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Los informes de nueve de los 12 miembros de la Comisión Histórica sobre el Conflicto y sus Víctimas señalan como causa u origen del conflicto armado con las Farc la exclusión política y la exclusión económica. Además, todos ellos hacen un llamado a democratizar el país, como condición para lograr la paz, al igual que lo ha recomendado el papa.
La exclusión política se habría percibido en el apartheid partidista establecido por el Frente Nacional, el bombardeo de Marquetalia en 1964 y la política contrainsurgente inspirada en la Doctrina de Seguridad Nacional (estado de sitio, grupos paramilitares, enemigo interno). Ello habría estado precedido y nutrido en la primera mitad del siglo pasado por un intenso sectarismo ideológico y religioso y arraigadas prácticas violentas, como la Guerra de los Mil Días, magnicidios (Uribe Uribe, Gaitán, Guadalupe Salcedo), escuadrones de la muerte (chulavitas y “pájaros”) y el alzamiento guerrillero de liberales y comunistas. Finalizando el siglo, esta exclusión se habría reforzado con nuevos magnicidios, el genocidio de la UP y el bombardeo de Casa Verde en 1990.
La exclusión económica se habría manifestado en la concentración de la tierra y la resistencia encarnizada a su distribución. La reforma agraria (Ley 135/61) tuvo lánguida aplicación, y sucumbió ante la contrarreforma (Pacto de Chicoral y Ley 4/73). El intento de revivirla con la Ley 160/94 terminó en letra muerta, y en 2003 se proscribió incluso el concepto de reforma agraria al eliminar el instituto del mismo nombre y crear el Incoder. Algo similar había sucedido en la primera mitad del siglo XX contra las reivindicaciones agrarias del movimiento campesino y del movimiento indígena y la función social de la propiedad reconocida en la Ley 200/36. El resultado ha sido la usurpación de más de seis millones de hectáreas, agravando la inequidad social.
La generación de recursos por actividades ilegales (narcotráfico, secuestro masivo) contribuyó a prolongar el conflicto y también a degradarlo.
Con la celebración del Acuerdo de Paz y la entrega de armas por las Farc, han desaparecido además otros factores que alimentaban la confrontación violenta entre esa organización y el Estado. Pero algunos persisten, y urge superarlos para consolidar la paz, como la concentración de la propiedad rural y la resistencia a su redistribución, así como la actividad de grupos sucesores del paramilitarismo.
También, especialmente, el sectarismo ideológico y religioso de nuevo tipo, que algunos candidatos siembran como cizaña en la campaña electoral. Es una actitud profundamente antidemocrática y contraria al papa y a los 12 informes, que urgen a lograr una mayor democratización del país: reconociendo en el contradictor un adversario y no un enemigo militar (Wills); poniendo fin a las redes de poder clientelistas o armadas y no formalizando un simple pacto de no agresión como el Frente Nacional (Pécaut); tratando de entender nuestro drama desde una perspectiva colectiva y guardando el mayor respeto por los que más han sufrido (Jorge Giraldo); superando la corrupción, el capitalismo salvaje, el menosprecio de la realidad campesina (Torrijos), por ejemplo. Dios los ilumine.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).