En la comunidad de San José de Apartadó hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados por personas que han residido allí de auxiliar a las Farc y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista.
Esas fueron las palabras que dio el 20 de marzo de 2005 el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, para responsabilizar a la guerrilla de las Farc por el ataque perpetrado el 21 de febrero de ese año en las veredas Mulatos y La Resbalosa en el Urabá antioqueño.
En ese sangriento ataque fueron asesinados Luis Eduardo Guerra, reconocido líder de la Comunidad de Paz; su hijo Deyner Andrés Guerra, de 11 años, y su compañera, Beyaniera Areiza, de 17 años. Después de matarlos con machetes, dejaron sus cuerpos tirados en la montaña.
También fueron acuchillados los integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó Alonso Bolívar y Sandra Milena. Y degollados y descuartizados dos niños, Natalia de cinco años de edad y Santiago de 18 meses de nacido.
Los dos primeros murieron también a machete. Los niños, según reza la necropsia, “por degüello con arma blanca”.
Tres días después del ataque, la comunidad señaló públicamente que dichos actos eran responsabilidad de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y la reacción del Estado de Colombia fue estigmatizar a la gente de la zona y señalar que ese crimen era atribuible únicamente a la guerrilla de las Farc.
En esta historia es importante resaltar el papel de uno de los primeros periodistas en llegar al lugar de los hechos y quien descubrió, con base en los testimonios de los sobrevivientes, que esa masacre fue perpetrada por las Autodefensas, en complicidad con los militares del Ejército Nacional.
Ese periodista fue Hollman Morris, que en el programa Contravía desvirtuó la estrategia del Gobierno de culpar a la guerrilla de las Farc de esas atrocidades. Como era de esperarse, esa investigación lo llevó a volverse víctima de intimidaciones y seguimientos por parte del DAS.
Con el paso de los años se ha podido establecer que, para el desarrollo del plan criminal, se dictó la orden de la Operación Fénix por parte de la Brigada XVII del Ejército, complementada con la misión táctica Feroz, en cuya planeación e idea participó el comandante del Comando Conjunto Caribe, general Mario Montoya Uribe, hoy en la JEP por “falsos positivos”.
Varios batallones fueron dispuestos para el desarrollo de la Operación Fénix, centrándose la responsabilidad en el Batallón Vélez y el Batallón de Contraguerrillas Nº 33 Cacique Lutaima, quienes dispusieron la presencia de aproximadamente 270 hombres para la operación, acompañados de más de 80 hombres del Fsan jorente Héroes de Tolová, perteneciente a los paramilitares.
Es más, tal y como lo establece el periodista Julián Martínez en su libro ChuzaDAS, documentos encontrados por la Fiscalía del grupo ilegal de inteligencia G-3 comprueban que meses antes de que el líder de la comunidad, Luis Eduardo Guerra, fuera asesinado, estaba incluido como uno de los 16 miembros de San José de Apartadó que fueron declarados como “blancos” por el DAS. (Ver Página 109 ChuzaDAS).
Pues bien, el 16 de marzo de 2010 el Juzgado Primero Especializado de Antioquia condenó a 20 años de cárcel al capitán de la Brigada 17 del Ejército, Guillermo Armando Gordillo Sánchez, por su participación en el homicidio de esas ocho personas en la llamada masacre de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Por esta razón, el 10 de diciembre de 2013 el entonces presidente, Juan Manuel Santos, pidió perdón a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó por ser acusada erróneamente por las autoridades en el pasado de apoyar a las Farc. Como respuesta, el expresidente Uribe atacó a Santos y se ratificó en establecer que personas de la Comunidad de Paz eran parte de las Farc, para defender la Operación Fénix y la misión táctica Feroz. (Ver Trinos).
Hace pocos días se conoció que la Sala Penal de la Corte Suprema condenó a 34 años a dos oficiales y cuatro suboficiales del Ejército, por su coparticipación y responsabilidad en esa masacre de Apartadó.
