La pandemia del COVID-19 no solo ha implicado una contracción de la vida social y económica sino también de la vida política, que puede tener graves repercusiones en el mediano plazo.
La contracción social ha significado el confinamiento en los hogares, con consecuencias imprevisibles en materia de salud mental, falta de atención de otras enfermedades —muchas de las cuales pueden terminar en muertes o en deterioros irreversibles en las personas de mayor edad— y afectación al acceso y la calidad de la educación, especialmente en primaria, básica y media. También ha implicado el alejamiento de amigos, familiares y de otras actividades lúdicas necesarias para el bienestar social. Pero hemos entendido que la mayoría de medidas, a pesar de lo difíciles e impensables hace un tiempo, han sido necesarias y tienen el carácter de transitorias.
Las cifras de caída de crecimiento de las economías, quiebra de empresas, pérdida de empleos y aumento de la pobreza hacen ver que estamos ante la más grave crisis económica del último siglo, con el agravante de ser una crisis global con efectos en todos los países, especialmente aquellos que como Colombia dependen de la demanda de sus productos en el mundo. La Cepal ha señalado que la contracción de la economía este año en América Latina y el Caribe será de cerca del 9 %, lo que traerá graves problemas sociales y estallidos de inconformidad, como los que venían dándose el año pasado y que la pandemia enfrió. Recuperar los niveles de crecimiento y empleo tomará mucho tiempo, y ya se habla de otra década perdida en términos de superación de la pobreza. Lo cierto es que la pandemia puso en evidencia factores estructurales, como la informalidad de las economías y la fragilidad de los sistemas de protección social.
Pero también está la contracción política, sobre la cual tenemos que empezar a preocuparnos, no vaya y sea que cuando baje la marea epidemiológica nos encontremos con realidades políticas e institucionales indeseables. Los gobiernos llevan meses en la excepcionalidad, sin suficientes controles institucionales y con los ciudadanos asustados en sus casas o tratando de sobrevivir en el rebusque. Restricciones a la libertad impensables en tiempos de normalidad ahora están a la orden del día, y actividades tan simples y cotidianas como salir a la calle, si ahora no se realizan el día en que corresponde o de acuerdo con la excepción establecida, nos hacen sentir —no a todos, hay que decirlo— unos transgresores de la ley.
En Colombia las medidas más restrictivas a la libertad las han adoptado los gobiernos locales mediante los poderes de policía, con el agravante de no tener control judicial automático. El Gobierno Nacional ha decretado el estado de excepción de la emergencia económica, pero se reconoce que no ha tocado el de conmoción interior que lo facultaría, por ejemplo, para toques de queda extendidos o militarización de ciudades. La emergencia sanitaria, que es la medida que sustenta todas las demás, es un decreto ordinario del Ministerio de Salud que ninguna autoridad judicial se ha tomado la molestia de revisar bajo el formalismo anacrónico de la justicia rogada.
El Congreso de la República no ha estado a la altura de las circunstancias, no ha ejercido el control político como corresponde y se ha dedicado a legislar sobre temas inocuos o impertinentes para el momento que estamos viviendo; la Corte Constitucional a cuenta gotas revisa los decretos de excepción; la Fiscalía ya sabemos en qué anda, o con el fiscal de gira u ocupándose de sobrecostos en compra de tapabocas en pequeños municipios; la Rama Judicial no ha encontrado el modo de garantizar el acceso a la justicia preservando la seguridad de todos los sujetos procesales, y lo paradójico es que todo este relajamiento institucional parecería no importar, pues la prioridad ahora es la supervivencia.
Este desajuste puso en evidencia graves fallas de funcionamiento en el Estado, especialmente para situaciones de emergencia sanitaria que se pueden extender a situaciones de protesta social, las cuales podrían estar a la vuelta de la esquina. Un Estado sin controles en esas circunstancias no es una buena noticia.
Es urgente una reforma a la ley estatutaria de estados de excepción e incluir un capítulo donde se regulen las facultades de los gobiernos nacionales y locales ante crisis sanitarias y otras emergencias sociales. La regulación actual es imprecisa e insuficiente.
