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Si Salvatore Mancuso es deportado a Italia, el gobierno de Iván Duque sufriría un fracaso rotundo y se demostraría que sus solicitudes de extradición se tramitaron con negligencia. ¿Cómo es posible que, siendo Estados Unidos un país aliado y Mancuso un personaje tan importante para la justicia colombiana, los funcionarios hayan sido incapaces de presentar de manera adecuada los trámites para garantizar su extradición de vuelta al país? ¿Acaso no se considera un personaje con muchas verdades para aportar? ¿No estuvo la administración avisada con tiempo de que su condena en Estados Unidos iba a cumplirse pronto? Preguntas que empañan el compromiso del Gobierno con la lucha contra la impunidad y a favor de la construcción de paz.
El Gobierno estaba bajo aviso de las intenciones de Mancuso de ser deportado a Italia. Sin embargo, sus trámites se presentaron sin cumplir los requisitos necesarios. Esta semana, la Cancillería anunció que presentó una cuarta solicitud de extradición. Lo que hay de fondo es que las tres anteriores fueron construidas con tal descuido que el Gobierno debería dar explicaciones: ¿por qué no se hizo de manera correcta la solicitud? ¿No valieron de nada las advertencias dadas por la Embajada de Estados Unidos en Colombia?
Ahora, cuando es una realidad probable que Mancuso sea deportado y logre evitar su regreso a Colombia, el Gobierno ha salido en medios a proponer soluciones. El presidente de la República dijo que, si es el caso, se pedirá a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue. Por su parte, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, habló de solicitar la intervención del Tribunal Europeo. Sin embargo, como varios juristas han indicado, entre ellos Rodrigo Uprimny, columnista de El Espectador, la CPI no investiga casos particulares y el Tribunal Europeo es para los Estados. ¿Por qué el Gobierno está recurriendo a estas tácticas improvisadas y poco estratégicas de última hora?
Tanto desdén indica que la extradición de Mancuso no es una prioridad para ellos. El corresponsal de Associated Press reveló que, pese a que el presidente tuvo esta semana una reunión de alto nivel con miembros de la Casa Blanca, el tema de la extradición del paramilitar no se mencionó. Aunque de labios para afuera hay un compromiso por lograr que regrese al país, tras bambalinas el actuar de las autoridades colombianas deja mucho que desear. Primero, los errores en las solicitudes de extradición y la demora; ahora, no aprovechar los canales diplomáticos con un aliado estratégico.
Si Mancuso no regresa a Colombia, se estarán afectando los derechos de las víctimas. Más allá de que haya cumplido la pena impuesta por Justicia y Paz, la voz del paramilitar ha sido esencial en procesos que llevan años estancados. Son muchos los aportes que puede hacer y muchas las preguntas que quedaron sobre la mesa cuando se decidió su extradición apresurada. Es más, el propio Mancuso ha dejado ver su interés en aportar a la verdad, como lo ha documentado en este periódico Yohir Akerman.
Ahora que Colombia está trabajando en la construcción del relato de la guerra y en, ojalá, pasar la página, esta extradición debería ser una prioridad del Gobierno. No podemos apostarle a la paz si permitimos que errores burocráticos obstaculicen la búsqueda de la verdad.
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