El pasado 30 de julio se conoció una sentencia que pasó casi desapercibida pero que tiene importantes implicaciones. Ese día el Juzgado 26 Penal del Circuito condenó a José David García Fernández, policía exjefe de seguridad de los magistrados de la Corte Suprema, en el marco de las “chuzadas” del DAS.
García Fernández fue un intendente de la Policía que se hizo cargo de la seguridad de los togados cuando estalló el escándalo de la infiltración en las comunicaciones del alto tribunal durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
El juez encontró que, en lugar de proteger a los miembros de la Corte Suprema, García Fernández conspiró contra ellos haciendo parte de un plan para grabar sus conversaciones privadas que “era orquestado desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), organismo de inteligencia adscrito a la Casa de Nariño”. (Ver Condena).
El intendente de la Policía admitió su culpabilidad. Entre sus delitos, describió cómo reclutó al conductor del entonces magistrado auxiliar Iván Velásquez, entre 2007 y 2009, y a la en ese momento auxiliar de servicios generales que servía los tintos en la Sala Plena de la Corte Suprema, para que grabaran las sesiones reservadas de ese alto tribunal.
Es importante recordar que el magistrado Iván Velásquez era el encargado de llevar a cabo las investigaciones contra los legisladores que habían sido vinculados al escándalo de la parapolítica, entre ellos Mario Uribe, primo del expresidente Uribe Vélez. De ahí el interés de la Casa de Nariño en conocer los pasos del magistrado.
García Fernández era, nada más y nada menos, el escolta de Iván Velásquez Gómez. En ese trabajo se convirtió en informante secreto del DAS con el seudónimo de Diego y la clave Y66-1, participando en la oscura “Operación Escalera” a cargo de Alba Luz Flórez Gélvez, la Mata Hari, conocida por haber seducido y convencido a los escoltas de la Corte Suprema para infiltrar a la Sala Penal.
El expediente muestra que la Mata Hari le dijo al intendente que era funcionaria de la Casa de Nariño y, para convencerlo de que participara en la operación, le manifestó que los miembros de la Policía Nacional tenían que tener más lealtad con el presidente de la República que con el de la Corte Suprema de Justicia.
Una vez convencido, el escolta del magistrado Velásquez emprendió su trabajo clandestino suministrándole al DAS todos los comentarios que escuchaba por los pasillos de la Corte Suprema de Justicia. Al cabo de un mes, tras recibir el agradecimiento de la Mata Hari y una remuneración por su trabajo, vinculó a otro integrante en la operación fraudulenta. (Ver Pagos reservados).
Se trataba del señor Manuel Estreinger Pinzón Casallas, apodado en el organismo de inteligencia como Mario y a quien también convencieron con el argumento de que la Presidencia de la República necesitaba recolectar información sobre la Corte Suprema por asuntos de “seguridad nacional”. (Ver Declaración Mata Hari - 24 mayo 2010).
Pinzón Casallas era el conductor de la camioneta del esquema de protección de Iván Velásquez, es decir que su chofer y su escolta eran agentes espiando sus pasos y conversaciones.
Durmiendo con el enemigo.
Acá viene la historia de los documentos robados de la Corte. Entre noviembre de 2007 y octubre de 2008 se sustrajeron de la Corte Suprema los procesos judiciales por parapolítica contra los congresistas Óscar Leonidas Wilches Carreño, Eric Julio Morris Taboada, Álvaro García Romero, Luis Eduardo Vives Lacouture, Dieb Nicolás Maloof Cuse, Mauricio Pimiento Barrera, Guillermo Gaviria Zapata y Habib Merheg Marun. (Ver Copias de procesos).
Les expedientes fueron fotocopiados en una papelería vecina del alto tribunal, trabajo desarrollado por García Fernández en complicidad con el conductor de Iván Velásquez.
A finales de marzo de 2008, el intendente David García coordinó la cita entre la detective Flórez Gélvez y Janeth Maldonado, la señora que llevaba los tintos a los magistrados en la Sala Plena, para encargarla de poner una grabadora oculta en la pescadería Centro Mar que queda ubicada a pocas cuadras de la Corte Suprema.
A Maldonado le dijeron que necesitaban que ella les ayudara contándoles los movimientos de los magistrados, especialmente Yesid Ramírez Bastidas y César Julio Valencia.
