A principios de junio se conoció que la vicefiscal general María Paulina Riveros resolvió una apelación en la que consideró que existen suficientes pruebas para llevar a juicio al hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez por supuestos nexos con paramilitares. Duro.
Una revisión de la decisión de ese despacho deja ver que la Fiscalía está mucho más que convencida de los vínculos del reconocido ganadero, Santiago Uribe Vélez, con la ilegalidad y de su papel en la muerte de un grupo de personas organizada por el grupo de Los Doce Apóstoles.
Vamos por partes.
Las pruebas del expediente muestran que una gran cantidad de personas señalan la existencia inequívoca del grupo organizado al margen de la ley denominado como Los Doce Apóstoles. Eso para empezar.
La Fiscalía explica que, con sustento en la misma evidencia, “el propósito de este grupo criminal era la comisión de homicidios selectivos de personas señaladas de ser auxiliadores de la guerrilla o indeseables sociales (…) los homicidios perpetrados no obedecían al capricho o al arbitrio de los miembros de la organización, sino que, por el contrario, dependían de las directrices que se trazaran por parte de sus líderes”. (Ver Página 99)
Según esto Los Doce Apóstoles era una estructura organizada que respondía a un liderazgo. Ese liderazgo era el del hermano del expresidente Uribe.
Para demostrar eso dice el documento firmado por la vicefiscal Riveros, que aquellas personas que eran identificadas por tener lazos con la guerrilla o por ser indeseables sociales, se incluían en un documento para luego organizar y gestar su asesinato. “Lista negra fue el nombre que recibió el soporte que contenía los nombres de estas personas”. (Ver Página 100)
Muy ordenados los asesinos con lista en mano.
La Fiscalía, según la evidencia dice que esto se puede soportar gracias a las declaraciones de los señores Juan Carlos Meneses Quintero, Alexander de Jesús Amaya Vargas, Eunicio Alfonso Pineda Luján, Albeiro Martínez Vergara, John Jairo Álvarez Agudelo, Olguan de Jesús Agudelo Betancur y Pablo Hernán Sierra García.
Y que “se puede establecer como un hecho cierto y probado que el señor Santiago Uribe Vélez ejercía la dirección y coordinación del grupo de Los Doce Apóstoles (…) A partir de las directrices que trazaba él con los otros líderes de la organización al margen de la ley, se diseñaban las estrategias para lograr el asesinato de las personas que aparecían en la famosa lista.” (Ver Página 100 - 101)
Fulminante.
Con esto la Fiscalía deja claro que la evidencia en contra del hermano del expresidente no se trata de un falso testigo sin rostro, como lo ha establecido una y otra vez la defensa del ganadero antioqueño, ni tampoco que no puede ser tomado su testimonio como confiable por su pasado judicial y sus retractaciones. No.
La Fiscalía demuestra que existen múltiples testigos directos, e incluso algunos indirectos, que dejan la certeza de la vinculación del hermano del expresidente Uribe en este oscuro capítulo de Colombia.
El acervo probatorio incluye a pesos pesados de la estructura paramilitar como Salvatore Mancuso Gómez, quien manifestó que tuvo conocimiento sobre el liderazgo que ejercía Santiago Uribe Vélez en el grupo de Los Doce Apóstoles, “pues se le ordenó por los hermanos Castaño Gil, al realizar una operación militar en la zona de influencia de este grupo al margen de la ley, que previamente debía realizar coordinaciones con el aquí procesado o, con quien este designara, para ingresar militarmente en los municipios de Campamento y Yarumal”. (Ver Página 101)
Es decir los Castaño pedían casi permiso al hermano de Álvaro Uribe Vélez para la entrada de los paramilitares en los municipios controlados por Los Doce Apóstoles.
Finalmente la Fiscalía establece, gracias al acervo probatorio, que “era comprobado que Santiago Uribe coordinaba con la Fuerza Pública de la zona, las operaciones de los paramilitares para no tener problemas”. Es decir su poder en los municipios de Yarumal y Campamento era tal que podía coordinar con las autoridades para que lo dejaran hacer lo que quisiera, principalmente delitos.
Después de la contundencia del documento de la Fiscalía, de la cantidad de pruebas que existen en contra del ganadero y de la claridad de los hechos, queda muy poco que su defensa pueda argumentar ante la corte que lo va a juzgar por las conductas punibles de homicidio y concierto para delinquir, más allá que seguir gritando falsamente que esto hace parte de la persecución política en contra del expresidente Uribe.
Persecución es lo que montaron Los Doce Apóstoles, con lista en mano, a todos los que denominaban indeseables o enemigos. Eso sí es persecución.
