Además de los periodistas y abogados que están siendo amenazados por haber destapado el escándalo de la Ñeñepolítica, ahora resulta que los investigadores de la Dirección Central de Policía Judicial e Inteligencia (Dijin), que obtuvieron los audios del narcotraficante José Guillermo Ñeñe Hernández hablando con María Claudia Daza Castro, también están siendo perseguidos y hostigados. El mundo al revés.
Esta historia empieza con un testigo de suma importancia llamado José Carlos García Cataño que siendo jefe de finanzas de la organización delictiva de Marcos de Jesús Figueroa García, alias Marquitos, en específico con relación al cobro de contrabando de combustible entre 2011 y 2014, entregó valiosa información a las autoridades de la estructura criminal de la que también hacía parte el Ñeñe Hernández.
El testigo entregó información sobre cómo se movía la organización, los asesinatos que cometían, los movimientos de dinero y los funcionarios como el fiscal Alcides Pimienta Rosado, ya condenado por favorecer dicha estructura, que hacían parte de la nómina del narcotraficante Marquitos Figueroa. García Cataño también entregó información sobre el homicidio del joven Óscar Eduardo Rodríguez Pomar que habría sido cometido por el Ñeñe Hernández para librarse de una deuda. (Ver Declaración Juramentada).
Es importante recordar que el asesinato de Rodríguez Pomar, un joven de 29 años, fue cometido el 18 de agosto de 2011 en el barrio El Prado de Barranquilla, cuando parqueaba su camioneta en una sastrería propiedad de su familia. Su asesinato fue un error ya que Óscar Eduardo Rodríguez era el hijo mayor de Carlos Rodríguez, un hombre que pagó prisión en Estados Unidos por lavado de activos, a quien alias el Ñeñe Hernández le debía más de $1.000 millones. Para no pagarle lo mandó a matar.
Sencillo.
Pues el testigo García Cataño aportó información valiosa sobre la forma como el Ñeñe Hernández decidió asesinar a Rodríguez, pero se equivocó matando al hijo. También aportó los nombres y teléfonos de las personas claves en la estructura de Marquitos Figueroa.
Con eso empezó todo este escándalo de la Ñeñepolítica. Dicha información sirvió para que los investigadores de policía judicial le solicitaran a la Fiscalía 21 de Crimen Organizado, que llevaba el proceso del asesinato del joven de 29 años, que autorizara las interceptaciones legales de las líneas celulares del Ñeñe Hernández y de seis personas más. (Ver Génesis Estructura).
Esa solicitud de interceptación se dio el día 24 de mayo de 2018, cuando fueron aprobadas legalmente todas las líneas celulares. Acá viene un dato de cuidado.
Un mes después de que las autoridades estuvieran escuchando legalmente las llamadas de estas siete personas, entre las cuales se encuentran las conversaciones del Ñeñe con Cayita Daza, la hasta hace poco asesora de la Unidad de Trabajo Legislativo más cercana del senador Álvaro Uribe Vélez, uno de los analistas de la Dijin que escuchaba las grabaciones estableció que cuatro de las líneas interceptadas no eran de las personas correctas.
Posteriormente se pudo determinar que esas cuatro líneas no eran de personas de la organización de Marquitos Figueroa, sino que al parecer eran de otros policías activos de la misma Dijin que estaban hablando de presuntos asuntos relacionados con narcotráfico pero que nada tenían que ver con la estructura de Marquitos ni con el asesinato de Óscar Rodríguez.
Una vez seguros de esto, los investigadores informaron de la situación a la fiscal del caso quien decidió cancelar dichas interceptaciones y pasar la información para que eso fuera investigado por otra entidad.
Esa eventualidad generó una investigación a principios de 2019 para establecer las razones por las cuales se interceptaron esas cuatro líneas equivocadamente, sin desmeritar que la interceptación de la línea del Ñeñe Hernández fue completamente legal y crucial para determinar no solo sus actividades como el brazo político de la organización de Marquitos Figueroa, sino también su involucramiento en el asesinato del joven Rodríguez Pomar.
