En agosto de 2011 la Corte Suprema de Justicia le solicitó a la Fiscalía que llevara a cabo un allanamiento en Medellín de la oficina de abogados Sanín & Duque. La diligencia hacía parte de una investigación del tribunal por los vínculos del senador Mario Uribe con el paramilitarismo.
En el allanamiento los investigadores se llevaron varios computadores, carpetas y documentos que sirvieron como evidencia para el caso por ‘parapolítica’ que se llevaba en contra del primo del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Fuera de la evidencia en contra del primer primo, como llaman al familiar del exmandatario, el ente judicial también se encontró otras jugosas sorpresitas en la oficina de estos abogados.
Resulta que Sanín & Duque también asesoraba a los hijos del expresidente Uribe y al señor Otto Bula en diferentes temas.
Vamos por partes. Sobre el señor Bula, los investigadores se encontraron carpetas con su nombre en las que estaban registradas compraventas de bienes inmuebles superiores a $50.000 millones con personajes que servían de testaferros de la mal llamada ‘Oficina de Envigado’ y que fueron incluidos en la Lista Clinton.
Agendas, libretas, hojas cuadriculadas, manuscritos y hojas impresas en los que se registraron los negocios que tuvo el señor Bula con personas como Mario Uribe por predios e inmuebles en Sahagún y Pueblo Nuevo, Córdoba.
Es importante recordar que el exsenador Uribe, condenado por nexos con paramilitares, fue el padrino político de Bula y lo agregó al Congreso como su suplente entre los años 2000 y 2002. No se trata de si eran uribistas o santistas, se trata de que eran corruptos.
En total fueron 22 cuadernillos con información que se remitieron de la Corte Suprema a la Fiscalía, en agosto de 2012, para que se investigara el posible lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y testaferrato de personas sin fuero. (Ver Un viejo conocido de la justicia)
Sorpresivamente, la información quedó engavetada hasta ahora que salió a relucir nuevamente el señor Bula por su crucial papel en el pago de sobornos y corrupción.
Extraño.
Pero más extraño es que hay otra documentación que se encontró en el mismo allanamiento a la firma Sanín & Duque que también ha estado engavetada y que valdría la pena que la Fiscalía desempolve.
El 19 de octubre de 2011, el Jefe de la Unidad Especializada en delitos contra la Administración Pública, Martín Antonio Moreno Sanjuán, le envió al entonces director nacional de fiscalías Néstor Armando Novoa un oficio en el que le informaba del material probatorio que tenía el CTI como resultado de ese famoso allanamiento.
Como lo denunció en su momento Daniel Coronell en una columna, en la carta decía: “hace referencia el material probatorio a conductas punibles contra la administración pública en las que eventualmente estarían involucrados los hijos del Ex Presidente, Álvaro Uribe Vélez, y que se relacionan con la Zona Franca – Cundinamarca asumidos ya por la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá”. (Ver El Rompecabezas)
Entre los documentos que los investigadores encontraron hay varios escritos a mano que dan cuenta de un plan cuyo objetivo final era “excluir la tierra del alcalde. El resto llevarlo a sociedad promotora de la Zona Franca de Occidente”.
El alcalde mencionado en ese manuscrito, y propietario de esa tierras, era el de Mosquera, Cundinamarca, Álvaro Rozo Castellanos, quien era la principal autoridad de ese municipio para la época en que los lotes de los señores Tomás y Jerónimo Uribe se convirtieron en Zona Franca.
Rozo fue vital para que se diera la creación de la Zona Franca en Cundinamarca y, por consiguiente, las millonarias ganancias de los Uribe con ese proyecto.
Aunque las pruebas existen y fueron encontradas en Sanín & Duque, que al parecer se dedicaba a guardar solo tesoros, actualmente se encuentran en algún cajón oscuro de la Fiscalía ganando polvo, ya que el exfiscal Eduardo Montealegre, antes de ser Fiscal, asesoró a los hermanos Uribe para prevenir cualquier implicación penal en el negocio de la Zona Franca.
El exfiscal nunca se apartó del conocimiento de ese caso, pero tampoco movió un dedo para que se investigara a sus antiguos clientes.
