Termínenos esta trilogía de columnas sobre el Parqueadero Padilla con la relación que tiene esta investigación con la horrorosa masacre de El Aro. Para eso, el eje principal de esta historia es la sentencia del 24 de septiembre de 2015 del Tribunal Superior de Medellín en contra del bloque paramilitar Cacique Nutibara.
Como establece la sentencia de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, el allanamiento al Parqueadero Padilla, que se realizó el 30 de abril de 1998, dio origen a la investigación No. 34986 de la Fiscalía Especializada de Medellín contra varias personas, entre ellas, el jefe financiero de las Autodefensas, Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas.
En el allanamiento se encontró el organigrama de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, así como una relación de las personas que hacían parte del grupo paramilitar y sus libros de contabilidad, extractos bancarios, facturas de compra, comunicaciones sobre los operativos militares, un equipo de cómputo, 70 disquetes, cheques, dinero en efectivo, además de dos pistolas con salvoconducto a nombre de Soto Toro.
El proceso del Parqueadero Padilla permitió identificar 496 cuentas bancarias de una serie de empresas, lo que permitió confirmar que tras las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y el Bloque Cacique Nutibara estuvieron empresarios y sectores privados, como después lo ratificó en sus declaraciones Diego Fernando Murillo Bejarano, conocido como Don Berna.
No en vano, el allanamiento del Parqueadero Padilla y sus hallazgos ocasionaron el asesinato de por lo menos siete investigadores del CTI de la Fiscalía por la gravedad de lo que contenía la información encontrada.
Pero una de las cosas más dicientes de la evidencia encontrada es que desde el Parqueadero Padilla, y a través de Soto Toro, alias Lucas, se financiaron, planearon y apoyaron logísticamente las masacres ocurridas entre 1994 y 1998.
Así como se oye.
Entre esas horrorosas masacres que fueron apoyadas desde el Parqueadero Padilla se encuentra la de La Granja, en Ituango (Antioquia), el 15 de julio de 1996; también la de Pichilín, en Morroa (Sucre), el 4 de diciembre de 1996, y la de El Aro, también en Ituango, el 22 de octubre de 1997. Todas, mientras Álvaro Uribe Vélez era gobernador. (Ver Sentencia).
Es importante recordar que el 31 de mayo de 2018 la Corte Suprema de Justicia declaró la masacre de El Aro, la masacre de La Granja y el asesinato de Jesús María Valle como crímenes de lesa humanidad.
Pues bien, desde el parqueadero está documentado que el paramilitar Soto Toro coordinaba las relaciones y operaciones con las autoridades militares y les suministraba hombres, armamento y recursos a los bloques y estructuras de las Autodefensas con los cuales se cometieron las más graves violaciones al derecho internacional humanitario en esas masacres.
Como establece la sentencia del magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, existe otro elemento que confirma esta relación y es la nómina paralela de la Oficina de Envigado entregada por Juan Carlos Sierra, más conocido como el Tuso Sierra, que muestra la lista de personas que aportaban recursos o que recibían sobornos de dicha oficina.
Esa evidencia documental entregada por, en este momento, uno de los defensores del expresidente Uribe incluía a congresistas, altos funcionarios públicos, dirigentes políticos, oficiales del Ejército y la Policía, y miembros de la Fiscalía, algunos ya condenados o con reconocidos vínculos con los grupos paramilitares, como los congresistas Óscar Suárez Mira, Miguel Alfonso de la Espriella, Eleonora María Pineda Arce, Rocío Arias Hoyos y nada más ni nada menos que el primo del expresidente, Mario Uribe Escobar. (Ver Nómina paralela).
Pero volvamos al Parqueadero Padilla, ya que ahí también fue encontrada información financiera sobre unas Convivir que relacionan a Uribe Vélez.
Parte de esos expedientes encontrados fueron de la estructura y finanzas de la Convivir Orden y Desarrollo, que tuvo entre sus miembros a los paramilitares Rudolf Paffen; Salomón Feris Chadid, del Bloque Norte de las Autodefensas; Jorge Luis Alfonso López, hijo de Enilce López Romero, conocida como la Gata, y Víctor Antonio Guerra de la Espriella, primo de la senadora María del Rosario Guerra.
El mismo Guerra de la Espriella le dijo a El Tiempo el 21 de febrero de 2007 que “esta fue una de las siete primeras Convivir creadas poco después de que Pedro Juan Moreno, entonces secretario de Gobierno de Antioquia, fue a dictar una charla sobre la experiencia de las Convivir en Antioquia”. (Ver Primo de la ministra creó Convivir con paras).
