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Ahora, en la ejecución del Acuerdo de Paz, se hace indispensable un proceso de planificación con criterios de sostenibilidad ambiental para el manejo del paisaje en los territorios de construcción de paz.
En el corto plazo, antes de que avance una radical transformación del paisaje, debemos poner en marcha una estrategia de entrega —desde ya y con duración inicial mínima de dos años— de compensaciones financieras para y por la conservación de los servicios ecosistémicos en los territorios de construcción de paz. Esto con el objetivo de que las comunidades tengan un ingreso palpable que les permita tener tiempo para pensar cuál es el paisaje que sueñan en esos territorios y así hacer posible un uso sostenible de su oferta natural.
La construcción de carreteras, el crédito, la educación y la titulación de tierras debe hacerse con un enfoque distinto al tradicional, para evitar que esos territorios se conviertan en potreros para ganadería extensiva. Como lo señala el estudio de Naciones Unidas y el Ministerio de Ambiente (2014), “Consideraciones ambientales para la construcción de una paz territorial estable, duradera y sostenible en Colombia — Insumos para la discusión”, y lo ratifica la reciente publicación de Lorenzo Morales (2017) titulada “La paz y la protección ambiental en Colombia” , publicada por The Dialogue (Washington) con el apoyo de la Fundación Moore: la paz genera oportunidades y riesgos ambientales.
El Acuerdo de Paz, como dice Morales, “abre una ventana de oportunidad inédita para anticipar y planear un desarrollo rural sostenible en Colombia. El acuerdo encierra una doble oportunidad: por un lado, introducir criterios ambientales en la planeación y diseño del nuevo ordenamiento territorial y, por el otro, asegurar que el nuevo ordenamiento que trae la paz —que es también político, social y económico— incluya criterios ambientales”.
Si articulamos los planes de acción del posconflicto con las acciones frente al cambio climático optimizaremos las inversiones y podremos atraer el apoyo de organizaciones internacionales. Para aprovechar esta oportunidad, es urgente fortalecer financieramente la política ambiental con incentivos fiscales, acuerdos de pago para servicios ambientales y mejora de la capacidad de los gobiernos locales. Debemos desarrollar mercados “verdes” y tecnologías sostenibles para la reconversión de la minería social.
Riesgos y oportunidades. Para que no sea el buldócer el que ordena el territorio y la tradición popular e institucional de “tumbar monte para generar progreso” lo que predomine, es necesario que comunidades e instituciones planifiquen con criterios de sostenibilidad el uso del territorio, antes de acelerar su transformación.
La planificación, transformación o conservación de los ecosistemas debe considerar los cambios globales. El mundo está valorizando económica y socialmente los servicios ecosistémicos y el aporte de éstos a la regulación del clima. Hoy es evidente la relación entre la conservación del patrimonio natural, el desarrollo y la calidad de vida.
Las compensaciones o pagos por servicios ambientales, que pueden y deben ser apoyados por la cooperación internacional, son una herramienta que en el corto plazo debemos usar. En Costa Rica está generando excelentes resultados y en Colombia hay experiencias exitosas y avances legislativos. Apoyemos y rescatemos la función ecológica de la propiedad.