La pandemia del COVID-19 no solo ha implicado una contracción de la vida social y económica sino también de la vida política, que puede tener graves repercusiones en el mediano plazo.
La contracción social ha significado el confinamiento en los hogares, con consecuencias imprevisibles en materia de salud mental, falta de atención de otras enfermedades —muchas de las cuales pueden terminar en muertes o en deterioros irreversibles en las personas de mayor edad— y afectación al acceso y la calidad de la educación, especialmente en primaria, básica y media. También ha implicado el alejamiento de amigos, familiares y de otras actividades lúdicas necesarias para el bienestar social. Pero hemos entendido que la mayoría de medidas, a pesar de lo difíciles e impensables hace un tiempo, han sido necesarias y tienen el carácter de transitorias.
Las cifras de caída de crecimiento de las economías, quiebra de empresas, pérdida de empleos y aumento de la pobreza hacen ver que estamos ante la más grave crisis económica del último siglo, con el agravante de ser una crisis global con efectos en todos los países, especialmente aquellos que como Colombia dependen de la demanda de sus productos en el mundo. La Cepal ha señalado que la contracción de la economía este año en América Latina y el Caribe será de cerca del 9 %, lo que traerá graves problemas sociales y estallidos de inconformidad, como los que venían dándose el año pasado y que la pandemia enfrió. Recuperar los niveles de crecimiento y empleo tomará mucho tiempo, y ya se habla de otra década perdida en términos de superación de la pobreza. Lo cierto es que la pandemia puso en evidencia factores estructurales, como la informalidad de las economías y la fragilidad de los sistemas de protección social.
Pero también está la contracción política, sobre la cual tenemos que empezar a preocuparnos, no vaya y sea que cuando baje la marea epidemiológica nos encontremos con realidades políticas e institucionales indeseables. Los gobiernos llevan meses en la excepcionalidad, sin suficientes controles institucionales y con los ciudadanos asustados en sus casas o tratando de sobrevivir en el rebusque. Restricciones a la libertad impensables en tiempos de normalidad ahora están a la orden del día, y actividades tan simples y cotidianas como salir a la calle, si ahora no se realizan el día en que corresponde o de acuerdo con la excepción establecida, nos hacen sentir —no a todos, hay que decirlo— unos transgresores de la ley.
En Colombia las medidas más restrictivas a la libertad las han adoptado los gobiernos locales mediante los poderes de policía, con el agravante de no tener control judicial automático. El Gobierno Nacional ha decretado el estado de excepción de la emergencia económica, pero se reconoce que no ha tocado el de conmoción interior que lo facultaría, por ejemplo, para toques de queda extendidos o militarización de ciudades. La emergencia sanitaria, que es la medida que sustenta todas las demás, es un decreto ordinario del Ministerio de Salud que ninguna autoridad judicial se ha tomado la molestia de revisar bajo el formalismo anacrónico de la justicia rogada.
El Congreso de la República no ha estado a la altura de las circunstancias, no ha ejercido el control político como corresponde y se ha dedicado a legislar sobre temas inocuos o impertinentes para el momento que estamos viviendo; la Corte Constitucional a cuenta gotas revisa los decretos de excepción; la Fiscalía ya sabemos en qué anda, o con el fiscal de gira u ocupándose de sobrecostos en compra de tapabocas en pequeños municipios; la Rama Judicial no ha encontrado el modo de garantizar el acceso a la justicia preservando la seguridad de todos los sujetos procesales, y lo paradójico es que todo este relajamiento institucional parecería no importar, pues la prioridad ahora es la supervivencia.
Este desajuste puso en evidencia graves fallas de funcionamiento en el Estado, especialmente para situaciones de emergencia sanitaria que se pueden extender a situaciones de protesta social, las cuales podrían estar a la vuelta de la esquina. Un Estado sin controles en esas circunstancias no es una buena noticia.
Es urgente una reforma a la ley estatutaria de estados de excepción e incluir un capítulo donde se regulen las facultades de los gobiernos nacionales y locales ante crisis sanitarias y otras emergencias sociales. La regulación actual es imprecisa e insuficiente.