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En Haití, el país más pobre del hemisferio y uno de los más pobres del mundo, se ha profundizado una crisis política, social, económica, de salubridad y de seguridad que parece no tener fin. Su Gobierno ha pedido de manera desesperada a la ONU que envíe tropas para ayudar a poner orden, mientras las bandas armadas constituyen el único poder real, ante la inutilidad de una Policía que ha sido desbordada. Mientras tanto, Naciones Unidas está dividida en cuanto a su actuación en el país caribeño y la comunidad internacional parece mirar hacia otro lado, dejando a los haitianos a su suerte.
En 2020 hubo un segundo terremoto devastador, tras el ocurrido en 2010 que dejó cerca de 230.000 muertos. Luego del asesinato del entonces presidente Jovenel Moïse en 2021, en el que participó un grupo de exmilitares colombianos, las cosas no han hecho sino empeorar en la isla. El magnicidio de Moïse abrió la caja de Pandora a una situación insostenible. Bandas criminales se han dividido el territorio para someter a sus habitantes a una situación similar a la que ha vivido Somalia. Secuestran, asesinan, bloquean puertos vitales para el ingreso de petróleo, alimentos y medicinas, y en un plazo de un par de semanas asesinaron a 14 integrantes de la Policía, en una exhibición de fuerza para demostrar quiénes detentan realmente el poder.
Esta situación condujo a que el canciller haitiano dijera, a finales del año pasado, que tenía “la delicada misión de llevar ante el Consejo de Seguridad el grito de angustia de todo un pueblo que sufre y decir en voz alta e inteligible que los haitianos no viven, sobreviven”. Tiene toda la razón. Esta desesperada solicitud de una intervención militar de la ONU venía acompañada de una serie de hechos graves. Una de las principales bandas armadas, la Familia, G9 y Aliados, que lidera Jimmy Chérizier, logró bloquear el ingreso a la terminal petrolera de Varreux, la más importante de Haití, lo que generó desde entonces una grave situación de desabastecimiento. Entre otras consecuencias, la falta de distribución de agua potable generó un nuevo brote de cólera, que cobró la vida de más de 450 personas.
António Guterres, secretario general de la ONU, dijo que se necesitaba una intervención armada, pues la situación era absolutamente dramática. Sin embargo, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad siguen divididos en cuanto a la mejor forma de actuar. Mientras Estados Unidos pidió el envío de un grupo al margen de la ONU, para apoyo humanitario y liderado por un tercer país, China recordó el fracaso de la misión militar de Naciones Unidas que estuvo allí por 13 años, entre 2004 y 2017, y generó un primer brote de cólera que ocasionó cerca de 10.000 víctimas. Rusia se opone a cualquier envío de Naciones Unidas, pero está de acuerdo en que el año entrante haya elecciones generales.
Por último, un tribunal del sur de Florida inició los trámites para el enjuiciamiento de las personas que hasta ahora aparecen como presuntas responsables materiales e intelectuales del magnicidio de Jovenel Moïse. Entre ellos hay tres ciudadanos con doble nacionalidad haitiana y estadounidense: Christian Sanon (pastor religioso, médico y hombre de negocios), James Solages y Joseph Vincent (señalados como autores intelectuales), además de varios de los mercenarios colombianos que participaron en la acción militar.
Según el Banco Mundial, la situación política, los disturbios sociales y los desastres naturales han llevado a Haití a ser uno de los países más pobres y menos igualitarios del mundo. En un país con 11,5 millones de habitantes, “el 60 % de la población haitiana (6,3 millones de personas) sigue siendo pobre y el 24 % (2,5 millones) está en situación de pobreza extrema”. ¿Qué se va a hacer para aliviar la situación de los haitianos?
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