Fueron dos momentos probatorios que se tienen en audio. El primero, del 26 de mayo de 2018 al 19 de noviembre del mismo año, que es el más interesante para la política nacional, ya que es en plena campaña electoral. Y posteriormente se dio una prórroga del 19 de noviembre de 2018 al 1° de mayo de 2019. Los investigadores de la Dijin produjeron dos informes de Policía Judicial para cada uno de esos periodos y ambos fueron enviados respectivamente a la Fiscalía 21 de Crimen Organizado. (Ver Informe Investigador de Campo).
El primero se envió el 17 de mayo de 2019 a la entonces fiscal 21, Yenny Andrea Ortiz Ladino, y el segundo reporte fue dirigido al nuevo fiscal al frente de esa entidad, Miguel Olaya Cuervo, el 29 de agosto de 2019. (Ver Informe FPJ-11).
En ambos casos los analistas le solicitaron a la Fiscalía compulsar copias para investigar un posible fraude electoral por lo que decía el Ñeñe Hernández, pero ninguno de los fiscales que vieron el caso respectivamente hizo nada sobre ese tema y, peor aún, ambos se quedaron con la evidencia engavetada sin trasladar los audios del narcotraficante hablando con personas de la campaña del presidente Iván Duque y cercanas al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.
Posteriormente vino otra jugadita digna de un premio.
En febrero de 2020 el señor Miguel Ángel del Río, abogado penalista que representa a la familia del joven asesinado Óscar Rodríguez, cuyo crimen, recordemos, fue el que dio inicio a todo este escándalo, realizó el descubrimiento probatorio de las transcripciones de esos audios dentro de su proceso legal. En ese momento solicitó los audios de las transcripciones, pero le entregaron una cantidad de documentación sin el soporte digital. Es decir, le dieron solo los papeles.
Cuando el abogado exigió nuevamente la entrega de los audios al fiscal Olaya, este le estableció primero que estos no existían, y posteriormente, que no eran importantes, lo cual hoy sabemos que era falso de ambos lados. Finalmente, le hizo entrega de los audios de la prórroga de noviembre de 2018 a mayo de 2019 y no los audios importantes que eran los previos a la campaña electoral. (Ver Solicitud).
Pues bien, cuando la Fiscalía descubrió que los informes terminaron en los medios de comunicación fue que empezó una primera cacería de brujas en contra de los investigadores de la Dijin que hicieron el análisis de los audios, haciéndoles pruebas de polígrafo y otras presiones para que dijeran cómo se habían filtrado esos audios que la Fiscalía quería esconder.
No solo eso, el pasado 17 de marzo citaron de manera urgente a los analistas e investigadores de la Dijin al despacho del fiscal Daniel Ricardo Hernández Martínez, a quien le asignaron la investigación de por qué se interceptó por error a los cuatro policías en la misma orden del Ñeñe Hernández, investigación que estaba dormida hasta ahora.
Después de la citación que terminó en interrogatorio a cada uno de los analistas, varios de ellos presentaron quejas ante la Procuraduría General de la Nación y denuncias penales por hostigamiento de parte del fiscal Hernández.
Según algunos de los funcionarios de la Dijin citados por la investigación legal dirigida por el fiscal Hernández por el otro tema, se están realizando presiones y amenazas con el fin de que digan que existieron irregularidades también en las interceptaciones del Ñeñe.
Todo esto, con la posible finalidad de declarar ilegales los audios que no son ilegales, para que pierdan su valor probatorio en las investigaciones en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la Corte Suprema y la misma Fiscalía.
Esa entidad hasta ahora ha intentado de todas las formas esconder esos audios y detener la noticia de la Ñeñepolítica, incluso investigando a los funcionarios que encontraron la información y no haciendo lo que dice la ley, que es investigar lo que establece la información misma.
Eso solo ratifica la necesidad de nombrar a un fiscal ad hoc en este caso que no sea ni cercano a la campaña de Duque ni amigo del presidente como es el fiscal Barbosa, ya que hacerlo despejaría algunas de las sombras que existen en este momento sobre esa investigación.
