El programa Ser Pilo Paga (SPP) se lanzó a finales de 2014, a partir de un estudio que realizó la Universidad de Los Andes, en donde se dejó claro que gran parte de los jóvenes de estratos 1 y 2 que obtenían los mejores resultados en las pruebas Saber no podían acceder a la educación superior.
Con base en este argumento se empezó a estructurar el programa como una política del gobierno del presidente Juan Manuel Santos que pretendía que estos jóvenes ingresaran al sistema educativo superior. Sin embargo, desde el principio el programa tuvo una falencia que consistió en que estaba focalizado sobre un grupo muy reducido de estudiantes, inicialmente diez mil egresados de bachillerato. Ellos irían a universidades acreditadas, segunda condición del programa. Vale recordar que solo entre el 15% y el 17% de las universidades están acreditadas con programas de alta calidad. Además, la mayoría de universidades que cumplen tal requisito está en las principales ciudades del país; en las regiones apartadas son inexistentes los programas acreditados. Es decir, gran parte de las universidades quedan por fuera de la posibilidad de acceder al programa y de ninguna manera este representa una alternativa para disminuir las fuertes brechas existentes en la educación de calidad.
Por otra parte, al focalizarse sobre este segmento de estudiantes y de universidades, la mayor parte de los aspirantes prefirió universidades privadas debido a la posibilidad, aunque incierta, de ascenso social que esta oportunidad podría representar. Además, debemos recordar que el valor de la matrícula por cada estudiante en dichas universidades privadas es el que habitualmente fijan esas instituciones, mucho más alto que el de las universidades públicas, sin contar con el hecho de que avanzado el programa SPP, algunas de ellas incrementaron el valor de la matrícula hasta en 30% como consecuencia de la ley de oferta y demanda.
Eso implicó una gran grieta presupuestal porque lo que se previó para financiar pocos estudiantes terminó siendo equivalente a lo que se les asigna a las universidades públicas durante todo un año y que representa la educación de cerca de 500.000 estudiantes. Así, esos dineros que antes financiaban a las universidades estatales pasaron a apalancar el programa Ser Pilo Paga, con costos muy elevados por estudiante, desfinanciando al sistema de universidades estatales.
Una muestra de ello es que para el año 2018, por ejemplo, después de la reforma tributaria del 2016, no llegaron a las universidades públicas los recursos previstos en la Ley por concepto de IVA social y los excedentes de cooperativas.
Pero el problema de fondo es que Ser Pilo Paga es un programa excluyente, que no resuelve en manera alguna el acceso de los jóvenes a la educación superior. Estamos hablando de que en Colombia, poco más del 50% de los egresados del bachillerato logra ingresar a la educación superior; aún tenemos a la mitad de los jóvenes por fuera del sistema. Pero tampoco tenemos el derecho a la educación superior como asunto garantizado, porque incluso en las universidades públicas no existe aún la gratuidad, mucho menos en las privadas.
De esta manera, Ser Pilo Paga, desde el punto de vista de un programa que contribuya al acceso universal y gratuito a la educación superior, es una política inconveniente porque focaliza en pocos estudiantes financiados con costos muy elevados y que deja por puertas a una gran masa de aspirantes que bien podría ingresar al sistema de educación superior.
Qué esperamos en perspectiva. Conocida la decisión anunciada por la señora ministra de Educación, María Victoria Angulo, solo queda el desmonte total de este programa para que esos recursos, que inicialmente estaban pensados para incrementar las posibilidades de acceso de los jóvenes más pobres al sistema de educación superior, sea una realidad. La universidad pública tiene la mayoría de los estudiantes de estratos uno a tres. Si se trata de favorecer que estos jóvenes lleguen a las universidades, hay que fortalecer la educación superior pública, aún más cuando se conoce que de las 32 universidades del sistema estatal, la mitad están acreditadas como de alta calidad; es decir, el argumento esgrimido por algunos de que las universidades públicas no están en capacidad de recibir a los pilos, cae por esta razón. Además, el sistema estatal no solo ha venido creciendo en calidad, si no que reporta también los mejores resultados en investigación, proyección social, internacionalización, valor agregado entregado a los estudiantes, formación de maestros (como es el caso de la Universidad Pedagógica Nacional, única en el país que ofrece todos sus programas de pregrado acreditados en alta calidad).
Esperamos que de manera inmediata se subsane el abultado déficit financiero existente, calculado por el SUE en cerca de 18.5 billones, representados en 3.2 billones por cuenta de deudas para atender el funcionamiento y 15 billones por infraestructura, bibliotecas, bases de datos y otros asuntos de gran relevancia; todo esto especialmente en términos de las últimas vigencias, para poder continuar ofreciendo a nuestros estudiantes el mismo nivel de calidad e inyectar nuevos recursos a través de la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30, pues necesitamos que los recursos asignados por dicha Ley estén por lo menos 4 puntos por encima del IPC, porque lo que hemos recibido hasta la fecha, desde 1993, ha permanecido constante en función de su amarre al monto del IPC. Solo de esta forma las universidades públicas, entre ellas la Pedagógica Nacional, podrán crecer, aumentar coberturas y mantener su nivel de calidad.
En coherencia con la pretensión del gobierno de avanzar en la gratuidad de la educación superior para los más desfavorecidos, se requiere que el nuevo programa respete el principio del acceso a la educación superior como derecho fundamental y honre la inversión de los tributos de los colombianos, comprometiéndose con la financiación seria de la universidad pública.
* Rector, Universidad Pedagógica Nacional.