El 26 de noviembre del año pasado publiqué un informé que menciona un edificio de oficinas en la avenida 100 que ha tenido múltiples problemas que van desde hundimientos de los edificios vecinos, hasta reclamaciones de algunos de los propietarios de predios que demolieron para esa construcción.
El imponente proyecto es promovido por los constructores Fabio Acero, Gabriel Cure y Fernando Rico y está lleno de irregularidades que las autoridades han querido ignorar.
En la Alcaldía Local de Chapinero reposan desde hace meses derechos de petición de los administradores del edificio Tequendama y correspondencias de la Secretaría Distrital de Planeación solicitando su intervención para que en cumplimiento de la ley suspendan la obra por vencimiento de la licencia de construcción. (Ver Solicitud Banco Tequendama).
No para ahí.
Actualmente se surte un proceso de revocatoria de la licencia como resultado de la investigación concluida por la Comisión de Veeduría a las Curadurías Urbanas de Bogotá, entidad adscrita a la Alcaldía Mayor, como resultado de una queja en procura de la protección del espacio público y el patrimonio de la ciudad.
La reclamación fue interpuesta, nada más y nada menos, por la abogada María Mercedes Maldonado, quien fue secretaria de Hábitat en Bogotá durante la alcaldía de Gustavo Petro, y en 2014 fue designada alcaldesa interina de la ciudad.
En respuesta, la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá abrió un caso donde se revela el incumplimiento de las normativas urbanas, y se evidencian las irregularidades en los trámites y en la aprobación de las licencias expedidas para este edificio por parte del entonces curador urbano No. 2 de Bogotá, Germán Moreno Galindo. (Ver Caso 1736).
El informe incluso determinó que las licencias expedidas para ese proyecto fueron otorgadas sin cumplir el marco normativo, y los constructores tramitaron el proyecto sobre un lote cuya dimensión no se ajusta a la realidad, ni a las escrituras. (Ver Área del lote).
Gravísimo.
Llama la atención que estos constructores repetida y habitualmente tramiten sus proyectos en curadurías donde está presente la excuradora María Esther Peñaloza Leal quien, curiosamente, firma en distintas calidades profesionales estas licencias.
En la última modificación de licencia expedida a este edificio la señora Peñaloza Leal firmó en calidad de curadora, pero ha actuado también como directora de grupo y por último ha fungido como profesional responsable. (Ver Licencia).
Le faltó estampar su rúbrica como ingeniera y abogada para ser la funcionaria orquesta.
Pues bien, la abogada Maldonado es contundente al hablar del cuantioso detrimento patrimonial que esto origina. “Como consecuencia de lo que se acaba de señalar, se configuraría un detrimento patrimonial por una suma superior a $22.970.748.631 solo por concepto de plusvalía, por parte de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. El detrimento parece ser aún mayor si se suman las cargas por concepto de servicios públicos y vivienda de interés social no pagados”.
No es menor.
Pero es que este edificio ubicado en Chicó Reservado, exactamente en la carrera 11B # 99 – 55, según el documento oficial no cumple con las normas urbanísticas de carácter obligatorio. Por ejemplo, no cumple con los pagos de cargas urbanísticas según índice de construcción, no cumple con las normas de aislamientos, voladizos, estacionamientos y equipamiento comunal privado. (Ver Incumplimientos).
Peor aún, no cumple con las normas de seguridad y evacuación que exige la Norma NSR-10, títulos “J” y “K”, basada en normativas internacionales. Dice el reporte oficial, “Respecto de evacuaciones, distancias entre escaleras, circulaciones y edificaciones pertenecientes al grupo comercial (e) exigidos en la NSR-10, se evidencia que no es suficiente la evacuación del flujo de personas, y los recorridos no permiten una evacuación eficiente; no hay comunicación directa entre los puntos fijos (ascensores y escaleras) con el acceso principal del proyecto; ni protección contra incendios en sus recorridos faltando consignar en planos rociadores” (Ver Conclusiones).
Esto es grave y constituye un gran riesgo en caso de un temblor o incendio puesto que se advierte textualmente que, en casos de emergencia, se evidencia que no es suficiente la evacuación del flujo de personas; sin embargo, el edificio cuenta con cuantiosos contratos con compañías nacionales e internacionales como WeWork y Flash Mobile para que ocupen el edificio en esas condiciones.
Lo más preocupante no es todo eso, sino que las autoridades encargadas de controlar esto, después de la evidencia de este reporte, no hacen nada para evitar que los importantes constructores de este país sigan edificando estos proyectos saltándose la ley.
