Existen evidencias que comprueban que hay un grupo de abogados dedicados a amedrentar a los militares que están cooperando y diciendo la verdad en la JEP, para encubrir a los funcionarios salpicados en los casos de falsos positivos. Preocupante, sobre todo ahora que sabemos que fueron 6.402 casos registrados entre 2000 y 2008, durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, y no 2.248 como había reportado anteriormente la Fiscalía.
Así como se oye.
El pasado 2 de febrero, la JEP envió una carta al Fondo de Defensa Técnica Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública (Fondetec), entidad adscrita al Ministerio de Defensa. En esa carta solicitó información sobre “temas relacionados con la asesoría y defensa técnica especializada de comparecientes exmiembros de la fuerza pública, entre otros asuntos”.
Esto, porque los magistrados tienen en su poder testimonios que hablan de un pacto de silencio entre agentes estatales orquestado por medio del Fondetec, con el fin de ocultar los hechos que rodearon los falsos positivos y las desapariciones forzadas. Todo para proteger la responsabilidad de los altos mandos militares involucrados.
Declaraciones de testigos y militares ante la JEP establecen que los abogados adscritos a Fondetec han presuntamente aplicado —mediante supuestas jornadas de pedagogía— diferentes métodos de presión para generar temor entre los comparecientes que quisieran aportar genuinamente a la construcción de la verdad y señalar la participación de sus comandantes en las versiones voluntarias. Particularmente en el marco de los casos 003 y 004, referentes a “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate” —ejecuciones extrajudiciales— en la región de Urabá.
La dirección de Fondetec negó estas acusaciones en un comunicado publicado el pasado 10 de febrero. Lo recalcó su director, el señor Jorge Arturo Ramos, en entrevista con el diario El Tiempo, diciendo que “nunca se han dado instrucciones contrarias a la ley”. Aseguró que en lo que se viene trabajando es en “fortalecer el mecanismo de defensa técnica especializado gratuito para los héroes de la patria”.
Ahora bien, las pruebas dicen otra cosa.
El 5 de octubre de 2020, uno de los testigos comparecientes fue oído en versión voluntaria conjunta. En ella informó que durante su permanencia en el Centro de Reclusión Militar de Facatativá presenció los siguientes hechos:
“La Navidad pasada fue el doctor Vargas (…) de Fondetec, nos dio una conferencia sobre que él se opone a los TOAR de la JEP, que él no entiende por qué un militar debe reparar… ¿Cuánto gasta en abogados y además debe reparar? Yo tengo un audio donde nos dice que la JEP es bailar con la más horriblísima (sic), habla mal del magistrado Pedro Elías. Habla mal de los TOAR, dice que hay que saber contar la verdad”.
La verdad solo es una, por eso contémosla aquí.
Los TOAR se entienden como los trabajos, obras o actividades con contenido reparador o restaurador. Por su parte, el magistrado del que habla el compareciente es Pedro Elías Díaz Romero, titular de la Sala de Justicia de la Jurisdicción Especial para la Paz. La única pregunta que queda es: ¿quién es el doctor Vargas del Fondetec que les está pidiendo que cuenten una verdad limitada?
La misma pregunta le hizo la JEP a Fondetec en un documento fechado el 2 de febrero de 2020 en el que dice: “Resulta apropiado indagar por el nombre completo y datos de la identificación del Dr. Vargas, a quien hace alusión la información aportada por el compareciente ante estos despachos, quien duramente el mes de diciembre de 2019 hizo oficios de conferencista de Fondetec en el CRM de Facatativá”.
Con ese mismo objetivo, el diario El Tiempo le preguntó al director del Fondetec en su reciente entrevista: “¿Establecieron quién es el abogado de apellido Vargas qué se menciona en la denuncia?”.
La respuesta del director de Fondetec, el señor Ramos, fue tajante: “No hemos recibido individualizaciones que permitan determinar a quién hacen referencia. Estamos a la espera de poder individualizar”.
Pues ayudémosle a individualizar.
Un trino del 19 de diciembre de 2019 del mismo señor director del Fondetec nos da algunas luces. En esa publicación describe el evento en el que el equipo de Fondetec estuvo en la Cárcel de Alta y Media Seguridad del Ejército en Facatativá, en una “jornada especial de integración y entrega de regalos a los miembros de la Fuerza Pública”.
Ese es el mismo evento en el que algunos militares establecieron que se sintieron presionados por el misterioso doctor Vargas para que “sepan decir la verdad” y hablaron sobre las consecuencias de hacer algo diferente.
Fotos publicadas por Fondetec de ese mismo tipo de eventos —en otra cuenta— dan mayores luces sobre la identidad del misterioso señor. Aparece un conferencista en varias “jornadas” en las que supuestamente se ofrecen los servicios de defensoría jurídica gratuita de Fondetec, como parte de una política del Ministerio de Defensa.
