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Yo tuve el privilegio de anteceder a Daniel Coronell en la columna más leída de la revista Semana.
Eso no me inhabilita, sino que me habilita, para analizar el caso del despido y regreso del periodista más influyente y más serio de Colombia en materia de denuncia de los delitos y abusos de presidentes, expresidentes, ministros, magistrados y mandos militares.
Como colega y como ciudadano, yo admiro y agradezco la diligencia profesional y el valor personal de Coronell, que entiendo tuvo que salir del país por razones de seguridad y es víctima frecuente de amenazas o presiones de diversa índole. Esto mismo, sin embargo, ilustra el drama de los medios en Colombia. No sólo el drama de los periodistas, sobre el cual tanto se ha escrito, sino el drama de los medios, que es bastante más grave y sobre el cual nada se ha escrito.
El drama de los medios es simplemente que sea Coronell quien formula las denuncias de tanta gravedad para Colombia. Un periodista que, a título personal, acusa a las más altas autoridades y dirigentes de graves daños al interés público.
Pero esa no es la tarea de un columnista. No lo es, ante todo, por esta razón de fondo. Un medio de comunicación, como Semana, no es más que una fiducia al servicio del público y que se debe a ese público: el público la lee porque confía en ella, y solamente la lee en cuanto confía en ella. Es la revista, es el medio, quien certifica los contenidos y quien da fe de que su reportero X investigó con seriedad o su columnista Y representa el sentir de muchos conciudadanos.
Las columnas de opinión se llaman de opinión porque son para opinar. No son para informar, mucho menos para informar sobre los hechos más graves y las acciones más corruptas de quienes ejercen el poder. Y el episodio de Coronell es la prueba perfecta de por qué esto debe ser así: al columnista lo despiden cualquier día, y la opinión se queda sin el ojo vigilante que necesita este país corrupto hasta la médula.
El hecho de que sea un individuo, y no una institución, quien investiga y denuncia tiene además el grave costo de sus sesgos personales, sus cambiantes intereses y los reales o presuntos “rabos de paja”, que invocan las personas acusadas para desacreditar sus investigaciones. En el caso de Coronell, es evidente su preferencia por los hechos criminales en el entorno de un cierto expresidente (al menos 19 de las ultimas 41 columnas se han referido a Uribe). Es evidente la frecuencia de denuncias que se quedaron en el aire —sin decisión judicial, ni moral— porque el columnista decidió cambiar de tema. Es evidente su acusación reiterada e injusta contra un defensor del Pueblo sobre abusos sexuales que ocasionaron su renuncia. Y es evidente la recusación de Uribe en el sentido de que su acusador constituyó una sociedad por escritura pública con dos testaferros del narcotraficante Pastor Perafán y con César Villegas, presunto enlace del cartel de Cali (y secretario del propio Uribe en la Aeronáutica Civil), para crear el noticiero desde el cual Coronell iniciaría su brillante y merecida carrera periodística.
Nada de eso le conviene al país. No le conviene a nuestra democracia. No le conviene a un Estado de derecho, donde además no son los medios y mucho menos los columnistas quienes deben decidir sobre la culpa o inocencia en los crímenes que nos han desangrado y desfalcado de maneras tan grotescas.
Y, de remate, los nuevos dueños de Semana le rogaron a Coronell que volviera para no perder más plata: es la prueba deplorable de que el billete puede más que los principios. Pobre Alejandro Santos, pobre Felipe López, pobre Colombia.
* Director de la revista digital Razón Publica.