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Por: Isabel Cavelier, Guy Edwards y Lina Puerto*
La decisión de Brasil de rescindir su oferta para albergar las negociaciones de la ONU sobre el cambio climático en 2019 (la COP25) es desafortunada. Hace dos semanas el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil anunció el retiro de su oferta de presidir la COP25, aduciendo los altos costos y haciendo énfasis en el período de transición política del presidente electo Jair Bolsonaro. La retirada le abre la puerta a otros países de la región para aprovechar la oportunidad de organizar la COP en 2019.
Aunque albergar las negociaciones de la ONU sobre el cambio climático es una tarea diplomática y logística sumamente compleja, el reto viene acompañado de varias oportunidades. La conferencia puede servir de catalizador de la acción climática doméstica, ya que los bancos, inversionistas y agencias de desarrollo centran su foco en la nación anfitriona.
Las negociaciones en el grupo regional (conocido como GRULAC) han sido intensas, ya que varios países expresaron su voluntad de ser anfitriones. Sin embargo, tras la renuncia de la Canciller de Costa Rica y el retiro de las intenciones iniciales de Barbados, Jamaica y Guatemala, todo parece indicar que actualmente Chile es el país más opcionado para liderar las negociaciones climáticas del próximo año. Para conseguirlo, Chile tendrá que asegurar el endoso del GRULAC, un proceso que requiere llegar a un acuerdo con los otros potenciales postulantes y lograr la aquiescencia de los demás países. A juzgar por el bloqueo que ha mantenido al GRULAC en parálisis tras los desencuentros entre Venezuela y el Grupo de Lima, el camino para Chile no está totalmente despejado.
Chile asumiría el liderazgo climático en una coyuntura crítica. La COP24 actualmente en curso en Katowice, Polonia, refleja un momento de fragilidad de las conversaciones del régimen multilateral sobre el cambio climático. El avance en la definición de las reglas de implementación del Acuerdo de París se desarrolla bajo un contexto político adverso, pues no se han reconocido plenamente las advertencias del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) que en su más reciente reporte especial contrasta los impactos de un calentamiento global de 1,5 °C frente a uno de 2 °C.
En dicho reporte, la comunidad científica señala la urgencia de aumentar la ambición de los compromisos climáticos globales, cuyo agregado actual implicaría un aumento de la temperatura de 3 °C para el año 2100. Este aumento está muy por encima de los niveles seguros de interferencia con el sistema climático, lo que pondría en riesgo irreversible a los sistemas naturales y humanos. Para evitar el calentamiento global de más de 1,5 °C las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) deben ocurrir de manera acelerada y profunda antes de 2030.
La nación anfitriona de la COP25 deberá ser capaz de demostrar un fuerte compromiso con la implementación del Acuerdo de París, en tanto se acerca la fecha límite de 2020 para presentar planes climáticos nacionales más ambiciosos. En este sentido, el país que presida la COP25 deberá comprometerse a ajustar su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés) a los objetivos de evitar el calentamiento global por encima de 1,5 °C a más tardar en 2020. Asimismo, deberá preparar su plan de acción a 2050 en línea con este objetivo. Estos esfuerzos deben ir de la mano con hacer evidentes los beneficios de la acción climática a nivel doméstico.
Por su parte, Chile es considerada una precursora regional en cuestiones de energías renovables y movilidad eléctrica. En la encuesta ClimateScope de 2018, Chile ocupó el primer lugar entre los países en desarrollo por su capacidad para atraer inversiones en energía limpia. La Estrategia Nacional de Electromovilidad de Chile lanzada en 2017 busca la transición hacia una flota de transporte público 100% eléctrica para 2050 y una flota de vehículos privados compuesta por un 40% de vehículos eléctricos. El gobierno entrante de Chile también se comprometió a elaborar un proyecto de ley sobre el cambio climático para junio de 2019 y está trabajando en planes para continuar el compromiso del gobierno anterior de no construir más plantas de carbón y cerrar gradualmente las ya existentes. En el escenario mundial Chile ha desempeñado un papel clave para ayudar a promover el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la protección de los océanos.
Sin embargo, también hay desafíos. El actual Plan de Acción Nacional de Cambio Climático de Chile no está alineado con el objetivo de limitar el calentamiento a 1,5 °C y está clasificado como "Altamente Insuficiente" por el Climate Action Tracker. En una señal negativa hacia la sociedad civil, Chile anunció en septiembre que decidió postergar la firma del Acuerdo de Escazú, el primer tratado regional que apunta a mejorar el acceso a la información, a la justicia y la participación pública en materia ambiental en países de América Latina y el Caribe. Además, Chile tendría que asegurar suficientes recursos diplomáticos para seguir con su fuerte participación el Grupo de Lima —que busca una solución democrática a la crisis en Venezuela— y organizar la COP al mismo tiempo.
Los beneficios potenciales para la región de promover las negociaciones sobre el cambio climático de la ONU y dar continuidad a los objetivos del Acuerdo de París son considerables. Chile podría asumir este reto y aprovechar la oportunidad de posicionarse como un verdadero líder regional y global en materia de cambio climático.
*Isabel Cavelier es Directora de Visión de Transforma y Asesora Senior en Mission2020
Guy Edwards es codirector del Laboratorio de Clima y Desarrollo de la Universidad de Brown
Lina Puerto es Asociada de Transforma, consultora en derecho y planificación ambiental