Ahora bien, el paramilitar Soto Toro también tenía información financiera en el Parqueadero Padilla de la Convivir Deyavanc, cuya sigla significa “Defensores de Yarumal, Valdivia, Angostura y Campamento”, en donde Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, figuraba como el revisor fiscal.
Según los documentos encontrados en ese allanamiento, Deyavanc tenía como domicilio el municipio de Valdivia y la solicitud de personería jurídica se adelantó ante la Gobernación de Antioquia, siendo gobernador Uribe Vélez, quien les dio vida con la Resolución 42395 de 1996.
Pero más preocupante aún, el 30 de enero de 2018 el paramilitar Olguán de Jesús Agudelo Betancur, alias el Apóstol, declaró como testigo de la Fiscalía en el juicio en contra de Santiago Uribe Vélez, hermano del senador Uribe Vélez e investigado por paramilitarismo, que la Convivir Deyavanc habría sido creada mediante consenso entre el gobernador Álvaro Uribe Vélez y alias Julián Bolivar.
“Yo le mandé decir a Álvaro Uribe Vélez que cuando él fue gobernador de Antioquia, en el año 1996, hizo una visita a Yarumal en el helicóptero de la Gobernación y nosotros, las autodefensas que operábamos al mando de Mauricio Piedrahíta y de alias Pérez, le habíamos prestado la seguridad a él, que había sostenido una pequeña reunión con el grupo armado en Yarumal, donde había tratado un punto de que el grupo armado se debía convertir en una Convivir”.
La reunión, según narró el testigo, “tuvo lugar en un edificio llamado Plaza Hostal, en Yarumal, un sábado, con el doctor Álvaro Uribe Vélez, cuando él era gobernador de Antioquia […] allí se reunió con Álvaro Vásquez, Mauricio Piedrahíta y Rodrigo Pérez Alzate”. (Ver El Apóstol).
Por todos estos hechos, el magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, en la mencionada sentencia en contra del Bloque Cacique Nutibara, realizó una compulsa de copias en contra del expresidente Álvaro Uribe para que se le investigue por paramilitarismo, en especial por su responsabilidad en la masacre de El Aro. Pero hasta ahora nada de eso ha avanzado, principalmente porque el exfiscal Luis Camilo Osorio fue esencial para enterrar la investigación denominada judicialmente Parqueadero Padilla, que contenía todas estas relaciones documentadas.
@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com
Termínenos esta trilogía de columnas sobre el Parqueadero Padilla con la relación que tiene esta investigación con la horrorosa masacre de El Aro. Para eso, el eje principal de esta historia es la sentencia del 24 de septiembre de 2015 del Tribunal Superior de Medellín en contra del bloque paramilitar Cacique Nutibara.
Como establece la sentencia de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, el allanamiento al Parqueadero Padilla, que se realizó el 30 de abril de 1998, dio origen a la investigación No. 34986 de la Fiscalía Especializada de Medellín contra varias personas, entre ellas, el jefe financiero de las Autodefensas, Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas.
En el allanamiento se encontró el organigrama de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, así como una relación de las personas que hacían parte del grupo paramilitar y sus libros de contabilidad, extractos bancarios, facturas de compra, comunicaciones sobre los operativos militares, un equipo de cómputo, 70 disquetes, cheques, dinero en efectivo, además de dos pistolas con salvoconducto a nombre de Soto Toro.
El proceso del Parqueadero Padilla permitió identificar 496 cuentas bancarias de una serie de empresas, lo que permitió confirmar que tras las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y el Bloque Cacique Nutibara estuvieron empresarios y sectores privados, como después lo ratificó en sus declaraciones Diego Fernando Murillo Bejarano, conocido como Don Berna.
No en vano, el allanamiento del Parqueadero Padilla y sus hallazgos ocasionaron el asesinato de por lo menos siete investigadores del CTI de la Fiscalía por la gravedad de lo que contenía la información encontrada.
Pero una de las cosas más dicientes de la evidencia encontrada es que desde el Parqueadero Padilla, y a través de Soto Toro, alias Lucas, se financiaron, planearon y apoyaron logísticamente las masacres ocurridas entre 1994 y 1998.
Así como se oye.
Entre esas horrorosas masacres que fueron apoyadas desde el Parqueadero Padilla se encuentra la de La Granja, en Ituango (Antioquia), el 15 de julio de 1996; también la de Pichilín, en Morroa (Sucre), el 4 de diciembre de 1996, y la de El Aro, también en Ituango, el 22 de octubre de 1997. Todas, mientras Álvaro Uribe Vélez era gobernador. (Ver Sentencia).