En agosto de 2011 la Corte Suprema de Justicia le solicitó a la Fiscalía que llevara a cabo un allanamiento en Medellín de la oficina de abogados Sanín & Duque. La diligencia hacía parte de una investigación del tribunal por los vínculos del senador Mario Uribe con el paramilitarismo.
En el allanamiento los investigadores se llevaron varios computadores, carpetas y documentos que sirvieron como evidencia para el caso por ‘parapolítica’ que se llevaba en contra del primo del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Fuera de la evidencia en contra del primer primo, como llaman al familiar del exmandatario, el ente judicial también se encontró otras jugosas sorpresitas en la oficina de estos abogados.
Resulta que Sanín & Duque también asesoraba a los hijos del expresidente Uribe y al señor Otto Bula en diferentes temas.
Vamos por partes. Sobre el señor Bula, los investigadores se encontraron carpetas con su nombre en las que estaban registradas compraventas de bienes inmuebles superiores a $50.000 millones con personajes que servían de testaferros de la mal llamada ‘Oficina de Envigado’ y que fueron incluidos en la Lista Clinton.
Agendas, libretas, hojas cuadriculadas, manuscritos y hojas impresas en los que se registraron los negocios que tuvo el señor Bula con personas como Mario Uribe por predios e inmuebles en Sahagún y Pueblo Nuevo, Córdoba.
Es importante recordar que el exsenador Uribe, condenado por nexos con paramilitares, fue el padrino político de Bula y lo agregó al Congreso como su suplente entre los años 2000 y 2002. No se trata de si eran uribistas o santistas, se trata de que eran corruptos.
En total fueron 22 cuadernillos con información que se remitieron de la Corte Suprema a la Fiscalía, en agosto de 2012, para que se investigara el posible lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y testaferrato de personas sin fuero. (Ver Un viejo conocido de la justicia)
Sorpresivamente, la información quedó engavetada hasta ahora que salió a relucir nuevamente el señor Bula por su crucial papel en el pago de sobornos y corrupción.
Extraño.
Pero más extraño es que hay otra documentación que se encontró en el mismo allanamiento a la firma Sanín & Duque que también ha estado engavetada y que valdría la pena que la Fiscalía desempolve.
El 19 de octubre de 2011, el Jefe de la Unidad Especializada en delitos contra la Administración Pública, Martín Antonio Moreno Sanjuán, le envió al entonces director nacional de fiscalías Néstor Armando Novoa un oficio en el que le informaba del material probatorio que tenía el CTI como resultado de ese famoso allanamiento.
Como lo denunció en su momento Daniel Coronell en una columna, en la carta decía: “hace referencia el material probatorio a conductas punibles contra la administración pública en las que eventualmente estarían involucrados los hijos del Ex Presidente, Álvaro Uribe Vélez, y que se relacionan con la Zona Franca – Cundinamarca asumidos ya por la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá”. (Ver El Rompecabezas)
Entre los documentos que los investigadores encontraron hay varios escritos a mano que dan cuenta de un plan cuyo objetivo final era “excluir la tierra del alcalde. El resto llevarlo a sociedad promotora de la Zona Franca de Occidente”.
El alcalde mencionado en ese manuscrito, y propietario de esa tierras, era el de Mosquera, Cundinamarca, Álvaro Rozo Castellanos, quien era la principal autoridad de ese municipio para la época en que los lotes de los señores Tomás y Jerónimo Uribe se convirtieron en Zona Franca.
Rozo fue vital para que se diera la creación de la Zona Franca en Cundinamarca y, por consiguiente, las millonarias ganancias de los Uribe con ese proyecto.
Aunque las pruebas existen y fueron encontradas en Sanín & Duque, que al parecer se dedicaba a guardar solo tesoros, actualmente se encuentran en algún cajón oscuro de la Fiscalía ganando polvo, ya que el exfiscal Eduardo Montealegre, antes de ser Fiscal, asesoró a los hermanos Uribe para prevenir cualquier implicación penal en el negocio de la Zona Franca.
El exfiscal nunca se apartó del conocimiento de ese caso, pero tampoco movió un dedo para que se investigara a sus antiguos clientes.