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El 26 de noviembre del año pasado publiqué un informé que menciona un edificio de oficinas en la avenida 100 que ha tenido múltiples problemas que van desde hundimientos de los edificios vecinos, hasta reclamaciones de algunos de los propietarios de predios que demolieron para esa construcción.
El imponente proyecto es promovido por los constructores Fabio Acero, Gabriel Cure y Fernando Rico y está lleno de irregularidades que las autoridades han querido ignorar.
En la Alcaldía Local de Chapinero reposan desde hace meses derechos de petición de los administradores del edificio Tequendama y correspondencias de la Secretaría Distrital de Planeación solicitando su intervención para que en cumplimiento de la ley suspendan la obra por vencimiento de la licencia de construcción. (Ver Solicitud Banco Tequendama).
No para ahí.
Actualmente se surte un proceso de revocatoria de la licencia como resultado de la investigación concluida por la Comisión de Veeduría a las Curadurías Urbanas de Bogotá, entidad adscrita a la Alcaldía Mayor, como resultado de una queja en procura de la protección del espacio público y el patrimonio de la ciudad.
La reclamación fue interpuesta, nada más y nada menos, por la abogada María Mercedes Maldonado, quien fue secretaria de Hábitat en Bogotá durante la alcaldía de Gustavo Petro, y en 2014 fue designada alcaldesa interina de la ciudad.
En respuesta, la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá abrió un caso donde se revela el incumplimiento de las normativas urbanas, y se evidencian las irregularidades en los trámites y en la aprobación de las licencias expedidas para este edificio por parte del entonces curador urbano No. 2 de Bogotá, Germán Moreno Galindo. (Ver Caso 1736).
El informe incluso determinó que las licencias expedidas para ese proyecto fueron otorgadas sin cumplir el marco normativo, y los constructores tramitaron el proyecto sobre un lote cuya dimensión no se ajusta a la realidad, ni a las escrituras. (Ver Área del lote).
Gravísimo.
Llama la atención que estos constructores repetida y habitualmente tramiten sus proyectos en curadurías donde está presente la excuradora María Esther Peñaloza Leal quien, curiosamente, firma en distintas calidades profesionales estas licencias.
En la última modificación de licencia expedida a este edificio la señora Peñaloza Leal firmó en calidad de curadora, pero ha actuado también como directora de grupo y por último ha fungido como profesional responsable. (Ver Licencia).
Le faltó estampar su rúbrica como ingeniera y abogada para ser la funcionaria orquesta.
Pues bien, la abogada Maldonado es contundente al hablar del cuantioso detrimento patrimonial que esto origina. “Como consecuencia de lo que se acaba de señalar, se configuraría un detrimento patrimonial por una suma superior a $22.970.748.631 solo por concepto de plusvalía, por parte de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. El detrimento parece ser aún mayor si se suman las cargas por concepto de servicios públicos y vivienda de interés social no pagados”.
No es menor.
Pero es que este edificio ubicado en Chicó Reservado, exactamente en la carrera 11B # 99 – 55, según el documento oficial no cumple con las normas urbanísticas de carácter obligatorio. Por ejemplo, no cumple con los pagos de cargas urbanísticas según índice de construcción, no cumple con las normas de aislamientos, voladizos, estacionamientos y equipamiento comunal privado. (Ver Incumplimientos).
Peor aún, no cumple con las normas de seguridad y evacuación que exige la Norma NSR-10, títulos “J” y “K”, basada en normativas internacionales. Dice el reporte oficial, “Respecto de evacuaciones, distancias entre escaleras, circulaciones y edificaciones pertenecientes al grupo comercial (e) exigidos en la NSR-10, se evidencia que no es suficiente la evacuación del flujo de personas, y los recorridos no permiten una evacuación eficiente; no hay comunicación directa entre los puntos fijos (ascensores y escaleras) con el acceso principal del proyecto; ni protección contra incendios en sus recorridos faltando consignar en planos rociadores” (Ver Conclusiones).
Esto es grave y constituye un gran riesgo en caso de un temblor o incendio puesto que se advierte textualmente que, en casos de emergencia, se evidencia que no es suficiente la evacuación del flujo de personas; sin embargo, el edificio cuenta con cuantiosos contratos con compañías nacionales e internacionales como WeWork y Flash Mobile para que ocupen el edificio en esas condiciones.
Lo más preocupante no es todo eso, sino que las autoridades encargadas de controlar esto, después de la evidencia de este reporte, no hacen nada para evitar que los importantes constructores de este país sigan edificando estos proyectos saltándose la ley.
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