Según el expediente, la Mata Hari le dijo textualmente a la señora del aseo que el trabajo encubierto era para recolectar información que tenía como destino al presidente Álvaro Uribe Vélez.
La mujer aceptó.
Cada semana le entregaba un informe verbal a la agente del DAS en el cual le contaba las conversaciones que sostenían los magistrados mientras ella les servía los tintos o se encontraba limpiando los escritorios de la sala. Inicialmente los resultados eran infructuosos porque Blanca Janeth Maldonado no comprendía ni recordaba muy bien los términos jurídicos y la información que obtenía era, según cálculos de Alba Flórez, el 3% de la que necesitaba el organismo de inteligencia.
La Mata Hari le explicó la situación a su superior William Romero y éste autorizó la entrega de un magnetófono para que le fuera prestado a la señora Maldonado.
Era un adminículo cuadrado de color negro marca Sim-Scale con serial 16777 con los siguientes accesorios: cargador y adaptador, convertidor de corriente europeo, micrófono y una memoria con capacidad de 512 megabytes. La grabadora de voz, según consta en el contrato No. 060 del DAS, tiene un valor comercial de $14 millones.
Aunque toda esta información iba con destino al presidente Uribe, un cable de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá enviado al gobierno norteamericano en septiembre de 2009 aclara que varios funcionarios señalaron a José Obdulio Gaviria Vélez, asesor estrella del entonces mandatario, como el “instigador de las chuzadas” del DAS y de la operación de infiltración y espionaje de la Corte Suprema.
Son más de siete testigos los que acusan al primo del capo Pablo Escobar de ser el motor de estos ilícitos que se cometieron en contra de opositores políticos, magistrados, defensores de derechos humanos y periodistas. Uno de ellos fue, nada más ni nada menos, el expresidente Juan Manuel Santos, que lo reconfirmó en su libro La batalla por la paz y en varias entrevistas que ha dado a medios sobre el tema. (Ver Revelados).
Ese instigador está hoy sentado en el Senado de la República y todos los otros involucrados están condenados, como García Fernández, o muertos.
@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com
El pasado 30 de julio se conoció una sentencia que pasó casi desapercibida pero que tiene importantes implicaciones. Ese día el Juzgado 26 Penal del Circuito condenó a José David García Fernández, policía exjefe de seguridad de los magistrados de la Corte Suprema, en el marco de las “chuzadas” del DAS.
García Fernández fue un intendente de la Policía que se hizo cargo de la seguridad de los togados cuando estalló el escándalo de la infiltración en las comunicaciones del alto tribunal durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
El juez encontró que, en lugar de proteger a los miembros de la Corte Suprema, García Fernández conspiró contra ellos haciendo parte de un plan para grabar sus conversaciones privadas que “era orquestado desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), organismo de inteligencia adscrito a la Casa de Nariño”. (Ver Condena).
El intendente de la Policía admitió su culpabilidad. Entre sus delitos, describió cómo reclutó al conductor del entonces magistrado auxiliar Iván Velásquez, entre 2007 y 2009, y a la en ese momento auxiliar de servicios generales que servía los tintos en la Sala Plena de la Corte Suprema, para que grabaran las sesiones reservadas de ese alto tribunal.
Es importante recordar que el magistrado Iván Velásquez era el encargado de llevar a cabo las investigaciones contra los legisladores que habían sido vinculados al escándalo de la parapolítica, entre ellos Mario Uribe, primo del expresidente Uribe Vélez. De ahí el interés de la Casa de Nariño en conocer los pasos del magistrado.
García Fernández era, nada más y nada menos, el escolta de Iván Velásquez Gómez. En ese trabajo se convirtió en informante secreto del DAS con el seudónimo de Diego y la clave Y66-1, participando en la oscura “Operación Escalera” a cargo de Alba Luz Flórez Gélvez, la Mata Hari, conocida por haber seducido y convencido a los escoltas de la Corte Suprema para infiltrar a la Sala Penal.
El expediente muestra que la Mata Hari le dijo al intendente que era funcionaria de la Casa de Nariño y, para convencerlo de que participara en la operación, le manifestó que los miembros de la Policía Nacional tenían que tener más lealtad con el presidente de la República que con el de la Corte Suprema de Justicia.
