Siguiendo mi columna del domingo pasado, titulada “Relaciones que matan”, el abogado Rafael Nieto Loaiza respondió estableciendo que era una calumnia e invitándome a rectificar. Acá va mi respuesta, que no es una rectificación sino, por el contrario, una ratificación de mis planteamientos.
Dice el abogado Nieto que cuando establezco en mi columna que él “habría estado involucrado en una operación de inteligencia y propaganda negra para crear un colectivo falso de abogados que tenía la misión de infiltrar y suplantar a organizaciones defensoras de derechos humanos”, es una “afirmación falsa de la A a la Z”.
Nieto dice que la acusación la hago con base en “un papel, identificado como el folio 179, de un cuaderno que supuestamente se habría encontrado en los archivos del DAS”.
Pues vamos por partes.
No se trata de un papel identificado como el folio 179. No. Se trata de 609 documentos, de los cuales hace parte la página 179, que describen varias operaciones de inteligencia irregular en la que aparece mencionado Rafael Nieto como “núcleo de apoyo directo” al lado del criminal José Miguel Narváez.
Los documentos fueron encontrados en abril de 2009 cuando la Fiscalía allanó la sede del DAS tras el rastro del G3, un brazo criminal de Inteligencia del DAS creado por José Miguel Narváez para hacer seguimientos ilegales e interceptaciones contra opositores del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, defensores de derechos humanos, periodistas independientes y magistrados de las altas cortes.
Cuando la Fiscalía allanó el DAS, encontró una carpeta sobre estos hechos identificada como “A.Z. 53”. La carpeta está dividida en dos partes; la primera tiene 304 folios y la segunda tiene 305, para un total de 609 documentos. Estos describen las operaciones del G3 -brazo criminal del DAS- llevadas a cabo entre los años 2004 y 2005.
Como núcleo de apoyo indirecto, se menciona a los Servicios de Inteligencia de Costa Rica y al DAS-DGI. Es decir, el Departamento Administrativo de Seguridad y Dirección General Inteligencia.
No estaban precisamente buscando café, parafraseando la infame frase del expresidente Uribe.
Los 609 documentos, que están en mi poder, están rotulados con las palabras “Secreto y reservado”. En ellos aparecen varios elementos descriptivos, unos rutinarios y públicos, como la composición para la época de los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, con sus fotografías.
Pero los documentos contienen otros elementos más difíciles de explicar como, por ejemplo, correos electrónicos de miembros del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y reportes de seguimiento en su contra.
Los documentos también describen operaciones para desprestigiar en el extranjero a esa entidad, junto a otras ONG dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos como la Comisión Colombiana de Juristas, Reiniciar, Corporación Jurídica Libertad, Corporación Humanidad Vigente y Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, y cómo solicitaban información financiera y registro de movimientos migratorios de personas de interés.
En ese mismo sentido, existen en esa carpeta informes secretos de inteligencia sobre esas ONG colombianas que han denunciado al Estado colombiano en el exterior por violaciones a los derechos humanos. Hay un resumen de los casos que se deben controvertir, para un total de 38 procesos para la operación, en los que figuran la masacre de Mapiripán, la masacre de El Aro, el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo, el caso La Rochela, el exterminio de la Unión Patriótica y el caso de Wilson Borja.
De acuerdo con los documentos del G3 del DAS, estas organizaciones realizaban una guerra jurídica contra el Estado colombiano. Se pusieron en marcha estas operaciones para desprestigiar la credibilidad de los defensores de derechos humanos que llevaban estos casos en Washington y Costa Rica.
En el folio 7 de la carpeta uno, hay una anotación que llama la atención, que reza: “NOTA: Lo anterior con el propósito de consolidar un informe dirigido a la Presidencia de la República, en el cual se generen alertas tempranas”.
El presidente del momento era el señor Álvaro Uribe Vélez quien, justamente, está hoy investigado por los casos de la masacre de El Aro y el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo, crímenes declarados como de lesa humanidad por la Corte Suprema de Justicia en 2018.
