En los archivos del liquidado Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) hay un documento que indica que el abogado Rafael Nieto Loaiza habría estado involucrado en una operación de inteligencia y propaganda negra para crear un colectivo falso de abogados que tenía la misión de infiltrar y suplantar a organizaciones defensoras de derechos humanos.
Me explico.
De acuerdo con el documento, el “núcleo de apoyo directo” para esta operación lo componían dos personas: Nieto Loaiza y José Miguel Narváez Martínez, exsubdirector del DAS hoy condenado a 30 años de prisión como determinador del asesinato de Jaime Garzón.
El papel fue encontrado en abril de 2009 cuando la Fiscalía allanó la sede del DAS tras el rastro del G3, un brazo criminal de Inteligencia del DAS creado por José Miguel Narváez para hacer seguimientos ilegales e interceptaciones contra opositores del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, defensores de derechos humanos, periodistas independientes y magistrados de las altas cortes.
El G3 fue un grupo clandestino que operó desde marzo de 2003 hasta octubre de 2005, cuando Jorge Noguera renunció al cargo del DAS y fue nombrado por el entonces presidente Uribe como cónsul en Milán, Italia.
Los integrantes del G3 trataron de no dejar huella de sus acciones. Por eso la mayoría de las órdenes se transmitían verbalmente. Sin embargo, en el allanamiento la Fiscalía encontró 103 carpetas que contenían información de seguimientos, operaciones de espionaje y montajes realizados por ese grupo (Ver Las tareas del G3).
Dos de esas carpetas llaman especialmente la atención a la luz de recientes revelaciones sobre chuzadas. Cada una tiene más de 300 folios con fotografías, interceptaciones de correos electrónicos e informes de espionaje a un grupo de abogados que llevaban procesos contra el Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano judicial autónomo de la Organización de los Estados Americanos con sede en San José de Costa Rica.
Uno de esos documentos es un resumen de todos los casos contra el Estado colombiano en la CIDH desde 1997 al año 2004. (Ver Secreto).
El documento, en su sección de “Resumen ejecutivo”, establece que la CIDH, con sede en San José de Costa Rica, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, “son escenarios políticos estratégicos utilizados por ONG nacionales e internacionales para buscar el desprestigio del Estado colombiano a través de denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de organismos de seguridad o negligencia de los gobiernos para atender asuntos sociales”. (Ver A.Z. 53)
Para neutralizar esto, el G3 puso en marcha una operación de espionaje a los abogados que llevaban estos casos, como el Colectivo José Alvear Restrepo (Cajar), por lo cual obran en el expediente, entre otras evidencias, correos electrónicos de varios de sus miembros, un organigrama de su estructura, perfiles de sus abogados e informes de seguimientos y espionaje a sus funcionarios en San José de Costa Rica. (Ver Informe Cajar).
En el expediente también hay pruebas de que el G3 espió a los jueces de la CIDH en ese país y creó una ONG falsa en San José llamada Colectivo Simón Bolívar. (Ver Reservado).
Aquí se pone buena la historia.
Esa fachada fue presentada como una “organización no gubernamental de derechos humanos que integra la solidaridad latinoamericana en torno al respeto a los principios fundamentales de tod@s I@s habitantes hispanos de nuestro continente. (…) Con sede central en San José (Costa Rica), si bien cuenta con asociaciones élites que contribuyen a su misión en Colombia, como la Corporación Verdad y Justicia y el Servicio Colombiano de Información y Estadística para la Prevención de Conflictos”. (Ver Fachada y situación real).
Estas dos últimas organizaciones también fueron fachadas del DAS en Colombia y desde ellas se realizaron campañas de desprestigio contra defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y miembros de la oposición. En el expediente también hay numerosa documentación respecto a esas organizaciones. Pero no nos desviemos del trabajo de espionaje que el DAS hizo en Costa Rica.