La persona que se ve en esas fotos es el señor Fernando Antonio Vargas Quemba, quien es una pieza importante del Fondetec y se describe en su perfil de Twitter como abogado, catedrático, escritor, parte del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla, defensor de los DD. HH. y vocero de las víctimas del comunismo en Colombia.
Varias fotos muestran al señor Vargas Quemba como uno de los oradores centrales de esa mencionadas “jornadas”. Por eso es importante regresar a los testimonios que mencionan al misterioso abogado que Fondetec no quiso identificar en su entrevista en El Tiempo.
Los testigos aseguran que en esos eventos el doctor Vargas les dijo cosas tan amenazantes como: “¿Qué pruebas tienen ustedes para vincular al general Montoya, comandante del Ejército? Se les puede voltear la situación”.
La JEP fue más allá y le preguntó a uno de los testigos: “¿A usted alguna vez el Fondetec le ha condicionado su asesoría en relación con lo que dice?”. El compareciente respondió: “(…) desde Fondetec nos condicionan los testimonios para mejorar la defensa de los que están arriba”.
Alarmante asesoría jurídica.
En especial porque un documento de la Procuraduría del 10 de septiembre de 2020 establece que existen más de 19 militares comparecientes ante la JEP que han sufrido amenazas o seguimientos después de testificar.
Por eso, profundicemos un poco más sobre quién es el doctor Vargas Quemba, ya que no es la primera vez que su nombre pasa por esta columna.
El 19 de agosto de 2017 publiqué una denuncia en la que se demuestra que varios grupos extremistas se estaban juntando para apoyar al en ese entonces candidato presidencial Alejandro Ordóñez, exprocurador destituido por corrupción y hoy embajador ante la OEA. (Ver Homónimo).
Una de esas personas era el señor Fernando Vargas Quemba, de quien además sabemos —gracias a una investigación de Daniel Coronell— que fue uno de los fundadores del Movimiento de Restauración Nacional impulsado por los paramilitares del Magdalena Medio. Además, está relacionado con el grupo neonazi Movimiento Tercera Fuerza.
De pronto eso explica por qué el Fondetec ha intentado proteger su identidad a toda costa. No solo por su perfil y su pasado, sino porque en los términos expuestos por los comparecientes esas presiones —con el fin de proteger a los generales involucrados— casi sin duda configuran conductas punibles, como un presunto encubrimiento o fraude procesal, para incitar al ocultamiento de la verdad en crímenes graves de lesa humanidad.
Existen evidencias que comprueban que hay un grupo de abogados dedicados a amedrentar a los militares que están cooperando y diciendo la verdad en la JEP, para encubrir a los funcionarios salpicados en los casos de falsos positivos. Preocupante, sobre todo ahora que sabemos que fueron 6.402 casos registrados entre 2000 y 2008, durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, y no 2.248 como había reportado anteriormente la Fiscalía.
Así como se oye.
El pasado 2 de febrero, la JEP envió una carta al Fondo de Defensa Técnica Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública (Fondetec), entidad adscrita al Ministerio de Defensa. En esa carta solicitó información sobre “temas relacionados con la asesoría y defensa técnica especializada de comparecientes exmiembros de la fuerza pública, entre otros asuntos”.
Esto, porque los magistrados tienen en su poder testimonios que hablan de un pacto de silencio entre agentes estatales orquestado por medio del Fondetec, con el fin de ocultar los hechos que rodearon los falsos positivos y las desapariciones forzadas. Todo para proteger la responsabilidad de los altos mandos militares involucrados.
Declaraciones de testigos y militares ante la JEP establecen que los abogados adscritos a Fondetec han presuntamente aplicado —mediante supuestas jornadas de pedagogía— diferentes métodos de presión para generar temor entre los comparecientes que quisieran aportar genuinamente a la construcción de la verdad y señalar la participación de sus comandantes en las versiones voluntarias. Particularmente en el marco de los casos 003 y 004, referentes a “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate” —ejecuciones extrajudiciales— en la región de Urabá.
La dirección de Fondetec negó estas acusaciones en un comunicado publicado el pasado 10 de febrero. Lo recalcó su director, el señor Jorge Arturo Ramos, en entrevista con el diario El Tiempo, diciendo que “nunca se han dado instrucciones contrarias a la ley”. Aseguró que en lo que se viene trabajando es en “fortalecer el mecanismo de defensa técnica especializado gratuito para los héroes de la patria”.
Ahora bien, las pruebas dicen otra cosa.
El 5 de octubre de 2020, uno de los testigos comparecientes fue oído en versión voluntaria conjunta. En ella informó que durante su permanencia en el Centro de Reclusión Militar de Facatativá presenció los siguientes hechos:
“La Navidad pasada fue el doctor Vargas (…) de Fondetec, nos dio una conferencia sobre que él se opone a los TOAR de la JEP, que él no entiende por qué un militar debe reparar… ¿Cuánto gasta en abogados y además debe reparar? Yo tengo un audio donde nos dice que la JEP es bailar con la más horriblísima (sic), habla mal del magistrado Pedro Elías. Habla mal de los TOAR, dice que hay que saber contar la verdad”.
