¿Cuál plan de desarrollo?

El plan económico de la administración Duque se basa en un pacto por la equidad. En esta visión, el emprendimiento y la legalidad conducirán a reducir la inequidad y la pésima distribución de la riqueza en Colombia. Imaginemos millones de emprendedores que son exitosos en sus negocios de economía naranja y de otro tipo, quienes contratan dentro de la formalidad al 48 % de la fuerza de trabajo de las 23 ciudades del país que no está en ella, según el Dane, cifra que empeora en los pequeños municipios y en el sector rural. Muy improbable, ¿cierto?

Estos trabajadores no cuentan con contratos laborales, no reciben prestaciones sociales, se les paga menos del salario mínimo y se les puede despedir sin justa causa. Los empresarios innovadores seguramente los formalizarán, aunque es evidente, precisamente en la economía naranja, que su fuerza de trabajo es tercerizada o se trata de dueños de bicicletas, motos o camionetas que trabajan a destajo en empresas digitales, Rappi o Uber.

No se sabe si el pacto es con fuerzas políticas como los partidos de oposición o los más afines, o siquiera con el partido del propio presidente, y fuerzas sociales —sindicatos o movimientos— que hasta el momento no han sido consultadas ni se han establecido negociaciones sistemáticas con ellos. Se enuncia una lista de mercado como salud de calidad para todos, educación de calidad para todos, deporte y recreación, atención primordial a los niños, seguridad alimentaria, vivienda incluyente, “juventud naranja talentosa” y sigue un largo etcétera de buenas intenciones para todos.

Lo primero que salta a la vista es que un programa por la equidad pasa por una tributación progresiva, que arroje un recaudo cuantioso que sea invertido en programas sociales que beneficien a los más pobres y en bienes públicos. La reforma tributaria recién aprobada, por el contrario, traslada ingresos de las clases medias a favor de las empresas y disminuye efectivamente el recaudo. El Estado sigue siendo raquítico y además se lo roban sin pudor, como siempre, los que apoyan al gobierno.

Las condiciones para que surjan muchas empresas son bienes públicos, financiados por un Estado grande y eficiente que provea ciencia y tecnología, que abarate los costos de transporte y los costos de transacción. Entre estos hay un trío que nadie se atreve a tocar: las notarías (los notarios ganan entre $450 y $600 millones al mes) que establecen peajes sobre todos los negocios y la vida civil, las curadurías sobre las construcciones que se caen y las cajas de compensación que encarecen inútilmente las nóminas e incentivan la informalidad.

El plan lista unas bases transversales que van desde pactos por la sostenibilidad ambiental, por la ciencia y transformación digital, por la identidad y creatividad hasta por la construcción de paz que en manos del Centro Democrático parece bastante amenazada.

En el “pacto por la legalidad” se enuncia que habrá cero tolerancia para los corruptos. Ojalá fuera cierto porque la corrupción endémica causa la pérdida o el desvío de parte importante de los pocos recursos que logra acopiar el Estado. La primera consecuencia de este pronunciamiento debería ser la destitución del fiscal general, que es una figura demasiado poderosa como para estar comprometida con hechos de corrupción en la contratación de obra pública en el país. Lo que presenciamos fue lo contrario: el respaldo irrestricto del presidente Duque al fiscal Martínez Neira.