Encontraron culpables al teniente coronel Orlando Espinosa Beltrán, entonces comandante del Batallón Francisco de Paula Vélez, y al oficial de operaciones, mayor José Fernando Castaño. El fallo también cobija a los sargentos Henry Agudelo Cuasmayán y Ángel Padilla Petro, al cabo segundo Sabarín Cruz Reina y al cabo tercero Ricardo Bastidas Candia.
Por esta masacre en 2013 fueron llamados a indagatoria los generales retirados Luis Alfonso Zapata y Héctor Fandiño Rincón, pero el caso no se ha movido en la Fiscalía. Y si bien esta condena puede ser impugnada, la evidencia es tan demoledora que algunos dan por descontado que será ratificada.
El proceso en su acerbo probatorio incluye una declaración ante la Procuraduría del paramilitar Héver Veloza García, alias HH, quien indicó que, a través de uno de sus subalternos, se enteró de que mandos superiores del Ejército Nacional habían solicitado que se eliminara a alias Melaza porque este había puesto al descubierto la connivencia de las Auc con las tropas legales para la ejecución del operativo realizado en febrero de 2005. (Ver Sentencia).
Adriano José Cano Arteaga, o alias Melaza, era un patrullero del grupo Héroes de Tolová, que pertenecía a Don Berna y operaba entre Córdoba y Urabá, y que al momento de la masacre no se había desmovilizado.
Melaza aseguró que un paramilitar conocido como 44 fue quien dirigió la masacre y que otro conocido como Pirulo fue quien degolló a los niños. Los paramilitares estaban, según el relato, junto a unos 50 soldados al mando del capitán Gordillo, quien se habría quedado “asegurando un monte” mientras los paramilitares se adelantaron para cometer el crimen.
La declaración de alias HH también establece que los mandos “de la institución castrense”, poco después de esos hechos, solicitaron dinero para sobornar testigos con el fin de inculpar a la guerrilla de las muertes ocurridas con ocasión de la maniobra militar.
Un modus operandi que se repite para desviar las investigaciones. ¿Qué ira a decir el expresidente Uribe sobre la masacre de Apartadó ahora que se tiene esta histórica sentencia?
En la comunidad de San José de Apartadó hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados por personas que han residido allí de auxiliar a las Farc y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista.
Esas fueron las palabras que dio el 20 de marzo de 2005 el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, para responsabilizar a la guerrilla de las Farc por el ataque perpetrado el 21 de febrero de ese año en las veredas Mulatos y La Resbalosa en el Urabá antioqueño.
En ese sangriento ataque fueron asesinados Luis Eduardo Guerra, reconocido líder de la Comunidad de Paz; su hijo Deyner Andrés Guerra, de 11 años, y su compañera, Beyaniera Areiza, de 17 años. Después de matarlos con machetes, dejaron sus cuerpos tirados en la montaña.
También fueron acuchillados los integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó Alonso Bolívar y Sandra Milena. Y degollados y descuartizados dos niños, Natalia de cinco años de edad y Santiago de 18 meses de nacido.
Los dos primeros murieron también a machete. Los niños, según reza la necropsia, “por degüello con arma blanca”.
Tres días después del ataque, la comunidad señaló públicamente que dichos actos eran responsabilidad de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y la reacción del Estado de Colombia fue estigmatizar a la gente de la zona y señalar que ese crimen era atribuible únicamente a la guerrilla de las Farc.
En esta historia es importante resaltar el papel de uno de los primeros periodistas en llegar al lugar de los hechos y quien descubrió, con base en los testimonios de los sobrevivientes, que esa masacre fue perpetrada por las Autodefensas, en complicidad con los militares del Ejército Nacional.
Ese periodista fue Hollman Morris, que en el programa Contravía desvirtuó la estrategia del Gobierno de culpar a la guerrilla de las Farc de esas atrocidades. Como era de esperarse, esa investigación lo llevó a volverse víctima de intimidaciones y seguimientos por parte del DAS.
Con el paso de los años se ha podido establecer que, para el desarrollo del plan criminal, se dictó la orden de la Operación Fénix por parte de la Brigada XVII del Ejército, complementada con la misión táctica Feroz, en cuya planeación e idea participó el comandante del Comando Conjunto Caribe, general Mario Montoya Uribe, hoy en la JEP por “falsos positivos”.