Es importante recordar que el 31 de mayo de 2018 la Corte Suprema de Justicia declaró la masacre de El Aro, la masacre de La Granja y el asesinato de Jesús María Valle como crímenes de lesa humanidad.
Pues bien, desde el parqueadero está documentado que el paramilitar Soto Toro coordinaba las relaciones y operaciones con las autoridades militares y les suministraba hombres, armamento y recursos a los bloques y estructuras de las Autodefensas con los cuales se cometieron las más graves violaciones al derecho internacional humanitario en esas masacres.
Como establece la sentencia del magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, existe otro elemento que confirma esta relación y es la nómina paralela de la Oficina de Envigado entregada por Juan Carlos Sierra, más conocido como el Tuso Sierra, que muestra la lista de personas que aportaban recursos o que recibían sobornos de dicha oficina.
Esa evidencia documental entregada por, en este momento, uno de los defensores del expresidente Uribe incluía a congresistas, altos funcionarios públicos, dirigentes políticos, oficiales del Ejército y la Policía, y miembros de la Fiscalía, algunos ya condenados o con reconocidos vínculos con los grupos paramilitares, como los congresistas Óscar Suárez Mira, Miguel Alfonso de la Espriella, Eleonora María Pineda Arce, Rocío Arias Hoyos y nada más ni nada menos que el primo del expresidente, Mario Uribe Escobar. (Ver Nómina paralela).
Pero volvamos al Parqueadero Padilla, ya que ahí también fue encontrada información financiera sobre unas Convivir que relacionan a Uribe Vélez.
Parte de esos expedientes encontrados fueron de la estructura y finanzas de la Convivir Orden y Desarrollo, que tuvo entre sus miembros a los paramilitares Rudolf Paffen; Salomón Feris Chadid, del Bloque Norte de las Autodefensas; Jorge Luis Alfonso López, hijo de Enilce López Romero, conocida como la Gata, y Víctor Antonio Guerra de la Espriella, primo de la senadora María del Rosario Guerra.
El mismo Guerra de la Espriella le dijo a El Tiempo el 21 de febrero de 2007 que “esta fue una de las siete primeras Convivir creadas poco después de que Pedro Juan Moreno, entonces secretario de Gobierno de Antioquia, fue a dictar una charla sobre la experiencia de las Convivir en Antioquia”. (Ver Primo de la ministra creó Convivir con paras).
Ahora bien, el paramilitar Soto Toro también tenía información financiera en el Parqueadero Padilla de la Convivir Deyavanc, cuya sigla significa “Defensores de Yarumal, Valdivia, Angostura y Campamento”, en donde Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, figuraba como el revisor fiscal.
Según los documentos encontrados en ese allanamiento, Deyavanc tenía como domicilio el municipio de Valdivia y la solicitud de personería jurídica se adelantó ante la Gobernación de Antioquia, siendo gobernador Uribe Vélez, quien les dio vida con la Resolución 42395 de 1996.
Pero más preocupante aún, el 30 de enero de 2018 el paramilitar Olguán de Jesús Agudelo Betancur, alias el Apóstol, declaró como testigo de la Fiscalía en el juicio en contra de Santiago Uribe Vélez, hermano del senador Uribe Vélez e investigado por paramilitarismo, que la Convivir Deyavanc habría sido creada mediante consenso entre el gobernador Álvaro Uribe Vélez y alias Julián Bolivar.
“Yo le mandé decir a Álvaro Uribe Vélez que cuando él fue gobernador de Antioquia, en el año 1996, hizo una visita a Yarumal en el helicóptero de la Gobernación y nosotros, las autodefensas que operábamos al mando de Mauricio Piedrahíta y de alias Pérez, le habíamos prestado la seguridad a él, que había sostenido una pequeña reunión con el grupo armado en Yarumal, donde había tratado un punto de que el grupo armado se debía convertir en una Convivir”.
La reunión, según narró el testigo, “tuvo lugar en un edificio llamado Plaza Hostal, en Yarumal, un sábado, con el doctor Álvaro Uribe Vélez, cuando él era gobernador de Antioquia […] allí se reunió con Álvaro Vásquez, Mauricio Piedrahíta y Rodrigo Pérez Alzate”. (Ver El Apóstol).
Por todos estos hechos, el magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, en la mencionada sentencia en contra del Bloque Cacique Nutibara, realizó una compulsa de copias en contra del expresidente Álvaro Uribe para que se le investigue por paramilitarismo, en especial por su responsabilidad en la masacre de El Aro. Pero hasta ahora nada de eso ha avanzado, principalmente porque el exfiscal Luis Camilo Osorio fue esencial para enterrar la investigación denominada judicialmente Parqueadero Padilla, que contenía todas estas relaciones documentadas.
@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com