@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com
Además de los periodistas y abogados que están siendo amenazados por haber destapado el escándalo de la Ñeñepolítica, ahora resulta que los investigadores de la Dirección Central de Policía Judicial e Inteligencia (Dijin), que obtuvieron los audios del narcotraficante José Guillermo Ñeñe Hernández hablando con María Claudia Daza Castro, también están siendo perseguidos y hostigados. El mundo al revés.
Esta historia empieza con un testigo de suma importancia llamado José Carlos García Cataño que siendo jefe de finanzas de la organización delictiva de Marcos de Jesús Figueroa García, alias Marquitos, en específico con relación al cobro de contrabando de combustible entre 2011 y 2014, entregó valiosa información a las autoridades de la estructura criminal de la que también hacía parte el Ñeñe Hernández.
El testigo entregó información sobre cómo se movía la organización, los asesinatos que cometían, los movimientos de dinero y los funcionarios como el fiscal Alcides Pimienta Rosado, ya condenado por favorecer dicha estructura, que hacían parte de la nómina del narcotraficante Marquitos Figueroa. García Cataño también entregó información sobre el homicidio del joven Óscar Eduardo Rodríguez Pomar que habría sido cometido por el Ñeñe Hernández para librarse de una deuda. (Ver Declaración Juramentada).
Es importante recordar que el asesinato de Rodríguez Pomar, un joven de 29 años, fue cometido el 18 de agosto de 2011 en el barrio El Prado de Barranquilla, cuando parqueaba su camioneta en una sastrería propiedad de su familia. Su asesinato fue un error ya que Óscar Eduardo Rodríguez era el hijo mayor de Carlos Rodríguez, un hombre que pagó prisión en Estados Unidos por lavado de activos, a quien alias el Ñeñe Hernández le debía más de $1.000 millones. Para no pagarle lo mandó a matar.
Sencillo.
Pues el testigo García Cataño aportó información valiosa sobre la forma como el Ñeñe Hernández decidió asesinar a Rodríguez, pero se equivocó matando al hijo. También aportó los nombres y teléfonos de las personas claves en la estructura de Marquitos Figueroa.
Con eso empezó todo este escándalo de la Ñeñepolítica. Dicha información sirvió para que los investigadores de policía judicial le solicitaran a la Fiscalía 21 de Crimen Organizado, que llevaba el proceso del asesinato del joven de 29 años, que autorizara las interceptaciones legales de las líneas celulares del Ñeñe Hernández y de seis personas más. (Ver Génesis Estructura).
Esa solicitud de interceptación se dio el día 24 de mayo de 2018, cuando fueron aprobadas legalmente todas las líneas celulares. Acá viene un dato de cuidado.
Un mes después de que las autoridades estuvieran escuchando legalmente las llamadas de estas siete personas, entre las cuales se encuentran las conversaciones del Ñeñe con Cayita Daza, la hasta hace poco asesora de la Unidad de Trabajo Legislativo más cercana del senador Álvaro Uribe Vélez, uno de los analistas de la Dijin que escuchaba las grabaciones estableció que cuatro de las líneas interceptadas no eran de las personas correctas.
Posteriormente se pudo determinar que esas cuatro líneas no eran de personas de la organización de Marquitos Figueroa, sino que al parecer eran de otros policías activos de la misma Dijin que estaban hablando de presuntos asuntos relacionados con narcotráfico pero que nada tenían que ver con la estructura de Marquitos ni con el asesinato de Óscar Rodríguez.
Una vez seguros de esto, los investigadores informaron de la situación a la fiscal del caso quien decidió cancelar dichas interceptaciones y pasar la información para que eso fuera investigado por otra entidad.
Esa eventualidad generó una investigación a principios de 2019 para establecer las razones por las cuales se interceptaron esas cuatro líneas equivocadamente, sin desmeritar que la interceptación de la línea del Ñeñe Hernández fue completamente legal y crucial para determinar no solo sus actividades como el brazo político de la organización de Marquitos Figueroa, sino también su involucramiento en el asesinato del joven Rodríguez Pomar.