Una vez convencido, el escolta del magistrado Velásquez emprendió su trabajo clandestino suministrándole al DAS todos los comentarios que escuchaba por los pasillos de la Corte Suprema de Justicia. Al cabo de un mes, tras recibir el agradecimiento de la Mata Hari y una remuneración por su trabajo, vinculó a otro integrante en la operación fraudulenta. (Ver Pagos reservados).
Se trataba del señor Manuel Estreinger Pinzón Casallas, apodado en el organismo de inteligencia como Mario y a quien también convencieron con el argumento de que la Presidencia de la República necesitaba recolectar información sobre la Corte Suprema por asuntos de “seguridad nacional”. (Ver Declaración Mata Hari - 24 mayo 2010).
Pinzón Casallas era el conductor de la camioneta del esquema de protección de Iván Velásquez, es decir que su chofer y su escolta eran agentes espiando sus pasos y conversaciones.
Durmiendo con el enemigo.
Acá viene la historia de los documentos robados de la Corte. Entre noviembre de 2007 y octubre de 2008 se sustrajeron de la Corte Suprema los procesos judiciales por parapolítica contra los congresistas Óscar Leonidas Wilches Carreño, Eric Julio Morris Taboada, Álvaro García Romero, Luis Eduardo Vives Lacouture, Dieb Nicolás Maloof Cuse, Mauricio Pimiento Barrera, Guillermo Gaviria Zapata y Habib Merheg Marun. (Ver Copias de procesos).
Les expedientes fueron fotocopiados en una papelería vecina del alto tribunal, trabajo desarrollado por García Fernández en complicidad con el conductor de Iván Velásquez.
A finales de marzo de 2008, el intendente David García coordinó la cita entre la detective Flórez Gélvez y Janeth Maldonado, la señora que llevaba los tintos a los magistrados en la Sala Plena, para encargarla de poner una grabadora oculta en la pescadería Centro Mar que queda ubicada a pocas cuadras de la Corte Suprema.
A Maldonado le dijeron que necesitaban que ella les ayudara contándoles los movimientos de los magistrados, especialmente Yesid Ramírez Bastidas y César Julio Valencia.
Según el expediente, la Mata Hari le dijo textualmente a la señora del aseo que el trabajo encubierto era para recolectar información que tenía como destino al presidente Álvaro Uribe Vélez.
La mujer aceptó.
Cada semana le entregaba un informe verbal a la agente del DAS en el cual le contaba las conversaciones que sostenían los magistrados mientras ella les servía los tintos o se encontraba limpiando los escritorios de la sala. Inicialmente los resultados eran infructuosos porque Blanca Janeth Maldonado no comprendía ni recordaba muy bien los términos jurídicos y la información que obtenía era, según cálculos de Alba Flórez, el 3% de la que necesitaba el organismo de inteligencia.
La Mata Hari le explicó la situación a su superior William Romero y éste autorizó la entrega de un magnetófono para que le fuera prestado a la señora Maldonado.
Era un adminículo cuadrado de color negro marca Sim-Scale con serial 16777 con los siguientes accesorios: cargador y adaptador, convertidor de corriente europeo, micrófono y una memoria con capacidad de 512 megabytes. La grabadora de voz, según consta en el contrato No. 060 del DAS, tiene un valor comercial de $14 millones.
Aunque toda esta información iba con destino al presidente Uribe, un cable de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá enviado al gobierno norteamericano en septiembre de 2009 aclara que varios funcionarios señalaron a José Obdulio Gaviria Vélez, asesor estrella del entonces mandatario, como el “instigador de las chuzadas” del DAS y de la operación de infiltración y espionaje de la Corte Suprema.
Son más de siete testigos los que acusan al primo del capo Pablo Escobar de ser el motor de estos ilícitos que se cometieron en contra de opositores políticos, magistrados, defensores de derechos humanos y periodistas. Uno de ellos fue, nada más ni nada menos, el expresidente Juan Manuel Santos, que lo reconfirmó en su libro La batalla por la paz y en varias entrevistas que ha dado a medios sobre el tema. (Ver Revelados).
Ese instigador está hoy sentado en el Senado de la República y todos los otros involucrados están condenados, como García Fernández, o muertos.
@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com