Terminemos.
El argumento del abogado Nieto es que: “si Akerman fuera serio, hubiera podido constatar, que no existen ni el Colectivo de Abogados Simón Bolívar ni ninguna otra organización que con otro nombre tenga el propósito del que habla el papel citado. Y, por supuesto, no hay forma de que yo haga parte de manera alguna de esa organización inexistente”.
Frente a esto, el folio 176 de la carpeta 53 de 2004, memorando del G3 que se encontraba en el DAS y fue encontrado por la Fiscalía, da una descripción detallada de la organización fachada. Se lee que el Colectivo de Abogados Simón Bolívar sería presentado como una “Organización no gubernamental de derechos humanos que integra la solidaridad latinoamericana en torno al respeto a los principios fundamentales de tod@s I@s habitantes hispanos de nuestro continente, con sede central en San José (Costa Rica) si bien cuenta con asociaciones élites que contribuyen a su misión en Colombia, como la Corporación Verdad y Justicia y el Servicio Colombiano de Información y Estadística para la Prevención de Conflictos”.
Estas dos últimas organizaciones también fueron fachadas del DAS en Colombia y desde ellas se realizaron campañas de desprestigio contra defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y miembros de la oposición. En el expediente también hay numerosa documentación respecto a esas falsas ONG.
Creo entonces que la rectificación que quiere el abogado Nieto Loaiza no me la debe solicitar a mí, sino que se la debe pedir al G3, oscura entidad creada y dirigida por el condenado asesino José Miguel Narváez.
Si todas las afirmaciones aquí expuestas son falsas de la A a la Z -como dice el abogado Rafael Nieto- estas parten de los documentos creados por ese grupo clandestino y que fueron incluidos en una carpeta titulada, coincidencialmente, “A.Z. 53”, la cual contiene su nombre en calidad de: “núcleo de apoyo directo”. Así de claro y así de sencillo.
Siguiendo mi columna del domingo pasado, titulada “Relaciones que matan”, el abogado Rafael Nieto Loaiza respondió estableciendo que era una calumnia e invitándome a rectificar. Acá va mi respuesta, que no es una rectificación sino, por el contrario, una ratificación de mis planteamientos.
Dice el abogado Nieto que cuando establezco en mi columna que él “habría estado involucrado en una operación de inteligencia y propaganda negra para crear un colectivo falso de abogados que tenía la misión de infiltrar y suplantar a organizaciones defensoras de derechos humanos”, es una “afirmación falsa de la A a la Z”.
Nieto dice que la acusación la hago con base en “un papel, identificado como el folio 179, de un cuaderno que supuestamente se habría encontrado en los archivos del DAS”.
Pues vamos por partes.
No se trata de un papel identificado como el folio 179. No. Se trata de 609 documentos, de los cuales hace parte la página 179, que describen varias operaciones de inteligencia irregular en la que aparece mencionado Rafael Nieto como “núcleo de apoyo directo” al lado del criminal José Miguel Narváez.
Los documentos fueron encontrados en abril de 2009 cuando la Fiscalía allanó la sede del DAS tras el rastro del G3, un brazo criminal de Inteligencia del DAS creado por José Miguel Narváez para hacer seguimientos ilegales e interceptaciones contra opositores del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, defensores de derechos humanos, periodistas independientes y magistrados de las altas cortes.
Cuando la Fiscalía allanó el DAS, encontró una carpeta sobre estos hechos identificada como “A.Z. 53”. La carpeta está dividida en dos partes; la primera tiene 304 folios y la segunda tiene 305, para un total de 609 documentos. Estos describen las operaciones del G3 -brazo criminal del DAS- llevadas a cabo entre los años 2004 y 2005.
Como núcleo de apoyo indirecto, se menciona a los Servicios de Inteligencia de Costa Rica y al DAS-DGI. Es decir, el Departamento Administrativo de Seguridad y Dirección General Inteligencia.