Según la evidencia documental, la financiación de esa ONG falsa vendría de “colombianos en el exterior y recursos propios del DAS” y sus representantes serían miembros de la Dirección General de Inteligencia de ese organismo.
Y aquí viene lo mejor.
En el cuaderno 126, folio 179, del expediente de la Fiscalía Delegada 11 ante la Corte Suprema de Justicia, se describe que el núcleo de apoyo directo para el trabajo de ese colectivo serían los señores “José Miguel Narváez y Rafael Nieto Loaiza”. (Ver Folio 179).
Hoy el asesino José Miguel Narváez purga su condena por varios delitos, entre ellos chuzadas, en el Batallón de Comunicaciones del Ejército en Facatativá.
El mismo batallón que fue allanado el pasado 18 de diciembre por orden de la Corte Suprema y que la revista Semana menciona como uno de los centros de seguimientos ilegales en su artículo “Chuzadas sin cuartel”. Uno de los hombres que participó en las operaciones ilegales asegura que la información era entregada “a un reconocido político del Centro Democrático”. (Ver Chuzadas sin cuartel).
Nieto Loaiza, prestigioso abogado, exviceministro del Interior y de Justicia del gobierno de Uribe Vélez y virtual precandidato presidencial del Centro Democrático, ha declarado enfáticamente que él no es el “reconocido político del Centro Democrático” al que se refiere la fuente citada por Semana.
Eso sí, él mismo reconoce que su declaración no ha convencido a todo el mundo. En su más reciente columna, “Las chuzadas y el CD”, Nieto Loaiza narra: “El director de Semana, cuando se le preguntó si no era yo quien habría recibido esa información, no desmintió. Dijo que no podía confirmarlo porque les ‘falta evidencia’. Como a buen entendedor pocas palabras bastan, tengo claro que para Santos el ‘reconocido político del CD’ soy yo”. (Ver Columna).
Vaya uno a saber por qué hay gente que no le cree a una persona con tan claros antecedentes.
@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com
En los archivos del liquidado Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) hay un documento que indica que el abogado Rafael Nieto Loaiza habría estado involucrado en una operación de inteligencia y propaganda negra para crear un colectivo falso de abogados que tenía la misión de infiltrar y suplantar a organizaciones defensoras de derechos humanos.
Me explico.
De acuerdo con el documento, el “núcleo de apoyo directo” para esta operación lo componían dos personas: Nieto Loaiza y José Miguel Narváez Martínez, exsubdirector del DAS hoy condenado a 30 años de prisión como determinador del asesinato de Jaime Garzón.
El papel fue encontrado en abril de 2009 cuando la Fiscalía allanó la sede del DAS tras el rastro del G3, un brazo criminal de Inteligencia del DAS creado por José Miguel Narváez para hacer seguimientos ilegales e interceptaciones contra opositores del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, defensores de derechos humanos, periodistas independientes y magistrados de las altas cortes.
El G3 fue un grupo clandestino que operó desde marzo de 2003 hasta octubre de 2005, cuando Jorge Noguera renunció al cargo del DAS y fue nombrado por el entonces presidente Uribe como cónsul en Milán, Italia.
Los integrantes del G3 trataron de no dejar huella de sus acciones. Por eso la mayoría de las órdenes se transmitían verbalmente. Sin embargo, en el allanamiento la Fiscalía encontró 103 carpetas que contenían información de seguimientos, operaciones de espionaje y montajes realizados por ese grupo (Ver Las tareas del G3).
Dos de esas carpetas llaman especialmente la atención a la luz de recientes revelaciones sobre chuzadas. Cada una tiene más de 300 folios con fotografías, interceptaciones de correos electrónicos e informes de espionaje a un grupo de abogados que llevaban procesos contra el Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano judicial autónomo de la Organización de los Estados Americanos con sede en San José de Costa Rica.
Uno de esos documentos es un resumen de todos los casos contra el Estado colombiano en la CIDH desde 1997 al año 2004. (Ver Secreto).
