El funcionario encargado de sepultar las investigaciones del uribismo dentro de la Fiscalía General de la Nación se llama Gabriel Ramón Jaimes Durán. Y existe un caso que demuestra que lo viene haciendo desde hace más de 10 años, cuando estaba en la Procuraduría.
Me explico.
La justicia cojea, pero llega, dice el refrán. Y solamente 13 años se demoró en llegar en el caso de las “chuzadas” del DAS. Una cojeada dura, ya que en primer fallo habían declarado inocentes a los exsecretarios del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Pero la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, condenó a 63 meses de cárcel al exsecretario jurídico de Presidencia, Edmundo del Castillo, y al exsecretario de Prensa, César Mauricio Velásquez, por el delito de concierto para delinquir. Ahora bien, el senador José Obdulio Gaviria Vélez, partícipe en los mismos hechos, continúa en la impunidad.
Dagoberto Hernández, magistrado del Tribunal, explicó que el juez de primera instancia tuvo argumentaciones insuficientes para declararlos inocentes, pues en realidad se puede constatar que existió toda una organización criminal para escarbar información privilegiada y usarla en contra de los magistrados de la Corte Suprema.
También encontraron que existió una actividad ilegal que involucró a Del Castillo y a Velásquez para enlodar el nombre de la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina, conocida por confesar que entregó su voto para la reelección presidencial de Álvaro Uribe de 2006 a cambio de prebendas y beneficios.
Como hemos revelado en esta columna, para entender ese macabro plan fraguado en la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, lo mejor es hacer una bitácora de la penúltima semana de abril de 2008. Una de las más difíciles que vivió el entonces presidente en sus ocho años de gobierno.
En esos días se realizaron varias reuniones por las que hay gente condenada y se cometieron hechos que involucran a los exsecretarios de la Presidencia en tres episodios del escándalo de escuchas ilegales, conocido como las “chuzadas”.
Tal y como lo documenta el libro ChuzaDAS: ocho años de espionaje y barbarie, del periodista Julián Martínez, lo que sucedió en la Casa de Nariño en esas fechas comprueba la asociación criminal que se tejió entre la Presidencia de la República, la organización narcoparamilitar denominada la Oficina de Envigado, el extinto DAS y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda.
Todo empezó un domingo.
El 20 de abril de 2008, el informativo de televisión Noticias Uno, que para la época dirigía el periodista Daniel Coronell, reveló el testimonio de la excongresista Yidis Medina, grabado en agosto de 2004. En ese testimonio, Medina aseguró que el gobierno de Álvaro Uribe le compró su voto para el trámite legislativo que permitió su reelección en 2006.
Desde ese día, en la Casa de Nariño comenzaron a elaborar una intensa campaña difamatoria contra Daniel Coronell y Yidis Medina, con el objetivo de quitarle credibilidad a la revelación de Noticias Uno y a la versión de la exrepresentante a la Cámara.
Producto de la investigación de Coronell, no sólo fue condenada por cohecho Yidis Medina, sino también Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio, exministros del gobierno de Uribe.
Los informes sobre las declaraciones de Yidis Medina, realizados por el extinto DAS, eran recibidos por César Mauricio Velásquez. Así lo muestra un documento hasta ahora inédito, con fecha del 24 de abril de 2008 y radicado B3-71837-1, encontrado en un allanamiento al DAS.
El lunes, la entonces directora del DAS coordinó una reunión entre César Mauricio Velásquez y el capitán Jorge Alberto Lagos, subdirector de Contrainteligencia del DAS, para entregarle información confidencial obtenida sobre un viaje de los magistrados de la Corte Suprema a Neiva en 2006, con el propósito de vincularlos, falsamente, con un escándalo de narcotráfico. Lagos fue a la Casa de Nariño, se encontró con Velásquez y le entregó información, pues se sabía que la Corte iba a arrestar al primo del presidente, Mario Uribe Escobar, en cualquier momento.