La verdad solo es una, por eso contémosla aquí.
Los TOAR se entienden como los trabajos, obras o actividades con contenido reparador o restaurador. Por su parte, el magistrado del que habla el compareciente es Pedro Elías Díaz Romero, titular de la Sala de Justicia de la Jurisdicción Especial para la Paz. La única pregunta que queda es: ¿quién es el doctor Vargas del Fondetec que les está pidiendo que cuenten una verdad limitada?
La misma pregunta le hizo la JEP a Fondetec en un documento fechado el 2 de febrero de 2020 en el que dice: “Resulta apropiado indagar por el nombre completo y datos de la identificación del Dr. Vargas, a quien hace alusión la información aportada por el compareciente ante estos despachos, quien duramente el mes de diciembre de 2019 hizo oficios de conferencista de Fondetec en el CRM de Facatativá”.
Con ese mismo objetivo, el diario El Tiempo le preguntó al director del Fondetec en su reciente entrevista: “¿Establecieron quién es el abogado de apellido Vargas qué se menciona en la denuncia?”.
La respuesta del director de Fondetec, el señor Ramos, fue tajante: “No hemos recibido individualizaciones que permitan determinar a quién hacen referencia. Estamos a la espera de poder individualizar”.
Pues ayudémosle a individualizar.
Un trino del 19 de diciembre de 2019 del mismo señor director del Fondetec nos da algunas luces. En esa publicación describe el evento en el que el equipo de Fondetec estuvo en la Cárcel de Alta y Media Seguridad del Ejército en Facatativá, en una “jornada especial de integración y entrega de regalos a los miembros de la Fuerza Pública”.
Ese es el mismo evento en el que algunos militares establecieron que se sintieron presionados por el misterioso doctor Vargas para que “sepan decir la verdad” y hablaron sobre las consecuencias de hacer algo diferente.
Fotos publicadas por Fondetec de ese mismo tipo de eventos —en otra cuenta— dan mayores luces sobre la identidad del misterioso señor. Aparece un conferencista en varias “jornadas” en las que supuestamente se ofrecen los servicios de defensoría jurídica gratuita de Fondetec, como parte de una política del Ministerio de Defensa.
La persona que se ve en esas fotos es el señor Fernando Antonio Vargas Quemba, quien es una pieza importante del Fondetec y se describe en su perfil de Twitter como abogado, catedrático, escritor, parte del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla, defensor de los DD. HH. y vocero de las víctimas del comunismo en Colombia.
Varias fotos muestran al señor Vargas Quemba como uno de los oradores centrales de esa mencionadas “jornadas”. Por eso es importante regresar a los testimonios que mencionan al misterioso abogado que Fondetec no quiso identificar en su entrevista en El Tiempo.
Los testigos aseguran que en esos eventos el doctor Vargas les dijo cosas tan amenazantes como: “¿Qué pruebas tienen ustedes para vincular al general Montoya, comandante del Ejército? Se les puede voltear la situación”.
La JEP fue más allá y le preguntó a uno de los testigos: “¿A usted alguna vez el Fondetec le ha condicionado su asesoría en relación con lo que dice?”. El compareciente respondió: “(…) desde Fondetec nos condicionan los testimonios para mejorar la defensa de los que están arriba”.
Alarmante asesoría jurídica.
En especial porque un documento de la Procuraduría del 10 de septiembre de 2020 establece que existen más de 19 militares comparecientes ante la JEP que han sufrido amenazas o seguimientos después de testificar.
Por eso, profundicemos un poco más sobre quién es el doctor Vargas Quemba, ya que no es la primera vez que su nombre pasa por esta columna.
El 19 de agosto de 2017 publiqué una denuncia en la que se demuestra que varios grupos extremistas se estaban juntando para apoyar al en ese entonces candidato presidencial Alejandro Ordóñez, exprocurador destituido por corrupción y hoy embajador ante la OEA. (Ver Homónimo).
Una de esas personas era el señor Fernando Vargas Quemba, de quien además sabemos —gracias a una investigación de Daniel Coronell— que fue uno de los fundadores del Movimiento de Restauración Nacional impulsado por los paramilitares del Magdalena Medio. Además, está relacionado con el grupo neonazi Movimiento Tercera Fuerza.
De pronto eso explica por qué el Fondetec ha intentado proteger su identidad a toda costa. No solo por su perfil y su pasado, sino porque en los términos expuestos por los comparecientes esas presiones —con el fin de proteger a los generales involucrados— casi sin duda configuran conductas punibles, como un presunto encubrimiento o fraude procesal, para incitar al ocultamiento de la verdad en crímenes graves de lesa humanidad.