El documento, en su sección de “Resumen ejecutivo”, establece que la CIDH, con sede en San José de Costa Rica, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, “son escenarios políticos estratégicos utilizados por ONG nacionales e internacionales para buscar el desprestigio del Estado colombiano a través de denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de organismos de seguridad o negligencia de los gobiernos para atender asuntos sociales”. (Ver A.Z. 53)
Para neutralizar esto, el G3 puso en marcha una operación de espionaje a los abogados que llevaban estos casos, como el Colectivo José Alvear Restrepo (Cajar), por lo cual obran en el expediente, entre otras evidencias, correos electrónicos de varios de sus miembros, un organigrama de su estructura, perfiles de sus abogados e informes de seguimientos y espionaje a sus funcionarios en San José de Costa Rica. (Ver Informe Cajar).
En el expediente también hay pruebas de que el G3 espió a los jueces de la CIDH en ese país y creó una ONG falsa en San José llamada Colectivo Simón Bolívar. (Ver Reservado).
Aquí se pone buena la historia.
Esa fachada fue presentada como una “organización no gubernamental de derechos humanos que integra la solidaridad latinoamericana en torno al respeto a los principios fundamentales de tod@s I@s habitantes hispanos de nuestro continente. (…) Con sede central en San José (Costa Rica), si bien cuenta con asociaciones élites que contribuyen a su misión en Colombia, como la Corporación Verdad y Justicia y el Servicio Colombiano de Información y Estadística para la Prevención de Conflictos”. (Ver Fachada y situación real).
Estas dos últimas organizaciones también fueron fachadas del DAS en Colombia y desde ellas se realizaron campañas de desprestigio contra defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y miembros de la oposición. En el expediente también hay numerosa documentación respecto a esas organizaciones. Pero no nos desviemos del trabajo de espionaje que el DAS hizo en Costa Rica.
Según la evidencia documental, la financiación de esa ONG falsa vendría de “colombianos en el exterior y recursos propios del DAS” y sus representantes serían miembros de la Dirección General de Inteligencia de ese organismo.
Y aquí viene lo mejor.
En el cuaderno 126, folio 179, del expediente de la Fiscalía Delegada 11 ante la Corte Suprema de Justicia, se describe que el núcleo de apoyo directo para el trabajo de ese colectivo serían los señores “José Miguel Narváez y Rafael Nieto Loaiza”. (Ver Folio 179).
Hoy el asesino José Miguel Narváez purga su condena por varios delitos, entre ellos chuzadas, en el Batallón de Comunicaciones del Ejército en Facatativá.
El mismo batallón que fue allanado el pasado 18 de diciembre por orden de la Corte Suprema y que la revista Semana menciona como uno de los centros de seguimientos ilegales en su artículo “Chuzadas sin cuartel”. Uno de los hombres que participó en las operaciones ilegales asegura que la información era entregada “a un reconocido político del Centro Democrático”. (Ver Chuzadas sin cuartel).
Nieto Loaiza, prestigioso abogado, exviceministro del Interior y de Justicia del gobierno de Uribe Vélez y virtual precandidato presidencial del Centro Democrático, ha declarado enfáticamente que él no es el “reconocido político del Centro Democrático” al que se refiere la fuente citada por Semana.
Eso sí, él mismo reconoce que su declaración no ha convencido a todo el mundo. En su más reciente columna, “Las chuzadas y el CD”, Nieto Loaiza narra: “El director de Semana, cuando se le preguntó si no era yo quien habría recibido esa información, no desmintió. Dijo que no podía confirmarlo porque les ‘falta evidencia’. Como a buen entendedor pocas palabras bastan, tengo claro que para Santos el ‘reconocido político del CD’ soy yo”. (Ver Columna).
Vaya uno a saber por qué hay gente que no le cree a una persona con tan claros antecedentes.
@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com