Según documentos del DAS, cuando Lagos se reunió con Velásquez a las 3:00 p.m. y le contó sobre el viaje de Neiva, el secretario de Prensa de Presidencia llamó al entonces asesor presidencial José Obdulio Gaviria para que hiciera presencia en el lugar. Una vez allí, se sentaron los tres a socializar los hallazgos que había obtenido Contrainteligencia del DAS sobre el tema. Según el capitán Lagos, Gaviria y Velásquez solicitaron tener copia de los documentos obtenidos de manera ilegal.
Al día siguiente capturaron al senador Mario Uribe, quien intentó fugarse del país solicitando asilo político en la Embajada de Costa Rica. Mario Uribe fue enviado a prisión por sus nexos con grupos paramilitares.
El miércoles 23 de abril, a las 6:30 p.m., ingresaron por el sótano de la Casa de Nariño, con autorización del jefe de Estado, las siguientes personas: Severo Antonio López Jiménez, alias Job, vocero de los paramilitares; Diego Álvarez, abogado de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, jefe máximo de la Oficina de Envigado; el exgobernador del Cauca Juan José Chaux Mosquera, condenado por sus vínculos con las autodefensas, y el lobista Óscar Iván Palacio. Lo hicieron para reunirse con Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez, personas de confianza de Álvaro Uribe.
Los representantes de los paramilitares mostraron unas grabaciones con las que pretendían ensuciar al magistrado Iván Velásquez y, de esta manera, ayudar a Presidencia a desprestigiar los procesos por parapolítica. A cambio, la tarea de alias Job y del abogado de Don Berna era convencer a los secretarios de Uribe para que el primer mandatario no firmara la extradición del jefe de la Oficina de Envigado.
Como se ha documentado en esta columna anteriormente, el director de Inteligencia del DAS, Fernando Tabares, aseguró ante la Fiscalía que lo importante del encuentro entre paramilitares y los secretarios del presidente fue que la intención de dicha reunión era afectar al magistrado Iván Velásquez.
Fue el mismo César Mauricio Velásquez, según los relatos de los testigos, el encargado de visitar la UIAF para recoger pruebas ilegales de las cuentas bancarias de los magistrados de la Corte. Es decir, no solo los chuzaron, sino que también espiaron su vida económica. Todo, por investigar al primo del presidente Uribe y la parapolítica.
Al final de esa semana, César Mauricio Velásquez filtró la información de inteligencia obtenida de forma ilegal, puesto que no existía orden judicial, sobre los movimientos de los magistrados en la reunión que tuvieron en Neiva en 2006, con el propósito de vincularlos falsamente con narcotráfico.
Ahora bien, una cosa llama la atención. Pese a toda la evidencia sobre estas reuniones y el plan de espionaje a los exmagistrados Yesid Ramírez Bastidas, César Julio Valencia Copete e Iván Velásquez, Alejandro Ordóñez, como procurador General, absolvió a César Mauricio Velásquez en el 2009 y a Edmundo del Castillo en el 2012.
Cada uno en su respectivo momento, Velásquez en 2009 y Del Castillo en 2012, salió con el fallo del Ministerio Público a atacar la investigación penal, estableciendo que su absolución por parte de la Procuraduría demostraba su inocencia.
Pero se les olvido un datico que ahora da mayor perspectiva. El encargado de enterrar sus casos en la Procuraduría fue nada más ni nada menos que el señor Gabriel Ramón Jaimes Durán, en ese momento comisionado de la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales.
Así como se oye.
Ese funcionario, que ignoró todas las pruebas que ahora tomó el Tribunal Superior de Bogotá para declarar culpables a César Mauricio Velásquez y a Edmundo del Castillo, es el mismo que hoy en día, como fiscal, está pidiendo precluir el caso de soborno a testigos y fraude procesal a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Una situación que demuestra que el señor Jaimes Durán viene siendo el cancerbero del equipo uribista hace más de 10 años y uno de los funcionarios que convirtió la Fiscalía General de la Nación, junto con Francisco Barbosa, en escampadero de congresistas con problemas legales investigados por la Corte Suprema de Justicia. Pero esta vez se metió un autogol.
