Las denuncias sobre posibles interceptaciones ilegales traen de nuevo a Colombia una de las realidades más perversas del abuso estatal. Mientras la Corte Constitucional tuvo la necesidad de reunirse con la Fiscalía General de la Nación para pedir el inicio de investigaciones, hay otros hechos que enrarecen aún más la situación. Verónica Alcocer, primera dama, denunció una persecución contra ella desde el propio Gobierno y también pidió la intervención del ente investigador. Si bien la Casa de Nariño ha rechazado que algo así ocurra, no bastan los discursos vehementes cuando hay tan serias preocupaciones expuestas sobre la mesa.
El caso de la Corte Constitucional aviva los ecos de lo que ocurrió en el país durante la administración de Álvaro Uribe. En una carta entregada a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, un magistrado cuenta que tiene sospechas de que sus comunicaciones privadas han sido interceptadas por agencias estatales. Adicionalmente, dijo que su pareja ha sido perseguida con fines de perfilamiento por funcionarios de monitoreo y analítica adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República. De ser cierto, se trata de una violación a la división de poderes y un abuso de los poderes estatales. Una traición a la Constitución que no puede permitirse en ningún gobierno.
Adicionalmente, la primera dama denunció que hay una operación interna en el Gobierno que busca desacreditar a personas cercanas al presidente. Aunque hace falta conocer detalles, la denuncia indica que estarían involucradas la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) e incluso la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia. Nos repetimos: de estar ocurriendo, esto sería una alta traición a Colombia.
Por ahora la respuesta de Presidencia ha sido negarlo todo. El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) señaló en un comunicado que “las actividades de la Dirección de Tecnología y la Secretaría de Comunicaciones y Prensa no incluyen prácticas como perfilamiento, seguimiento ni interceptación”. Por su parte, el presidente Petro escribió en su cuenta de X que “desde el primer día de gobierno, la orden del presidente a los organismos de inteligencia fue no usarla contra la oposición, prensa o cortes”. Eso es cierto: en discursos públicos, el mandatario en repetidas ocasiones ha denunciado y proscrito la persecución estatal. Sería además paradójico, pues él mismo y su movimiento fueron víctimas de ese delito en el pasado. Sin embargo, que eso se diga en público no significa que las denuncias no tengan mérito. Ya ha ocurrido en otras ocasiones que hay agentes corruptos actuando a pesar de la posible buena voluntad de los líderes políticos.
No bastan entonces las declaraciones rimbombantes. La Corte Constitucional se vio obligada a pedir la intervención de la Fiscalía. Eso exige respuesta oportuna por parte del ente investigador, así como la total disposición del Ejecutivo por llevar a cabo más y serias investigaciones internas. No puede haber ni la más remota sospecha de interceptaciones ilegales y de una violación a la Constitución. Colombia ya ha sufrido mucho con crímenes similares.
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Las denuncias sobre posibles interceptaciones ilegales traen de nuevo a Colombia una de las realidades más perversas del abuso estatal. Mientras la Corte Constitucional tuvo la necesidad de reunirse con la Fiscalía General de la Nación para pedir el inicio de investigaciones, hay otros hechos que enrarecen aún más la situación. Verónica Alcocer, primera dama, denunció una persecución contra ella desde el propio Gobierno y también pidió la intervención del ente investigador. Si bien la Casa de Nariño ha rechazado que algo así ocurra, no bastan los discursos vehementes cuando hay tan serias preocupaciones expuestas sobre la mesa.
El caso de la Corte Constitucional aviva los ecos de lo que ocurrió en el país durante la administración de Álvaro Uribe. En una carta entregada a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, un magistrado cuenta que tiene sospechas de que sus comunicaciones privadas han sido interceptadas por agencias estatales. Adicionalmente, dijo que su pareja ha sido perseguida con fines de perfilamiento por funcionarios de monitoreo y analítica adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República. De ser cierto, se trata de una violación a la división de poderes y un abuso de los poderes estatales. Una traición a la Constitución que no puede permitirse en ningún gobierno.
Adicionalmente, la primera dama denunció que hay una operación interna en el Gobierno que busca desacreditar a personas cercanas al presidente. Aunque hace falta conocer detalles, la denuncia indica que estarían involucradas la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) e incluso la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia. Nos repetimos: de estar ocurriendo, esto sería una alta traición a Colombia.
Por ahora la respuesta de Presidencia ha sido negarlo todo. El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) señaló en un comunicado que “las actividades de la Dirección de Tecnología y la Secretaría de Comunicaciones y Prensa no incluyen prácticas como perfilamiento, seguimiento ni interceptación”. Por su parte, el presidente Petro escribió en su cuenta de X que “desde el primer día de gobierno, la orden del presidente a los organismos de inteligencia fue no usarla contra la oposición, prensa o cortes”. Eso es cierto: en discursos públicos, el mandatario en repetidas ocasiones ha denunciado y proscrito la persecución estatal. Sería además paradójico, pues él mismo y su movimiento fueron víctimas de ese delito en el pasado. Sin embargo, que eso se diga en público no significa que las denuncias no tengan mérito. Ya ha ocurrido en otras ocasiones que hay agentes corruptos actuando a pesar de la posible buena voluntad de los líderes políticos.
No bastan entonces las declaraciones rimbombantes. La Corte Constitucional se vio obligada a pedir la intervención de la Fiscalía. Eso exige respuesta oportuna por parte del ente investigador, así como la total disposición del Ejecutivo por llevar a cabo más y serias investigaciones internas. No puede haber ni la más remota sospecha de interceptaciones ilegales y de una violación a la Constitución. Colombia ya ha sufrido mucho con crímenes similares.
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