Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Varias veces, en tiempo reciente, me he referido en esta columna a la desobediencia civil como recurso democrático. En texto que será publicado próximamente incluyo estas líneas para actualizar el tema:
“En lo más inmediato, si el gobierno de Duque persiste en lo injusto (más cargas tributarias a los pobres y más exenciones a los ricos, más Esmad contra la protesta legítima, más incumplimiento de acuerdos, más incapacidad, más imposición…), en lugar de responder con soluciones efectivas y oportunas a las justas demandas sociales, la situación podría evolucionar hacia una huelga general de masas o desobediencia civil, ese sí paro laboral y cívico nacional contra el mal gobierno, similar al ocurrido el 10 de mayo de 1957, pero direccionado ahora desde abajo, la periferia y las regiones. Objetivo: obligar al gobierno a cumplir con las más elementales funciones del Estado democrático, entre ellas el uso del monopolio de la fuerza en defensa de la vida y la libertad de todos sin discriminación.
"Situación de gravedad extrema es el asesinato continuado de líderes sociales, reincorporados e indígenas, verdadero exterminio, que no cesa. Solo en días de Navidad han sido asesinados: Humberto Londoño, Manuel González, Natalia Jiménez, Rodrigo Monsalve, Ender Elías Ravelo, Jairo Ortiz, Lucy Villarreal, Reinaldo Carrillo Vera… el fiscal Alcibíades Riveros… muchos otros han sido víctimas de atentados o de amenazas, escuadrones paramilitares aparecen instalando el terror como en Bojayá…
"Está el país ante el desamparo absoluto de la vida, así se argumente que el último año hubo menos muertes que el anterior. Una sola muerte es inaceptable. Ello está obligando a que un gran conjunto de fuerzas sociales, democráticas y progresistas se mueva en la perspectiva de la desobediencia civil, quizá todo el país lo haga porque cada vida segada por falta de garantías es grave afrenta a toda la ciudadanía”.
Un efectivo paro nacional es, en mi concepto, una acción legítima de desobediencia civil. Apelar a ella (las marchas resbalan…) ante problemas básicos que un gobierno se muestra incapaz, o sin la voluntad política, de solucionar, ha sido considerado desde hace mucho tiempo un recurso válido en democracia. Referencia obligada al respecto es el clásico texto de Henry David Thoreau: Del deber de la desobediencia civil, aparecido en mayo de 1849 ante políticas (guerra, impuestos…) del gobierno norteamericano que en ese momento se consideraban extralimitaciones inaceptables.
En los años 60, 70 y 80, frente al sensible deterioro de las condiciones sociales de los propios trabajadores, inmensos sectores populares urbanos y campesinos, se adelantó un intenso debate acerca del recurso al paro nacional. Incluso se estableció su validez, agotado todo tipo de gestiones, a la luz de la doctrina social católica. Breve reseña hice de este debate en artículo publicado en la revista virtual Caja de Herramientas el 12 de abril de 2019.
El tema vuelve al debate público cada vez que se trata de enfrentar, impidiendo caer en la violencia abierta, protuberantes falencias de los poderes públicos. La desobediencia civil tiene por definición el carácter de acción democrática radical pero absolutamente civilista y pacífica. En la no violencia estriba su fuerza moral y política según la tradición de Gandhi, Luther King, Mandela…
El tema lo coloca ahora sobre la mesa el sindicato colombiano de la industria petrolera, la Unión Sindical Obrera (USO). Sindicato emblemático, con 100 años de trayectoria, que es un movimiento de trabajadores al cual se debe un paso de tanta trascendencia para el país como la creación de la Empresa Colombiana de Petróleos. Insólito pero cierto (huelga de 1948). En comunicado de prensa del 26 de diciembre, después de enumerar la espantosa secuencia de asesinatos de líderes y lideresas sociales, ocurridos en días recientes, la USO plantea: “El país no se va a reducir al ritual de la muerte y el terrorismo de Estado, las movilizaciones ciudadanas van a escalar hasta un paro nacional contra los asesinatos, contra el Esmad y por el derecho a la vida. El 2020 será un año de luchas contra la guerra que Duque y su partido nos quieren imponer”.
Detener de manera definitiva la muerte de los líderes y lideresas sociales y excombatientes reincorporados supone medidas de distinta índole que están ya planteadas en el Acuerdo de paz, en el Decreto 660 del 17 de abril de 2018 y en el Pliego o Agenda del Paro Nacional 21N. Acciones claves son: trocar la estigmatización por la valoración del liderazgo social en medios de comunicación y en la voz de las autoridades públicas a todo nivel; asegurar que la fuerza pública entre, en plan de paz, a territorios antes escenario de confrontación; adoptar una política eficaz de acogimiento a la justicia para clanes, mafias y delincuencia común organizada.
Ya no puede dilatarse más el reconocimiento del carácter civil de la policía y, en consecuencia, sacarla del Ministerio de Defensa y adscribirla al Ministerio del Interior. Igualmente el país está maduro para adelantar la reforma de sus fuerzas armadas, comenzando por el cambio de la doctrina militar centrada todavía en el enemigo interno y la seguridad nacional; ineludible completar la tarea de salida política del conflicto interno armado mediante diálogo y acuerdo con movimientos insurgentes de carácter político. Increíble resulta establecer que el país sigue sin una ley de Defensa y Seguridad después de su último intento frustrado de tenerla, Ley 684 de agosto de 2001, declarada inexequible (Leal, 2006).
El país no puede seguir exhibiendo ante el mundo, en un contexto de posacuerdo, el contrasentido del exterminio del liderazgo social y reincorporados de la guerrilla que firmó la paz. Si no es sensible y eficaz ante esta tragedia, con pleno derecho y legitimidad, como lo plantea la USO, la sociedad colombiana acudirá al recurso democrático del paro nacional, huelga de masas o desobediencia civil, es decir, a la operación estatua general e indefinida, hasta que el gobierno cumpla con el más elemental de sus deberes: dar garantías a la vida de todos, en todas partes, sin ninguna discriminación.