Mientras Gustavo Petro y Rodolfo Hernández van en busca de los votos que les hacen falta para ser presidente de la República, no podemos pasar la página de las elecciones sin mirar uno de los temores que hubo las semanas previas: las denuncias de fraude electoral y posibles irregularidades por violencia. Ocurrió un hecho terrible, el asesinato de Nelly Bedoya Vásquez, una jurado de votación en Nueva Colombia, zona rural de Vista Hermosa (Meta), a manos de la disidencias de las Farc. Más allá de eso, sin embargo, tuvimos elecciones en su mayoría pacíficas y con una Registraduría cumpliendo de manera diligente.
Las misiones de observación electoral nacional e internacional estuvieron de acuerdo: es notable la mejoría en el rol de la Registraduría en comparación con las elecciones legislativas de marzo pasado. Es un alivio. Después de que el escrutinio tuvo una discrepancia de un millón de votos adicionales con el preconteo, voces de alto nivel en el debate público colombiano hablaron de fraude. Se sembró la idea de una desconfianza en el software contratado por la Registraduría. Sin embargo, el pasado domingo se contaron los votos con rapidez, a tal punto que una hora y media después de cerradas las urnas ya teníamos un panorama bastante claro del resultado final. Ninguna de las campañas derrotadas habló de fraude ni atacó a las instituciones, sino más bien en sus discursos hubo un respeto por la legitimidad del proceso. Los dos vencedores tampoco vieron razones para impugnar el resultado. La ausencia de ruido es una excelente noticia: triunfa la democracia colombiana después de una participación histórica de votantes.
Por supuesto, sí hubo irregularidades. Hay que decirlo: en Colombia se siguen comprando votos. La Misión de Observación Electoral (MOE), en su informe final al cierre de la primera vuelta, recibió 45 reportes de este delito. Según el informe, “la ciudadanía ha reportado la entrega de dinero en efectivo, alimentos o tiquetes que pueden ser cambiados por bienes en lugares cercanos a los lugares dispuestos por la Registraduría para votar. También se reportó la movilización de personas hacia los puestos de votación. Estos hechos se han presentado en 29 municipios correspondientes a 16 departamentos y Bogotá”. A falta de que se terminen de consolidar los datos, las autoridades deben perseguir todas las denuncias, especialmente porque el delito de comprar votos suele vivir en la impunidad en Colombia.
La MOE también reportó 32 “presiones o amenazas que se ejercen sobre las personas votantes” y “19 reportes según los cuales personas votantes no pudieron ejercer su derecho al voto debido a que presuntamente otra persona había votado por ellas”. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación habló de 96 quejas que incluyen la participación en política de funcionarios públicos y el constreñimiento electoral.
Hace unas semanas nos lamentamos de que estas han sido las elecciones más violentas en una década. Eso no cambia, pero sí es un motivo de alivio y esperanza que el día electoral el temor fue derrotado y los colombianos pudieron ir a las urnas. También lo es que la Registraduría hizo su trabajo de manera adecuada. Esperamos que ocurra igual en la segunda vuelta presidencial.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
Nota del director. Necesitamos de lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.
Mientras Gustavo Petro y Rodolfo Hernández van en busca de los votos que les hacen falta para ser presidente de la República, no podemos pasar la página de las elecciones sin mirar uno de los temores que hubo las semanas previas: las denuncias de fraude electoral y posibles irregularidades por violencia. Ocurrió un hecho terrible, el asesinato de Nelly Bedoya Vásquez, una jurado de votación en Nueva Colombia, zona rural de Vista Hermosa (Meta), a manos de la disidencias de las Farc. Más allá de eso, sin embargo, tuvimos elecciones en su mayoría pacíficas y con una Registraduría cumpliendo de manera diligente.
Las misiones de observación electoral nacional e internacional estuvieron de acuerdo: es notable la mejoría en el rol de la Registraduría en comparación con las elecciones legislativas de marzo pasado. Es un alivio. Después de que el escrutinio tuvo una discrepancia de un millón de votos adicionales con el preconteo, voces de alto nivel en el debate público colombiano hablaron de fraude. Se sembró la idea de una desconfianza en el software contratado por la Registraduría. Sin embargo, el pasado domingo se contaron los votos con rapidez, a tal punto que una hora y media después de cerradas las urnas ya teníamos un panorama bastante claro del resultado final. Ninguna de las campañas derrotadas habló de fraude ni atacó a las instituciones, sino más bien en sus discursos hubo un respeto por la legitimidad del proceso. Los dos vencedores tampoco vieron razones para impugnar el resultado. La ausencia de ruido es una excelente noticia: triunfa la democracia colombiana después de una participación histórica de votantes.
Por supuesto, sí hubo irregularidades. Hay que decirlo: en Colombia se siguen comprando votos. La Misión de Observación Electoral (MOE), en su informe final al cierre de la primera vuelta, recibió 45 reportes de este delito. Según el informe, “la ciudadanía ha reportado la entrega de dinero en efectivo, alimentos o tiquetes que pueden ser cambiados por bienes en lugares cercanos a los lugares dispuestos por la Registraduría para votar. También se reportó la movilización de personas hacia los puestos de votación. Estos hechos se han presentado en 29 municipios correspondientes a 16 departamentos y Bogotá”. A falta de que se terminen de consolidar los datos, las autoridades deben perseguir todas las denuncias, especialmente porque el delito de comprar votos suele vivir en la impunidad en Colombia.
La MOE también reportó 32 “presiones o amenazas que se ejercen sobre las personas votantes” y “19 reportes según los cuales personas votantes no pudieron ejercer su derecho al voto debido a que presuntamente otra persona había votado por ellas”. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación habló de 96 quejas que incluyen la participación en política de funcionarios públicos y el constreñimiento electoral.
Hace unas semanas nos lamentamos de que estas han sido las elecciones más violentas en una década. Eso no cambia, pero sí es un motivo de alivio y esperanza que el día electoral el temor fue derrotado y los colombianos pudieron ir a las urnas. También lo es que la Registraduría hizo su trabajo de manera adecuada. Esperamos que ocurra igual en la segunda vuelta presidencial.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
Nota del director. Necesitamos de lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.