de La Nueva Prensa, publicada el 3 de agosto del 2020, demostró que Niño Cataño era oriundo de Villavicencio y hermano de Hernán Gómez Niño, dirigente llanero del Centro Democrático y excandidato a la Gobernación del Meta.
Fuera de eso, el piloto Niño Castaño había donado 20 millones de pesos a la campaña de 2018 que reeligió a Álvaro Uribe Vélez en el Senado y fue piloto de la campaña electoral de Iván Duque como varias fotografías de esa época lo demuestran. (Ver Piloto de confianza)
De todas estas cosas es mejor no hablar y, como dice el refrán mexicano, no hay que buscarle ruido al chicharrón.
@yohirakerman; akermancolumnista@gmail.com