No estaban precisamente buscando café, parafraseando la infame frase del expresidente Uribe.
Los 609 documentos, que están en mi poder, están rotulados con las palabras “Secreto y reservado”. En ellos aparecen varios elementos descriptivos, unos rutinarios y públicos, como la composición para la época de los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, con sus fotografías.
Pero los documentos contienen otros elementos más difíciles de explicar como, por ejemplo, correos electrónicos de miembros del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y reportes de seguimiento en su contra.
Los documentos también describen operaciones para desprestigiar en el extranjero a esa entidad, junto a otras ONG dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos como la Comisión Colombiana de Juristas, Reiniciar, Corporación Jurídica Libertad, Corporación Humanidad Vigente y Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, y cómo solicitaban información financiera y registro de movimientos migratorios de personas de interés.
En ese mismo sentido, existen en esa carpeta informes secretos de inteligencia sobre esas ONG colombianas que han denunciado al Estado colombiano en el exterior por violaciones a los derechos humanos. Hay un resumen de los casos que se deben controvertir, para un total de 38 procesos para la operación, en los que figuran la masacre de Mapiripán, la masacre de El Aro, el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo, el caso La Rochela, el exterminio de la Unión Patriótica y el caso de Wilson Borja.
De acuerdo con los documentos del G3 del DAS, estas organizaciones realizaban una guerra jurídica contra el Estado colombiano. Se pusieron en marcha estas operaciones para desprestigiar la credibilidad de los defensores de derechos humanos que llevaban estos casos en Washington y Costa Rica.
En el folio 7 de la carpeta uno, hay una anotación que llama la atención, que reza: “NOTA: Lo anterior con el propósito de consolidar un informe dirigido a la Presidencia de la República, en el cual se generen alertas tempranas”.
El presidente del momento era el señor Álvaro Uribe Vélez quien, justamente, está hoy investigado por los casos de la masacre de El Aro y el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo, crímenes declarados como de lesa humanidad por la Corte Suprema de Justicia en 2018.
Terminemos.
El argumento del abogado Nieto es que: “si Akerman fuera serio, hubiera podido constatar, que no existen ni el Colectivo de Abogados Simón Bolívar ni ninguna otra organización que con otro nombre tenga el propósito del que habla el papel citado. Y, por supuesto, no hay forma de que yo haga parte de manera alguna de esa organización inexistente”.
Frente a esto, el folio 176 de la carpeta 53 de 2004, memorando del G3 que se encontraba en el DAS y fue encontrado por la Fiscalía, da una descripción detallada de la organización fachada. Se lee que el Colectivo de Abogados Simón Bolívar sería presentado como una “Organización no gubernamental de derechos humanos que integra la solidaridad latinoamericana en torno al respeto a los principios fundamentales de tod@s I@s habitantes hispanos de nuestro continente, con sede central en San José (Costa Rica) si bien cuenta con asociaciones élites que contribuyen a su misión en Colombia, como la Corporación Verdad y Justicia y el Servicio Colombiano de Información y Estadística para la Prevención de Conflictos”.
Estas dos últimas organizaciones también fueron fachadas del DAS en Colombia y desde ellas se realizaron campañas de desprestigio contra defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y miembros de la oposición. En el expediente también hay numerosa documentación respecto a esas falsas ONG.
Creo entonces que la rectificación que quiere el abogado Nieto Loaiza no me la debe solicitar a mí, sino que se la debe pedir al G3, oscura entidad creada y dirigida por el condenado asesino José Miguel Narváez.
Si todas las afirmaciones aquí expuestas son falsas de la A a la Z -como dice el abogado Rafael Nieto- estas parten de los documentos creados por ese grupo clandestino y que fueron incluidos en una carpeta titulada, coincidencialmente, “A.Z. 53”, la cual contiene su nombre en calidad de: “núcleo de apoyo directo”. Así de claro y así de sencillo.