Trilogía de espionaje

La primera parte de esta trilogía se escribió en la Gobernación de Antioquia entre 1995 y 1997. El entonces comandante del Gaula de esa región, Mauricio Santoyo Velasco, ordenó a sus subalternos la interceptación de casi 1.800 llamadas telefónicas con una orden judicial falsa. La justificación fue que se estaba adelantando una investigación en contra de organizaciones criminales en Medellín.

Posteriormente se pudo establecer que dichas líneas telefónicas eran de diferentes defensores de derechos humanos y líderes sociales que, en muchos casos, habían denunciado las acciones ilegales de grupos paramilitares con agentes de la Fuerza Pública en el departamento de Antioquia.

El 6 de octubre del año 2000 Ángel José Quintero Mesa y Claudia Patricia Monsalve Pulgarín, activistas y defensores de derechos humanos, miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) seccional Medellín, fueron retenidos por hombres fuertemente armados en el centro de la capital de Antioquia.

Desde ese momento están desaparecidos. Claudia Patricia y Ángel José se habían incorporado a Asfaddes para denunciar y buscar a sus familiares desaparecidos y asesinados por grupos paramilitares y agentes de la Fuerza Pública.

Ambos líderes sociales fueron víctimas de escuchas ilegales por parte del Gaula mientras Álvaro Uribe Vélez era el gobernador de ese departamento.

La estrecha relación entre Santoyo y Uribe está ampliamente documentada en varias columnas así como la distancia que tomó el expresidente cuando la justicia estadounidense decidió procesar en 2012 al entonces general Santoyo Velasco por su apoyo a las Autodefensas Unidas de Colombia. (Ver Benevolencia).

En octubre de 2013 la justicia decidió también vincular a Santoyo formalmente al caso de los activistas de Asfaddes. Igualmente se solicitó que se declararan estos hechos como un crimen de lesa humanidad, en un contexto de persecución y asesinatos a defensores de derechos humanos y líderes de oposición, ya que las interceptaciones ilegales del Gaula fueron determinantes para llevar a cabo estos delitos. (Ver Comisión).

En 2004 Santoyo fue condecorado por el entonces presidente Uribe con la importante Orden al Mérito coronel Guillermo Fergusson, y durante su gobierno el corrupto oficial ocupó el cargo de agregado ante la embajada en Italia, agregado de Policía ante el Ministerio de Defensa e incluso jefe de seguridad del presidente Álvaro Uribe Vélez. (Ver Condecoración y Nombramiento).

Durante esa época transcurrió el segundo capítulo de esta trilogía.

Según la Fiscalía, “a partir del año 2004 de manera sucesiva, a través del grupo de inteligencia 3, conocido como G3, organizaron, dirigieron y promovieron de manera permanente la perpetración de delitos en contra de organizaciones defensoras de derechos humanos, sus miembros, políticos, periodistas y personalidades caracterizados por su tendencia opositora al Gobierno nacional (…) perpetraron conductas punibles atentadoras de los derechos humanos a la intimidad, como la interceptación ilícita de comunicaciones telefónicas, móviles y electrónicas de las víctimas, para lo que utilizaron los equipos de la entidad y efectuaron seguimientos arbitrarios e injustos a los aludidos personajes” (Ver Radicado 12495-11).

Como también se ha documentado en esta columna, el G3 fue un brazo oscuro dedicado al espionaje de opositores coordinado por el exsubdirector del DAS José Miguel Narváez Martínez, condenado a 30 años de prisión como determinador responsable del homicidio del humorista Jaime Garzón. (Ver Las tareas del G3).

La persona que nombró a Narváez en ese cargo fue, nada más ni nada menos, el mismo presidente Álvaro Uribe Vélez.

¿Se ve un patrón de conducta?

No todavía, pero la tercera parte de la serie sí muestra un modus operandi. Para esto, nada mejor que la declaración de William Romero Sánchez en la Fiscalía el 16 de septiembre de 2010. En ella se hace una radiografía clara del DAS y sobré cómo esta entidad lideró seguimientos y espionaje a la Corte Suprema de Justicia, por los cuales hay varios funcionarios presos, que fueron reportados a las más altas personas en Presidencia. La presidencia de Uribe Vélez.

“Con el fortalecimiento y el respaldo institucional hacia la Subdirección de Fuentes Humanas se generan todas las actividades atenientes a la penetración de la Corte Suprema de Justicia a través del reclutamiento de fuentes humanas liderado por el agente de control Y66, quien es Alba Luz Flórez, que por sus resultados entre julio y agosto de 2008, la doctora María del Pilar Hurtado, me hace asistir junto con el director general de Inteligencia, el capitán Tabares, al despacho del piso noveno del DAS y nos hace los siguientes comentarios: ‘Vengo de Presidencia y el presidente está muy contento por lo que llevé (…) con estos resultados nos hemos vuelto a ganar la confianza del señor presidente, esta es la credibilidad institucional que debemos mantener. (Ver Entrevista FPJ-14).

El señor Romero Sánchez se refiere al espionaje que se hizo en la Corte al investigador principal del caso de Mario Uribe, primo del presidente y condenado por parapolítica. (Ver El instigador).

Ahora la nueva temporada de estos hechos llega con lo expuesto por revista Semana el domingo pasado, donde el escalofriante relato permite ver que todas esas sucias actividades ilegales de espionaje y chuzadas a opositores, magistrados de cortes y periodistas son realizadas nuevamente desde la institucionalidad del Estado.

@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com