La estrategia diplomática de Colombia dejó buenos resultados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26). De la visita de la delegación nacional, liderada por el presidente Iván Duque, traemos un saldo de inversión importante: US$1.200 millones en total gracias a planes de financiación. Tal vez más importante, el mandatario anunció un aumento considerable del área protegida en el territorio nacional. Sumado a la aprobación que esperamos que se haga de la Ley de Acción Climática que está en el Congreso y a la nueva presentación, aunque sin mensaje de urgencia, del Acuerdo de Escazú, Colombia puede decir que está tomando pasos importantes en la lucha contra la emergencia climática. Sin embargo, quedan interrogantes y uno en particular: ¿de dónde saldrán los recursos que, con todo y la nueva financiación, siguen siendo insuficientes para llevar a la práctica los anuncios de manera efectiva?
Colombia llegó a la COP26 con promesas importantes. El presidente Duque anunció que llegaremos a la neutralidad de carbono en 2050, que reduciremos las emisiones de gases efecto invernadero en un 51 % para 2030 y que alcanzaremos un 30 % del territorio nacional designado como área protegida, incluyendo zonas marinas. Como lo comentamos hace unas semanas, la Ley de Acción Climática promovida por el Gobierno, que está siendo debatida en el Congreso, es un documento técnico que entiende bien la magnitud del reto y plantea acciones ambiciosas e integrales para enfrentar la emergencia. El problema histórico es que este gobierno, igual que el de Juan Manuel Santos, se ha caracterizado por discursos elocuentes sobre la emergencia climática, pero que no se han visto acompañados de asignación de recursos suficientes para hacerlos realidad.
Por eso, de la COP26 teníamos que regresar con financiación, y se logró en buena medida. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció US$600 millones en recursos para el país. Las agencias de cooperación bilateral de Francia, Alemania, Reino Unido, Corea y Suecia también aportarán US$600 millones adicionales. En el marco del pacto que Colombia hizo en París, se otorgaron US$33,5 millones de una donación proveniente de los gobiernos de Alemania, Noruega y Reino Unido. Todas son señales del reconocimiento global a los compromisos adoptados por el país.
Quedan, no obstante, interrogantes. Ha hecho falta obtener apoyos de compensación por el cuidado de ecosistemas en el país. También estamos pendientes del rol que la delegación colombiana pueda tener en las discusiones sobre mercados de carbono, algo que será clave para que los países más desarrollados, que también son los más culpables de la emergencia climática, no abusen de países que, como el nuestro, tienen una posición privilegiada por su biodiversidad.
También inquieta qué ocurrirá en las elecciones del año entrante. La transición energética colombiana, así como la adaptación de todos los aspectos de la sociedad a la emergencia climática, requieren muchos más recursos que los conseguidos en la COP26. La última reforma tributaria aplazó esa discusión. Necesitamos decisiones contundentes que, además, tengan financiación local. Eso implica tomar decisiones difíciles, por ejemplo, sobre la cadena de suministro de bienes y toda la infraestructura de transporte. Hay que trabajar rápido, con más ambición y una voluntad política inquebrantable. ¿La habrá?
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La estrategia diplomática de Colombia dejó buenos resultados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26). De la visita de la delegación nacional, liderada por el presidente Iván Duque, traemos un saldo de inversión importante: US$1.200 millones en total gracias a planes de financiación. Tal vez más importante, el mandatario anunció un aumento considerable del área protegida en el territorio nacional. Sumado a la aprobación que esperamos que se haga de la Ley de Acción Climática que está en el Congreso y a la nueva presentación, aunque sin mensaje de urgencia, del Acuerdo de Escazú, Colombia puede decir que está tomando pasos importantes en la lucha contra la emergencia climática. Sin embargo, quedan interrogantes y uno en particular: ¿de dónde saldrán los recursos que, con todo y la nueva financiación, siguen siendo insuficientes para llevar a la práctica los anuncios de manera efectiva?
Colombia llegó a la COP26 con promesas importantes. El presidente Duque anunció que llegaremos a la neutralidad de carbono en 2050, que reduciremos las emisiones de gases efecto invernadero en un 51 % para 2030 y que alcanzaremos un 30 % del territorio nacional designado como área protegida, incluyendo zonas marinas. Como lo comentamos hace unas semanas, la Ley de Acción Climática promovida por el Gobierno, que está siendo debatida en el Congreso, es un documento técnico que entiende bien la magnitud del reto y plantea acciones ambiciosas e integrales para enfrentar la emergencia. El problema histórico es que este gobierno, igual que el de Juan Manuel Santos, se ha caracterizado por discursos elocuentes sobre la emergencia climática, pero que no se han visto acompañados de asignación de recursos suficientes para hacerlos realidad.
Por eso, de la COP26 teníamos que regresar con financiación, y se logró en buena medida. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció US$600 millones en recursos para el país. Las agencias de cooperación bilateral de Francia, Alemania, Reino Unido, Corea y Suecia también aportarán US$600 millones adicionales. En el marco del pacto que Colombia hizo en París, se otorgaron US$33,5 millones de una donación proveniente de los gobiernos de Alemania, Noruega y Reino Unido. Todas son señales del reconocimiento global a los compromisos adoptados por el país.
Quedan, no obstante, interrogantes. Ha hecho falta obtener apoyos de compensación por el cuidado de ecosistemas en el país. También estamos pendientes del rol que la delegación colombiana pueda tener en las discusiones sobre mercados de carbono, algo que será clave para que los países más desarrollados, que también son los más culpables de la emergencia climática, no abusen de países que, como el nuestro, tienen una posición privilegiada por su biodiversidad.
También inquieta qué ocurrirá en las elecciones del año entrante. La transición energética colombiana, así como la adaptación de todos los aspectos de la sociedad a la emergencia climática, requieren muchos más recursos que los conseguidos en la COP26. La última reforma tributaria aplazó esa discusión. Necesitamos decisiones contundentes que, además, tengan financiación local. Eso implica tomar decisiones difíciles, por ejemplo, sobre la cadena de suministro de bienes y toda la infraestructura de transporte. Hay que trabajar rápido, con más ambición y una voluntad política inquebrantable. ¿La habrá?
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