Varios batallones fueron dispuestos para el desarrollo de la Operación Fénix, centrándose la responsabilidad en el Batallón Vélez y el Batallón de Contraguerrillas Nº 33 Cacique Lutaima, quienes dispusieron la presencia de aproximadamente 270 hombres para la operación, acompañados de más de 80 hombres del Fsan jorente Héroes de Tolová, perteneciente a los paramilitares.
Es más, tal y como lo establece el periodista Julián Martínez en su libro ChuzaDAS, documentos encontrados por la Fiscalía del grupo ilegal de inteligencia G-3 comprueban que meses antes de que el líder de la comunidad, Luis Eduardo Guerra, fuera asesinado, estaba incluido como uno de los 16 miembros de San José de Apartadó que fueron declarados como “blancos” por el DAS. (Ver Página 109 ChuzaDAS).
Pues bien, el 16 de marzo de 2010 el Juzgado Primero Especializado de Antioquia condenó a 20 años de cárcel al capitán de la Brigada 17 del Ejército, Guillermo Armando Gordillo Sánchez, por su participación en el homicidio de esas ocho personas en la llamada masacre de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Por esta razón, el 10 de diciembre de 2013 el entonces presidente, Juan Manuel Santos, pidió perdón a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó por ser acusada erróneamente por las autoridades en el pasado de apoyar a las Farc. Como respuesta, el expresidente Uribe atacó a Santos y se ratificó en establecer que personas de la Comunidad de Paz eran parte de las Farc, para defender la Operación Fénix y la misión táctica Feroz. (Ver Trinos).
Hace pocos días se conoció que la Sala Penal de la Corte Suprema condenó a 34 años a dos oficiales y cuatro suboficiales del Ejército, por su coparticipación y responsabilidad en esa masacre de Apartadó.
Encontraron culpables al teniente coronel Orlando Espinosa Beltrán, entonces comandante del Batallón Francisco de Paula Vélez, y al oficial de operaciones, mayor José Fernando Castaño. El fallo también cobija a los sargentos Henry Agudelo Cuasmayán y Ángel Padilla Petro, al cabo segundo Sabarín Cruz Reina y al cabo tercero Ricardo Bastidas Candia.
Por esta masacre en 2013 fueron llamados a indagatoria los generales retirados Luis Alfonso Zapata y Héctor Fandiño Rincón, pero el caso no se ha movido en la Fiscalía. Y si bien esta condena puede ser impugnada, la evidencia es tan demoledora que algunos dan por descontado que será ratificada.
El proceso en su acerbo probatorio incluye una declaración ante la Procuraduría del paramilitar Héver Veloza García, alias HH, quien indicó que, a través de uno de sus subalternos, se enteró de que mandos superiores del Ejército Nacional habían solicitado que se eliminara a alias Melaza porque este había puesto al descubierto la connivencia de las Auc con las tropas legales para la ejecución del operativo realizado en febrero de 2005. (Ver Sentencia).
Adriano José Cano Arteaga, o alias Melaza, era un patrullero del grupo Héroes de Tolová, que pertenecía a Don Berna y operaba entre Córdoba y Urabá, y que al momento de la masacre no se había desmovilizado.
Melaza aseguró que un paramilitar conocido como 44 fue quien dirigió la masacre y que otro conocido como Pirulo fue quien degolló a los niños. Los paramilitares estaban, según el relato, junto a unos 50 soldados al mando del capitán Gordillo, quien se habría quedado “asegurando un monte” mientras los paramilitares se adelantaron para cometer el crimen.
La declaración de alias HH también establece que los mandos “de la institución castrense”, poco después de esos hechos, solicitaron dinero para sobornar testigos con el fin de inculpar a la guerrilla de las muertes ocurridas con ocasión de la maniobra militar.
Un modus operandi que se repite para desviar las investigaciones. ¿Qué ira a decir el expresidente Uribe sobre la masacre de Apartadó ahora que se tiene esta histórica sentencia?