Cuando hace un año y unos días, el gobierno propuso al Congreso una reforma tributaria, conocida como la Ley de Financiamiento, lo hizo con una enorme torpeza política: el grueso de los ingresos nuevos vendría de ponerle tarifa plena de IVA a la canasta familiar. Si bien proponía que a las familias más pobres se les devolvería el impuesto, la idea de pasar de cero a tarifa plena de un solo golpe causó tanto rechazo que ni siquiera una versión endulzada fue discutida. La reforma aprobada, por tanto, tenía ante todo reducciones en los impuestos empresariales y pocas y pequeñas fuentes de recaudo adicional. Por eso, Guillermo Perry la llamaba la Ley de Desfinanciamiento.
Esa ley la tumbó hace pocos días la Corte Constitucional. El fallo establece que la ley se cae a partir del año entrante. El gobierno volvió a poner a consideración del Congreso el texto aprobado el año pasado con la petición pública de que lo apruebe sin cambios. A primera vista el llamado suena razonable: si la aprobaron hace un año, deberían estar dispuestos a hacerlo ahora y el texto original tiene la esencia de lo que quiere el gobierno: bajar los impuestos corporativos.
El nuevo texto propuesto al Congreso tiene anexados los cálculos actualizados por el Ministerio de Hacienda del recaudo que espera obtener. Hay varios aspectos de la reforma que reducen el recaudo y solo hay dos fuentes relevantes que lo suben: la esperanza de una mejor gestión de la Dian y la esperanza de un mayor crecimiento económico causado por la reforma. El primero de estos ha probado ser un sueño en cada reforma pasada. Y el segundo requiere que por cada peso nuevo de actividad económica causado por la reforma (supuesto que muchos economistas cuestionan), el recaudo suba significativamente. Parece otro sueño. Así, si se aprobase ese texto, Perry seguiría teniendo razón: sería una ley de desfinanciamiento.
Pero el gobierno podría haber cometido otra torpeza política al proponer el mismo texto original, una que podría salir muy cara. Varios líderes políticos han saltado a proponer modificaciones al texto: todos quieren, claro, bajar algún impuesto. A algunos les molesta el impuesto a los inmuebles de alto valor, a otros el de los dividendos, y otros no quieren que haya sobretasa al sector financiero. Pasar el texto original sin modificaciones luce muy complejo y el gobierno no tiene margen de maniobra. Bajar más algún impuesto sería desfinanciar la ley de desfinanciamiento.
Y en medio de ese difícil contexto, desde la región soplan vientos de inconformismo. La clase media que creció tanto en los últimos años quiere más Estado, más bienes y servicios públicos y una mejor repartición de las cargas que lo sostienen. Había una incongruencia de fondo entre esas aspiraciones sociales y la Ley de Financiamiento original. Esa incongruencia puede acentuarse con la nueva Ley. Eso nos puede salir caro en dimensiones que van mucho más allá de la sostenibilidad fiscal.
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