Fueron dos momentos probatorios que se tienen en audio. El primero, del 26 de mayo de 2018 al 19 de noviembre del mismo año, que es el más interesante para la política nacional, ya que es en plena campaña electoral. Y posteriormente se dio una prórroga del 19 de noviembre de 2018 al 1° de mayo de 2019. Los investigadores de la Dijin produjeron dos informes de Policía Judicial para cada uno de esos periodos y ambos fueron enviados respectivamente a la Fiscalía 21 de Crimen Organizado. (Ver Informe Investigador de Campo).
El primero se envió el 17 de mayo de 2019 a la entonces fiscal 21, Yenny Andrea Ortiz Ladino, y el segundo reporte fue dirigido al nuevo fiscal al frente de esa entidad, Miguel Olaya Cuervo, el 29 de agosto de 2019. (Ver Informe FPJ-11).
En ambos casos los analistas le solicitaron a la Fiscalía compulsar copias para investigar un posible fraude electoral por lo que decía el Ñeñe Hernández, pero ninguno de los fiscales que vieron el caso respectivamente hizo nada sobre ese tema y, peor aún, ambos se quedaron con la evidencia engavetada sin trasladar los audios del narcotraficante hablando con personas de la campaña del presidente Iván Duque y cercanas al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.
Posteriormente vino otra jugadita digna de un premio.
En febrero de 2020 el señor Miguel Ángel del Río, abogado penalista que representa a la familia del joven asesinado Óscar Rodríguez, cuyo crimen, recordemos, fue el que dio inicio a todo este escándalo, realizó el descubrimiento probatorio de las transcripciones de esos audios dentro de su proceso legal. En ese momento solicitó los audios de las transcripciones, pero le entregaron una cantidad de documentación sin el soporte digital. Es decir, le dieron solo los papeles.
Cuando el abogado exigió nuevamente la entrega de los audios al fiscal Olaya, este le estableció primero que estos no existían, y posteriormente, que no eran importantes, lo cual hoy sabemos que era falso de ambos lados. Finalmente, le hizo entrega de los audios de la prórroga de noviembre de 2018 a mayo de 2019 y no los audios importantes que eran los previos a la campaña electoral. (Ver Solicitud).
Pues bien, cuando la Fiscalía descubrió que los informes terminaron en los medios de comunicación fue que empezó una primera cacería de brujas en contra de los investigadores de la Dijin que hicieron el análisis de los audios, haciéndoles pruebas de polígrafo y otras presiones para que dijeran cómo se habían filtrado esos audios que la Fiscalía quería esconder.
No solo eso, el pasado 17 de marzo citaron de manera urgente a los analistas e investigadores de la Dijin al despacho del fiscal Daniel Ricardo Hernández Martínez, a quien le asignaron la investigación de por qué se interceptó por error a los cuatro policías en la misma orden del Ñeñe Hernández, investigación que estaba dormida hasta ahora.
Después de la citación que terminó en interrogatorio a cada uno de los analistas, varios de ellos presentaron quejas ante la Procuraduría General de la Nación y denuncias penales por hostigamiento de parte del fiscal Hernández.
Según algunos de los funcionarios de la Dijin citados por la investigación legal dirigida por el fiscal Hernández por el otro tema, se están realizando presiones y amenazas con el fin de que digan que existieron irregularidades también en las interceptaciones del Ñeñe.
Todo esto, con la posible finalidad de declarar ilegales los audios que no son ilegales, para que pierdan su valor probatorio en las investigaciones en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la Corte Suprema y la misma Fiscalía.
Esa entidad hasta ahora ha intentado de todas las formas esconder esos audios y detener la noticia de la Ñeñepolítica, incluso investigando a los funcionarios que encontraron la información y no haciendo lo que dice la ley, que es investigar lo que establece la información misma.
Eso solo ratifica la necesidad de nombrar a un fiscal ad hoc en este caso que no sea ni cercano a la campaña de Duque ni amigo del presidente como es el fiscal Barbosa, ya que hacerlo despejaría algunas de las sombras que existen en este momento sobre esa investigación.
@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com