La defensa del exsubdirector del DAS José Miguel Narváez Martínez, condenado a 30 años de prisión como determinador responsable del homicidio del humorista Jaime Garzón, acaba de radicar un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá para buscar tumbar la condena en su contra.
Mientras la justicia decide esa apelación, vale la pena estudiar otro horrible caso en donde su responsabilidad y participación aún no se ha medido en su totalidad por la justicia.
Alfredo Rafael Francisco Correa de Andreis era un respetado académico costeño que se había dedicado durante 23 años a la docencia y se destacaba por desarrollar un importante trabajo social con poblaciones víctimas de la violencia en situación de desplazamiento y quienes fueron afectadas por el despojo de tierras principalmente en municipios de Atlántico y Bolívar.
Se acaban de cumplir 14 años de su horrible homicidio.
Correa de Andreis se distinguió por la promoción de la defensa de los derechos humanos en la costa Caribe, labor que les generó mucha incomodidad a los grupos paramilitares y ciertos políticos, incluido el presidente de la época.
El modus operandi para desprestigiar a este profesor fue el mismo que usaron frente al humorista Jaime Garzón. Primero le montaron una acusación falsa, con testigos falsos, para señalarlo como ideólogo de las Farc. Y cuando eso no funcionó, la mejor solución fue silenciarlo, o neutralizarlo, como llama José Obdulio Gaviria a estas actividades. (Ver Declaraciones de Gaviria)
El periodista Julián Martínez nos cuenta en su libro ChuzaDAS que un funcionario del DAS llamado Javier Alfredo Valle Anaya, adscrito a la seccional de Valledupar, desde agosto de 2003 le realizaba seguimientos ilegales al profesor Correa de Andreis, por ser objetivo militar de las Auc. Valle Anaya también trabajaba para la organización paramilitar de alias Don Antonio.
Con las fotografías que durante meses le tomaron al maestro Correa de Andreis en todos los lugares que frecuentaba, el investigador del DAS se consiguió a cinco reinsertados de las Farc para que acusaran al sociólogo falsamente de pertenecer a esa guerrilla y que lo relacionaran con los registros fotográficos producto del espionaje realizado. (Ver ChuzaDAS).
La recompensa por los falsos testimonios fue un poco más de 800.000 pesos en efectivo para los desmovilizados, como lo demuestra el comprobante de pago de gastos reservados del DAS con código S.BOL.GOPE-0016 del 17 de junio de 2004.
Ese mismo día, a las 5:20 de la tarde el profesor Correa de Andreis salió del edificio de donde vivía en el barrio El Prado de Barranquilla, se despidió de su esposa y su pequeña hija, quien en ese momento tenía 13 años, y cuando se dispuso a abordar un vehículo apareció un grupo de agentes de la dirección seccional del DAS de Bolívar, apoyados por detectives de la sucursal del organismo de inteligencia del Atlántico, con una orden de detención por el delito de rebelión, emitida por el fiscal 33 de Cartagena, Demóstenes Camargo de Ávila.
En medio de la angustia e impotencia que le produjo su detención basada en falsos hechos, el profesor Correa de Andreis tres días después de su captura le escribió unas cartas al gobierno y al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, en las cuales le suplicaba al jefe de Estado que lo ayudara ante la injusticia cometida en su contra. Las cartas llegaron a manos de la hoy ministra de Trabajo, Alicia Arango, quien nunca hizo nada frente a estos hechos. (Ver Carta 20 de junio de 2004).
El tiempo le dio la razón al maestro, que salió libre ya que los hechos se demostraron falsos, pero nada les pasó a los contribuyentes al ataque en contra de su reputación. Incluso el fiscal Camargo de Ávila es hoy magistrado en los tribunales de justicia en Barranquilla.
Al que sí le cobraron este fracaso fue a la víctima.
