Descalificado

La calificadora de riesgos Standard and Poor’s le ha retirado el grado de inversión al país. Es como si viniera de recibir una nota promedio en su colegio de 3,5 y se la bajaran a 2,5, aunque se le agrega una perspectiva estable. La razón: es difícil que el Gobierno pueda negociar y resolver los conflictos sociales que lo asedian. En particular, no se ve en el horizonte que convoque una coalición política amplia ni una iniciativa tributaria que aumente el recaudo y resuelva el desequilibrio fiscal que se ha agravado seriamente. Si acaso, podrá aplicar un paño de agua tibia.

La estrategia del Gobierno, de esperar que el malestar social detrás del paro indefinido se disipe a punta de represión selectiva pero mortífera, le está pasando factura. La disposición a negociar del Gobierno se materializó pasados 23 días de paro, cuando se ha extendido por todo el país y hay múltiples demandas regionales y étnicas sin resolver, lo que complica la negociación. La presencia de manifestaciones y bloqueos por doquier está deteriorando la actividad económica, ante la impotencia de un Gobierno sordo frente al clamor de la ciudadanía.

La consecuencia inmediata de la decisión de la calificadora es que aumenta el costo del endeudamiento del país, tanto público como privado, en aproximadamente 0,6 %. Los bonos en dólares del Gobierno, que pagaban 6 % anual hasta este momento, aumentarán su rendimiento en esa magnitud, precisamente en un momento de mucha penuria. El aumento de la tasa de interés del bono colombiano repercute inmediatamente en el nivel del costo del dinero en el país. A su vez, el peso colombiano se desvalorizó: si en diciembre de 2020 el dólar se cotizaba en $3.400, el 21 de mayo de 2021 estaba en $3.750.

Es ineludible que el Gobierno negocie con los representantes de las distintas fuerzas sociales que se han tomado la calle y que tramite una reforma tributaria que extraiga recursos de quienes concentran la riqueza del país, que se olvide de aumentar impuestos al consumo. Precisamente, esa es la propuesta de un grupo de investigadores de prestantes universidades del país para que se aumente el recaudo en $20 billones sin tocar el IVA, afectando solo a personas que ganen más de $6,5 millones mensuales y gravando a las empresas grandes, no a las pequeñas y medianas: “Más impuestos para el 1 % de personas más ricas; se gravarían los dividendos y ganancias ocasionales, igual que se hace con el trabajo”, según Luis Carlos Reyes de la Javeriana. Las empresas en zonas francas pagarían $0,7 billones más, otros $2,1 billones al eliminar exenciones injustificadas de empresas y $5,4 billones excluyendo el costoso descuento por impuestos de industria y comercio. A eso se le sumarían controles a la elusión y la evasión propiciadas por el propio Estado, iniciativas a través de las cuales obtendría recursos adicionales por un $1 billón.

Un elemento fundamental de la propuesta es no acudir a impuestos temporales, como lo pretende el Centro Democrático para complacer a su base de empresarios y terratenientes. Por el contrario, se trata de crear una estructura de largo plazo que recaude los recursos que el país demanda con urgencia. Si el Gobierno acoge buena parte de esta detallada proposición y la hace aprobar por el Congreso, las calificadoras de riesgo nos devolverán el anhelado grado de inversión que acabamos de malversar.