A principios de junio se conoció que la vicefiscal general María Paulina Riveros resolvió una apelación en la que consideró que existen suficientes pruebas para llevar a juicio al hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez por supuestos nexos con paramilitares. Duro.
Una revisión de la decisión de ese despacho deja ver que la Fiscalía está mucho más que convencida de los vínculos del reconocido ganadero, Santiago Uribe Vélez, con la ilegalidad y de su papel en la muerte de un grupo de personas organizada por el grupo de Los Doce Apóstoles.
Vamos por partes.
Las pruebas del expediente muestran que una gran cantidad de personas señalan la existencia inequívoca del grupo organizado al margen de la ley denominado como Los Doce Apóstoles. Eso para empezar.
La Fiscalía explica que, con sustento en la misma evidencia, “el propósito de este grupo criminal era la comisión de homicidios selectivos de personas señaladas de ser auxiliadores de la guerrilla o indeseables sociales (…) los homicidios perpetrados no obedecían al capricho o al arbitrio de los miembros de la organización, sino que, por el contrario, dependían de las directrices que se trazaran por parte de sus líderes”. (Ver Página 99)
Según esto Los Doce Apóstoles era una estructura organizada que respondía a un liderazgo. Ese liderazgo era el del hermano del expresidente Uribe.
Para demostrar eso dice el documento firmado por la vicefiscal Riveros, que aquellas personas que eran identificadas por tener lazos con la guerrilla o por ser indeseables sociales, se incluían en un documento para luego organizar y gestar su asesinato. “Lista negra fue el nombre que recibió el soporte que contenía los nombres de estas personas”. (Ver Página 100)
Muy ordenados los asesinos con lista en mano.
La Fiscalía, según la evidencia dice que esto se puede soportar gracias a las declaraciones de los señores Juan Carlos Meneses Quintero, Alexander de Jesús Amaya Vargas, Eunicio Alfonso Pineda Luján, Albeiro Martínez Vergara, John Jairo Álvarez Agudelo, Olguan de Jesús Agudelo Betancur y Pablo Hernán Sierra García.
Y que “se puede establecer como un hecho cierto y probado que el señor Santiago Uribe Vélez ejercía la dirección y coordinación del grupo de Los Doce Apóstoles (…) A partir de las directrices que trazaba él con los otros líderes de la organización al margen de la ley, se diseñaban las estrategias para lograr el asesinato de las personas que aparecían en la famosa lista.” (Ver Página 100 - 101)
Fulminante.
Con esto la Fiscalía deja claro que la evidencia en contra del hermano del expresidente no se trata de un falso testigo sin rostro, como lo ha establecido una y otra vez la defensa del ganadero antioqueño, ni tampoco que no puede ser tomado su testimonio como confiable por su pasado judicial y sus retractaciones. No.
La Fiscalía demuestra que existen múltiples testigos directos, e incluso algunos indirectos, que dejan la certeza de la vinculación del hermano del expresidente Uribe en este oscuro capítulo de Colombia.
El acervo probatorio incluye a pesos pesados de la estructura paramilitar como Salvatore Mancuso Gómez, quien manifestó que tuvo conocimiento sobre el liderazgo que ejercía Santiago Uribe Vélez en el grupo de Los Doce Apóstoles, “pues se le ordenó por los hermanos Castaño Gil, al realizar una operación militar en la zona de influencia de este grupo al margen de la ley, que previamente debía realizar coordinaciones con el aquí procesado o, con quien este designara, para ingresar militarmente en los municipios de Campamento y Yarumal”. (Ver Página 101)
Es decir los Castaño pedían casi permiso al hermano de Álvaro Uribe Vélez para la entrada de los paramilitares en los municipios controlados por Los Doce Apóstoles.
Finalmente la Fiscalía establece, gracias al acervo probatorio, que “era comprobado que Santiago Uribe coordinaba con la Fuerza Pública de la zona, las operaciones de los paramilitares para no tener problemas”. Es decir su poder en los municipios de Yarumal y Campamento era tal que podía coordinar con las autoridades para que lo dejaran hacer lo que quisiera, principalmente delitos.
Después de la contundencia del documento de la Fiscalía, de la cantidad de pruebas que existen en contra del ganadero y de la claridad de los hechos, queda muy poco que su defensa pueda argumentar ante la corte que lo va a juzgar por las conductas punibles de homicidio y concierto para delinquir, más allá que seguir gritando falsamente que esto hace parte de la persecución política en contra del expresidente Uribe.
Persecución es lo que montaron Los Doce Apóstoles, con lista en mano, a todos los que denominaban indeseables o enemigos. Eso sí es persecución.