El funcionario encargado de sepultar las investigaciones del uribismo dentro de la Fiscalía General de la Nación se llama Gabriel Ramón Jaimes Durán. Y existe un caso que demuestra que lo viene haciendo desde hace más de 10 años, cuando estaba en la Procuraduría.
Me explico.
La justicia cojea, pero llega, dice el refrán. Y solamente 13 años se demoró en llegar en el caso de las “chuzadas” del DAS. Una cojeada dura, ya que en primer fallo habían declarado inocentes a los exsecretarios del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Pero la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, condenó a 63 meses de cárcel al exsecretario jurídico de Presidencia, Edmundo del Castillo, y al exsecretario de Prensa, César Mauricio Velásquez, por el delito de concierto para delinquir. Ahora bien, el senador José Obdulio Gaviria Vélez, partícipe en los mismos hechos, continúa en la impunidad.
Dagoberto Hernández, magistrado del Tribunal, explicó que el juez de primera instancia tuvo argumentaciones insuficientes para declararlos inocentes, pues en realidad se puede constatar que existió toda una organización criminal para escarbar información privilegiada y usarla en contra de los magistrados de la Corte Suprema.
También encontraron que existió una actividad ilegal que involucró a Del Castillo y a Velásquez para enlodar el nombre de la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina, conocida por confesar que entregó su voto para la reelección presidencial de Álvaro Uribe de 2006 a cambio de prebendas y beneficios.
Como hemos revelado en esta columna, para entender ese macabro plan fraguado en la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, lo mejor es hacer una bitácora de la penúltima semana de abril de 2008. Una de las más difíciles que vivió el entonces presidente en sus ocho años de gobierno.
En esos días se realizaron varias reuniones por las que hay gente condenada y se cometieron hechos que involucran a los exsecretarios de la Presidencia en tres episodios del escándalo de escuchas ilegales, conocido como las “chuzadas”.
Tal y como lo documenta el libro ChuzaDAS: ocho años de espionaje y barbarie, del periodista Julián Martínez, lo que sucedió en la Casa de Nariño en esas fechas comprueba la asociación criminal que se tejió entre la Presidencia de la República, la organización narcoparamilitar denominada la Oficina de Envigado, el extinto DAS y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda.
Todo empezó un domingo.
El 20 de abril de 2008, el informativo de televisión Noticias Uno, que para la época dirigía el periodista Daniel Coronell, reveló el testimonio de la excongresista Yidis Medina, grabado en agosto de 2004. En ese testimonio, Medina aseguró que el gobierno de Álvaro Uribe le compró su voto para el trámite legislativo que permitió su reelección en 2006.
Desde ese día, en la Casa de Nariño comenzaron a elaborar una intensa campaña difamatoria contra Daniel Coronell y Yidis Medina, con el objetivo de quitarle credibilidad a la revelación de Noticias Uno y a la versión de la exrepresentante a la Cámara.
Producto de la investigación de Coronell, no sólo fue condenada por cohecho Yidis Medina, sino también Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio, exministros del gobierno de Uribe.
Los informes sobre las declaraciones de Yidis Medina, realizados por el extinto DAS, eran recibidos por César Mauricio Velásquez. Así lo muestra un documento hasta ahora inédito, con fecha del 24 de abril de 2008 y radicado B3-71837-1, encontrado en un allanamiento al DAS.
El lunes, la entonces directora del DAS coordinó una reunión entre César Mauricio Velásquez y el capitán Jorge Alberto Lagos, subdirector de Contrainteligencia del DAS, para entregarle información confidencial obtenida sobre un viaje de los magistrados de la Corte Suprema a Neiva en 2006, con el propósito de vincularlos, falsamente, con un escándalo de narcotráfico. Lagos fue a la Casa de Nariño, se encontró con Velásquez y le entregó información, pues se sabía que la Corte iba a arrestar al primo del presidente, Mario Uribe Escobar, en cualquier momento.