Tres meses después de eso, el viernes 17 de septiembre de 2004, Correa de Andreis iba caminando en compañía de su escolta Edelberto Ochoa Martínez por la carrera 53 con calle 60 en Barranquilla. A las 2:20 de la tarde apareció un sicario en la vía pública y los sentenció a la muerte. Según testificaron las personas que presenciaron el atentado, primero ejecutaron a su guardaespaldas, y antes de que acabaran con su vida, el profesor Correa de Andreis le suplicó al hombre que empuñaba el arma: “¡Hey, loco, no dispare!”. La respuesta: dos certeros disparos en la cabeza.
Por estos hechos Jorge Noguera fue condenado en septiembre de 2011 a 25 años de prisión. Pero unos archivos reservados del DAS, desconocidos hasta ahora, señalan que existen otros responsables que aún no han sido juzgados por esta injusticia.
Vamos por partes.
El 3 de abril de 2009 la Fiscalía realizó una incautación, bajo el radicado No. 45467, de los documentos de la Oficina de Archivos de la Subdirección de Análisis del DAS en donde estaban escondidos algunos expedientes del G3.
El G3 fue creado por Narváez y era un grupo clandestino que operó desde marzo de 2003 hasta octubre de 2005, cuando Jorge Noguera renunció al cargo del DAS y fue nombrado por el presidente Uribe como cónsul de Milán, en Italia.
Los integrantes de este grupo siempre trataron de ser muy cuidadosos de no dejar evidencia por lo que la mayoría de las órdenes se transmitían verbalmente.
Ahora bien, en total la Fiscalía encontró 103 carpetas que contenían información de algunos seguimientos, operaciones de espionaje y montajes del G3 a los críticos de Uribe Vélez entre los que se encuentran defensores de derechos humanos, políticos de oposición, periodistas independientes y magistrados de las altas cortes.
En esas carpetas se encuentra el documento 0033, que es la hoja de identificación del profesor Correa de Andreis como sujeto de espionaje y seguimientos ilegales. Pero, más interesante aún, también se encuentra un documento similar sobre el señor José Humberto Torres Díaz, quien es el abogado que tomó la defensa de la familia de Correa de Andreis después de su asesinato. (Ver G3 - 0033).
El archivo incluye una nota manuscrita que lo hace una joya probatoria. Este es el apartado: “Enviado Dr. Narváez 30-ago-05”. El 30 de agosto de 2005 es casi un año después del asesinato del profesor Correa de Andreis, lo que quiere decir que después del crimen, por ordenes de Narváez, el G3 estaba espiando a su abogado para ver qué curso tomaba el proceso. (Ver Enviado Dr. Narváez).
El documento incluye las direcciones del abogado Torres Díaz, nombres de sus familiares, número de pasaporte, movimientos bancarios, cuentas de teléfono, un expediente falso para montarle y desprestigiarlo siguiendo el modus operandi de esa organización en caso de ser necesario, y los movimientos migratorios con el fin de determinar si estaba exponiendo el caso en las instancias internacionales. (Ver Expediente G3).
La letra manuscrita en ese documento secreto del DAS es de Jaime Fernando Ovalle Olaz, quien fue coordinador del G3 durante el tiempo que operó, pero que también perteneció al DAS de Córdoba y a la oficina de análisis político de ese departamento de seguridad.
Sobre Ovalle Olaz es importante tener en cuenta que salió del DAS en octubre de 2008 cuando Gustavo Petro reveló que María del Pilar Hurtado había ordenado operaciones en su contra con un documento firmado por él.
Ovalle Olaz fue capturado poco después en el marco de la investigación judicial de las chuzadas y murió en enero de 2010, pero antes de eso alcanzó a declarar ante la Fiscalía que los blancos del G3, la creación de ese grupo y todo lo que tuviera que ver con sus operaciones eran órdenes estrictas de Narváez. (Ver Declaración del 11 de junio de 2009).
Lo único que falta en esto es establecer cómo llegó tremendo personaje tan macabro y oscuro a manejar el miedoso G3 y a la subdirección del DAS. Para eso nada mejor que las palabras de su exjefe Jorge Noguera Cotes que confirmó que el nombramiento de este especialista en operaciones militares y asesinatos de opositores fue por orden directa del hoy senador Álvaro Uribe Vélez. (Ver Video de Noguera Cotes).
Otro hombre probo.
