Constitucionalismo abusivo y deterioro democrático

Parece inocuo dedicar una columna al proyecto que buscaba prolongar el período del presidente, los congresistas y otros servidores públicos supuestamente para facilitar la unificación de los períodos electorales, por cuanto el proyecto se hundió gracias a una vigorosa reacción ciudadana y política en su contra. Pero es necesario abordar el tema pues es la tercera vez que se intenta una medida semejante: la propuso Uribe en su referendo de 2003 pero la Corte Constitucional lo impidió; luego, en 2018, un proyecto parecido alcanzó a ser aprobado en primer debate en la Cámara; y ahora tenemos esta propuesta, que generó mayor escándalo porque prolongaba el período presidencial mientras que los otros dos, un tris más pudorosos, lo hacían con el de gobernadores y alcaldes.

Estos intentos muestran que algunos sectores políticos buscan unificar los períodos electorales añadiendo una norma de transición que prolongue el mandato de algunos gobernantes. Me veo entonces obligado a retomar dos columnas de 2018 en que critiqué la propuesta de ese entonces.

La primera columna mostraba que la norma transitoria que prolonga el mandato de los gobernantes electos es una burda ruptura constitucional ya que toda constitución busca impedir que los gobernantes manipulen las reglas electorales y jurídicas para atrincherarse en el poder. La utilización de una reforma constitucional para perpetuar a los gobernantes en el poder es entonces una típica forma de lo que algunos académicos contemporáneos, como David Landau, llaman “constitucionalismo abusivo”, que consiste en usar las formas constitucionales no para servir los valores democráticos propios del constitucionalismo, sino para todo lo contrario: pervertir el ordenamiento constitucional y atrincherar en el poder a quienes lo ocupan. La prolongación del período del presidente y los congresistas era entonces una grosera ruptura constitucional que seguramente hubiera sido bloqueada por la Corte, conforme al precedente de la Sentencia C-551/03, que anuló una tentativa semejante del referendo de Uribe. La Corte señaló que era inaceptable, por ser contrario a la esencia del Estado de derecho, alargar el período de mandatarios específicos sin norma previa que lo autorice. Y si eso era imposible por medio de referendo, con menor razón podría hacerse por acto legislativo.

La segunda columna mostraba que el propósito mismo de unificar las elecciones y los periodos electorales es una pésima idea para la democracia colombiana al menos por tres razones: i) erosiona gravemente la democracia local ya que los debates y movimientos políticos nacionales tendrán una incidencia decisiva en las votaciones locales; ii) incrementa los riesgos de polarización pues el alineamiento político nacional tenderá a replicarse en las elecciones locales, con lo cual se forman identidades políticas más rígidas; además, iii) la unificación de las elecciones hace que las fuerzas ganadoras a nivel nacional carezcan de contrapesos locales, pues se trataría probablemente de las mismas fuerzas. A esto habría que agregar que este nuevo proyecto busca unificar los períodos de los organismos de control con las elecciones, lo cual limitaría su independencia. Los riesgos de copamiento de todo el Estado por las fuerzas triunfantes coyunturalmente en una sola elección general son entonces grandes, con lo cual corremos el riesgo de una tiranía facciosa, que el constitucionalismo siempre ha buscado evitar.

Este tipo de propuestas son entonces malas no sólo por la ruptura constitucional que implica prolongar el período de los gobernantes, sino por el propósito que buscan pues la unificación de elecciones debilita nuestra precaria democracia.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.