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En el debate público, los muertos son más ruidosos que los vivos que hubieran podido morir. Entre otras cosas, porque quienes se salvaron no lo saben y viven su vida sin descubrir que han tenido otra oportunidad. Por eso a veces es bueno echar mano de las estadísticas para medir el impacto de los procesos y ver a los que no murieron. Jorge Restrepo, director del CERAC, una de las dos entidades que —con el CINEP— forman la Secretaría Técnica de Verificación al Acuerdo de Paz, dice que según cálculos conservadores el Acuerdo con las Farc salvó la vida de 4.900 personas. Si estos años hubieran sido de combates intensos, como en algunas épocas, esa cifra se elevaría a 7.200. Vidas que se salvaron. No son visibles y es bueno hacerlas visibles.
Por supuesto que nos debemos ocupar de las víctimas, de las vidas perdidas, de la violencia que sigue golpeando. Insistir en ello es buscar salidas y tratar de avanzar hasta que todas las vidas importen y se protejan. Sin embargo, mientras trabajamos en eso, ver lo logrado ayuda a entender que se puede aunque cueste. Hoy, cuando el debate se centra en la indignación que nos generan las penas demasiado benévolas para los líderes de las Farc por los crímenes atroces cometidos, no sobra recordar que ese es el costo que se paga por las vidas salvadas y la reducción de la violencia gracias a un Acuerdo imperfecto y lleno de debates que, a pesar de todo, ha tenido logros.
Cumplidos seis años del Acuerdo del Teatro Colón, el balance tiene luces y sombras. Lo más importante, sin duda, esas muertes evitadas. Muchas de ellas, subraya Jorge Restrepo, son vidas salvadas de miembros de la fuerza pública. Compara el 2014, un año de conflicto abierto antes de la firma, con el 2021, tras el Acuerdo. En el primero fueron 294 las muertes de uniformados, contra 138 el año pasado. Sigue siendo grave, sigue siendo doloroso y la meta es llegar a cero, pero reducir a menos de la mitad esas muertes es un logro de este país tan lleno de dolor. Jóvenes que no murieron portando un uniforme.
Primero las vidas y luego la dosis de tranquilidad en 225 municipios en donde había presencia recurrente de las Farc y que lograron salir de esa influencia. Es cierto que otros 127 municipios afectados por esa guerrilla siguen hoy bajo el impacto y la amenaza de distintos grupos ilegales, pero se avanzó en muchos. En esos ya van caminando también los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Porque, a pesar de lo que diga el debate político, con el anterior Gobierno la implementación del Acuerdo avanzó en este aspecto y en otros. En palabras de Jorge Restrepo: “El anterior Gobierno hizo lo que le correspondía y en algunos aspectos fue más allá. Sin embargo, se perdió mucho tiempo en las objeciones a la JEP y hubo una implementación selectiva porque no era su prioridad”. Se perdió tiempo valioso, pero se avanzó. Eso tampoco es fácil de ver con el fundamentalismo con el cual se suele mirar el Acuerdo de Paz.
Lo peor de la implementación: el asesinato de desmovilizados. Por lo menos 353 personas, de las que dejaron las armas y estaban cumpliendo el Acuerdo, han sido víctimas de sicarios. Vidas perdidas. Nada más grave. Y sombras también por lo que falta por el tiempo perdido: enfrentar los cultivos ilícitos, avanzar en la reforma agraria, desactivar los constantes motivos de las violencias.
El debate de las sanciones demasiado bajas, que nos indignan con justicia porque los crímenes fueron atroces, no debe opacar las vidas salvadas y la tranquilidad lograda en muchos territorios azotados por las Farc durante décadas. Es mejor tener 13.000 armas menos en las calles y veredas. Es mejor haber salvado por lo menos 4.900 vidas o tal vez más. No sabemos quiénes son, pero siguen aquí por cuenta de un Acuerdo que, por muchos problemas que tenga, es mejor que cualquier guerra.