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La defensa del exsubdirector del DAS José Miguel Narváez Martínez, condenado a 30 años de prisión como determinador responsable del homicidio del humorista Jaime Garzón, acaba de radicar un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá para buscar tumbar la condena en su contra.
Mientras la justicia decide esa apelación, vale la pena estudiar otro horrible caso en donde su responsabilidad y participación aún no se ha medido en su totalidad por la justicia.
Alfredo Rafael Francisco Correa de Andreis era un respetado académico costeño que se había dedicado durante 23 años a la docencia y se destacaba por desarrollar un importante trabajo social con poblaciones víctimas de la violencia en situación de desplazamiento y quienes fueron afectadas por el despojo de tierras principalmente en municipios de Atlántico y Bolívar.
Se acaban de cumplir 14 años de su horrible homicidio.
Correa de Andreis se distinguió por la promoción de la defensa de los derechos humanos en la costa Caribe, labor que les generó mucha incomodidad a los grupos paramilitares y ciertos políticos, incluido el presidente de la época.
El modus operandi para desprestigiar a este profesor fue el mismo que usaron frente al humorista Jaime Garzón. Primero le montaron una acusación falsa, con testigos falsos, para señalarlo como ideólogo de las Farc. Y cuando eso no funcionó, la mejor solución fue silenciarlo, o neutralizarlo, como llama José Obdulio Gaviria a estas actividades. (Ver Declaraciones de Gaviria)
El periodista Julián Martínez nos cuenta en su libro ChuzaDAS que un funcionario del DAS llamado Javier Alfredo Valle Anaya, adscrito a la seccional de Valledupar, desde agosto de 2003 le realizaba seguimientos ilegales al profesor Correa de Andreis, por ser objetivo militar de las Auc. Valle Anaya también trabajaba para la organización paramilitar de alias Don Antonio.
Con las fotografías que durante meses le tomaron al maestro Correa de Andreis en todos los lugares que frecuentaba, el investigador del DAS se consiguió a cinco reinsertados de las Farc para que acusaran al sociólogo falsamente de pertenecer a esa guerrilla y que lo relacionaran con los registros fotográficos producto del espionaje realizado. (Ver ChuzaDAS).
La recompensa por los falsos testimonios fue un poco más de 800.000 pesos en efectivo para los desmovilizados, como lo demuestra el comprobante de pago de gastos reservados del DAS con código S.BOL.GOPE-0016 del 17 de junio de 2004.
Ese mismo día, a las 5:20 de la tarde el profesor Correa de Andreis salió del edificio de donde vivía en el barrio El Prado de Barranquilla, se despidió de su esposa y su pequeña hija, quien en ese momento tenía 13 años, y cuando se dispuso a abordar un vehículo apareció un grupo de agentes de la dirección seccional del DAS de Bolívar, apoyados por detectives de la sucursal del organismo de inteligencia del Atlántico, con una orden de detención por el delito de rebelión, emitida por el fiscal 33 de Cartagena, Demóstenes Camargo de Ávila.
En medio de la angustia e impotencia que le produjo su detención basada en falsos hechos, el profesor Correa de Andreis tres días después de su captura le escribió unas cartas al gobierno y al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, en las cuales le suplicaba al jefe de Estado que lo ayudara ante la injusticia cometida en su contra. Las cartas llegaron a manos de la hoy ministra de Trabajo, Alicia Arango, quien nunca hizo nada frente a estos hechos. (Ver Carta 20 de junio de 2004).
El tiempo le dio la razón al maestro, que salió libre ya que los hechos se demostraron falsos, pero nada les pasó a los contribuyentes al ataque en contra de su reputación. Incluso el fiscal Camargo de Ávila es hoy magistrado en los tribunales de justicia en Barranquilla.
Al que sí le cobraron este fracaso fue a la víctima.
