Eran cerca de las 5:45 de la mañana de un día como hoy, 13 de agosto, pero en 1999. Una camioneta Jeep Cherokee era interceptada, en un semáforo del barrio Quinta Paredes de la capital, por dos sicarios en moto quienes tocaron el vidrio del conductor justo antes de disparar cinco veces contra su humanidad. Pocos metros más adelante, un poste de luz detendría la marcha ya involuntaria de la camioneta conducida por un moribundo Jaime Garzón, quien se dirigía a la emisora Radionet. Ese día amaneció llorando un país que ya a esas alturas debía estar acostumbrado a la tragedia y el luto, pero que, al día de hoy, sigue agigantando su desgracia.
Este editorial funge como homenaje y llamado a la justicia, 25 años después, frente al asesinato del periodista, defensor de derechos humanos, humorista, abogado póstumo y, sobre todas las cosas, del colombiano Jaime Garzón. Hoy solo hay una persona condenada por su homicidio: José Miguel Narváez, exsubdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), penado en 2018 a 30 años de prisión como determinador del crimen.
También se han mencionado varios nombres de militares y paramilitares organizados en un presunto plan conjunto para acabar con la vida de Garzón. Su brutal irreverencia, pero sobre todo su gestión como activista por la paz y mediación por la liberación de secuestrados, fueron los motivos para que el difunto líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño —junto con otros nombres que aún no conocemos—, diera la orden de apretar el gatillo. Jaime lo sabía, por lo que hizo uso de su influencia para contactarse con el paramilitar y cuadrar una cita que, obviamente, no sucedió. Hasta el último momento Garzón pensó que era posible construir país y frenar los horrores de la guerra por medio del diálogo y el entendimiento; seguimos en la frustrante tarea de intentarlo.
Versiones ante la justicia del paramilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, reconocen la responsabilidad material de la banda La Terraza, la cual fue exterminada pocos años después de cometido el crimen. Además, ha señalado la participación del entonces jefe de inteligencia de la Brigada 13 del Ejército, Jorge Eliécer Plazas Acevedo, quien habría facilitado la recolección de información sobre los movimientos del periodista. El país sigue a la espera de los nombres de todos los miembros del Estado que fueron partícipes de este hecho.
Este ejercicio de memoria es una nueva oportunidad para resaltar la importancia de la libertad de prensa. La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) estima sobre 167 el número de periodistas asesinados en Colombia; cuatro de ellos en lo que va de 2024. Esto sin mencionar las cifras de defensores de derechos humanos: en el país van 98 asesinados este año, según datos de Indepaz. Dentro de la agenda del Gobierno debe primar el defender la vida de quienes, en el ejercicio de sus oficios, se exponen a la violencia que azota distintas regiones del país.
El Espectador no es ajeno a los horrores de la violencia contra el periodismo. Por eso, y por la importancia de Jaime Garzón, seguimos exigiendo justicia. No pueden seguir pasando los años sin respuestas.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com
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Eran cerca de las 5:45 de la mañana de un día como hoy, 13 de agosto, pero en 1999. Una camioneta Jeep Cherokee era interceptada, en un semáforo del barrio Quinta Paredes de la capital, por dos sicarios en moto quienes tocaron el vidrio del conductor justo antes de disparar cinco veces contra su humanidad. Pocos metros más adelante, un poste de luz detendría la marcha ya involuntaria de la camioneta conducida por un moribundo Jaime Garzón, quien se dirigía a la emisora Radionet. Ese día amaneció llorando un país que ya a esas alturas debía estar acostumbrado a la tragedia y el luto, pero que, al día de hoy, sigue agigantando su desgracia.
Este editorial funge como homenaje y llamado a la justicia, 25 años después, frente al asesinato del periodista, defensor de derechos humanos, humorista, abogado póstumo y, sobre todas las cosas, del colombiano Jaime Garzón. Hoy solo hay una persona condenada por su homicidio: José Miguel Narváez, exsubdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), penado en 2018 a 30 años de prisión como determinador del crimen.
También se han mencionado varios nombres de militares y paramilitares organizados en un presunto plan conjunto para acabar con la vida de Garzón. Su brutal irreverencia, pero sobre todo su gestión como activista por la paz y mediación por la liberación de secuestrados, fueron los motivos para que el difunto líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño —junto con otros nombres que aún no conocemos—, diera la orden de apretar el gatillo. Jaime lo sabía, por lo que hizo uso de su influencia para contactarse con el paramilitar y cuadrar una cita que, obviamente, no sucedió. Hasta el último momento Garzón pensó que era posible construir país y frenar los horrores de la guerra por medio del diálogo y el entendimiento; seguimos en la frustrante tarea de intentarlo.
Versiones ante la justicia del paramilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, reconocen la responsabilidad material de la banda La Terraza, la cual fue exterminada pocos años después de cometido el crimen. Además, ha señalado la participación del entonces jefe de inteligencia de la Brigada 13 del Ejército, Jorge Eliécer Plazas Acevedo, quien habría facilitado la recolección de información sobre los movimientos del periodista. El país sigue a la espera de los nombres de todos los miembros del Estado que fueron partícipes de este hecho.
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El Espectador no es ajeno a los horrores de la violencia contra el periodismo. Por eso, y por la importancia de Jaime Garzón, seguimos exigiendo justicia. No pueden seguir pasando los años sin respuestas.
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