Según documentos del DAS, cuando Lagos se reunió con Velásquez a las 3:00 p.m. y le contó sobre el viaje de Neiva, el secretario de Prensa de Presidencia llamó al entonces asesor presidencial José Obdulio Gaviria para que hiciera presencia en el lugar. Una vez allí, se sentaron los tres a socializar los hallazgos que había obtenido Contrainteligencia del DAS sobre el tema. Según el capitán Lagos, Gaviria y Velásquez solicitaron tener copia de los documentos obtenidos de manera ilegal.
Al día siguiente capturaron al senador Mario Uribe, quien intentó fugarse del país solicitando asilo político en la Embajada de Costa Rica. Mario Uribe fue enviado a prisión por sus nexos con grupos paramilitares.
El miércoles 23 de abril, a las 6:30 p.m., ingresaron por el sótano de la Casa de Nariño, con autorización del jefe de Estado, las siguientes personas: Severo Antonio López Jiménez, alias Job, vocero de los paramilitares; Diego Álvarez, abogado de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, jefe máximo de la Oficina de Envigado; el exgobernador del Cauca Juan José Chaux Mosquera, condenado por sus vínculos con las autodefensas, y el lobista Óscar Iván Palacio. Lo hicieron para reunirse con Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez, personas de confianza de Álvaro Uribe.
Los representantes de los paramilitares mostraron unas grabaciones con las que pretendían ensuciar al magistrado Iván Velásquez y, de esta manera, ayudar a Presidencia a desprestigiar los procesos por parapolítica. A cambio, la tarea de alias Job y del abogado de Don Berna era convencer a los secretarios de Uribe para que el primer mandatario no firmara la extradición del jefe de la Oficina de Envigado.
Como se ha documentado en esta columna anteriormente, el director de Inteligencia del DAS, Fernando Tabares, aseguró ante la Fiscalía que lo importante del encuentro entre paramilitares y los secretarios del presidente fue que la intención de dicha reunión era afectar al magistrado Iván Velásquez.
Fue el mismo César Mauricio Velásquez, según los relatos de los testigos, el encargado de visitar la UIAF para recoger pruebas ilegales de las cuentas bancarias de los magistrados de la Corte. Es decir, no solo los chuzaron, sino que también espiaron su vida económica. Todo, por investigar al primo del presidente Uribe y la parapolítica.
Al final de esa semana, César Mauricio Velásquez filtró la información de inteligencia obtenida de forma ilegal, puesto que no existía orden judicial, sobre los movimientos de los magistrados en la reunión que tuvieron en Neiva en 2006, con el propósito de vincularlos falsamente con narcotráfico.
Ahora bien, una cosa llama la atención. Pese a toda la evidencia sobre estas reuniones y el plan de espionaje a los exmagistrados Yesid Ramírez Bastidas, César Julio Valencia Copete e Iván Velásquez, Alejandro Ordóñez, como procurador General, absolvió a César Mauricio Velásquez en el 2009 y a Edmundo del Castillo en el 2012.
Cada uno en su respectivo momento, Velásquez en 2009 y Del Castillo en 2012, salió con el fallo del Ministerio Público a atacar la investigación penal, estableciendo que su absolución por parte de la Procuraduría demostraba su inocencia.
Pero se les olvido un datico que ahora da mayor perspectiva. El encargado de enterrar sus casos en la Procuraduría fue nada más ni nada menos que el señor Gabriel Ramón Jaimes Durán, en ese momento comisionado de la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales.
Así como se oye.
Ese funcionario, que ignoró todas las pruebas que ahora tomó el Tribunal Superior de Bogotá para declarar culpables a César Mauricio Velásquez y a Edmundo del Castillo, es el mismo que hoy en día, como fiscal, está pidiendo precluir el caso de soborno a testigos y fraude procesal a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Una situación que demuestra que el señor Jaimes Durán viene siendo el cancerbero del equipo uribista hace más de 10 años y uno de los funcionarios que convirtió la Fiscalía General de la Nación, junto con Francisco Barbosa, en escampadero de congresistas con problemas legales investigados por la Corte Suprema de Justicia. Pero esta vez se metió un autogol.