Tres meses después de eso, el viernes 17 de septiembre de 2004, Correa de Andreis iba caminando en compañía de su escolta Edelberto Ochoa Martínez por la carrera 53 con calle 60 en Barranquilla. A las 2:20 de la tarde apareció un sicario en la vía pública y los sentenció a la muerte. Según testificaron las personas que presenciaron el atentado, primero ejecutaron a su guardaespaldas, y antes de que acabaran con su vida, el profesor Correa de Andreis le suplicó al hombre que empuñaba el arma: “¡Hey, loco, no dispare!”. La respuesta: dos certeros disparos en la cabeza.
Por estos hechos Jorge Noguera fue condenado en septiembre de 2011 a 25 años de prisión. Pero unos archivos reservados del DAS, desconocidos hasta ahora, señalan que existen otros responsables que aún no han sido juzgados por esta injusticia.
Vamos por partes.
El 3 de abril de 2009 la Fiscalía realizó una incautación, bajo el radicado No. 45467, de los documentos de la Oficina de Archivos de la Subdirección de Análisis del DAS en donde estaban escondidos algunos expedientes del G3.
El G3 fue creado por Narváez y era un grupo clandestino que operó desde marzo de 2003 hasta octubre de 2005, cuando Jorge Noguera renunció al cargo del DAS y fue nombrado por el presidente Uribe como cónsul de Milán, en Italia.
Los integrantes de este grupo siempre trataron de ser muy cuidadosos de no dejar evidencia por lo que la mayoría de las órdenes se transmitían verbalmente.
Ahora bien, en total la Fiscalía encontró 103 carpetas que contenían información de algunos seguimientos, operaciones de espionaje y montajes del G3 a los críticos de Uribe Vélez entre los que se encuentran defensores de derechos humanos, políticos de oposición, periodistas independientes y magistrados de las altas cortes.
En esas carpetas se encuentra el documento 0033, que es la hoja de identificación del profesor Correa de Andreis como sujeto de espionaje y seguimientos ilegales. Pero, más interesante aún, también se encuentra un documento similar sobre el señor José Humberto Torres Díaz, quien es el abogado que tomó la defensa de la familia de Correa de Andreis después de su asesinato. (Ver G3 - 0033).
El archivo incluye una nota manuscrita que lo hace una joya probatoria. Este es el apartado: “Enviado Dr. Narváez 30-ago-05”. El 30 de agosto de 2005 es casi un año después del asesinato del profesor Correa de Andreis, lo que quiere decir que después del crimen, por ordenes de Narváez, el G3 estaba espiando a su abogado para ver qué curso tomaba el proceso. (Ver Enviado Dr. Narváez).
El documento incluye las direcciones del abogado Torres Díaz, nombres de sus familiares, número de pasaporte, movimientos bancarios, cuentas de teléfono, un expediente falso para montarle y desprestigiarlo siguiendo el modus operandi de esa organización en caso de ser necesario, y los movimientos migratorios con el fin de determinar si estaba exponiendo el caso en las instancias internacionales. (Ver Expediente G3).
La letra manuscrita en ese documento secreto del DAS es de Jaime Fernando Ovalle Olaz, quien fue coordinador del G3 durante el tiempo que operó, pero que también perteneció al DAS de Córdoba y a la oficina de análisis político de ese departamento de seguridad.
Sobre Ovalle Olaz es importante tener en cuenta que salió del DAS en octubre de 2008 cuando Gustavo Petro reveló que María del Pilar Hurtado había ordenado operaciones en su contra con un documento firmado por él.
Ovalle Olaz fue capturado poco después en el marco de la investigación judicial de las chuzadas y murió en enero de 2010, pero antes de eso alcanzó a declarar ante la Fiscalía que los blancos del G3, la creación de ese grupo y todo lo que tuviera que ver con sus operaciones eran órdenes estrictas de Narváez. (Ver Declaración del 11 de junio de 2009).
Lo único que falta en esto es establecer cómo llegó tremendo personaje tan macabro y oscuro a manejar el miedoso G3 y a la subdirección del DAS. Para eso nada mejor que las palabras de su exjefe Jorge Noguera Cotes que confirmó que el nombramiento de este especialista en operaciones militares y asesinatos de opositores fue por orden directa del hoy senador Álvaro Uribe Vélez. (Ver Video de Noguera Cotes).
Otro hombre probo.
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