Colombia tiene una nueva reforma tributaria con el recaudo más ambicioso en décadas. Hay temores, claro: ¿afectará de manera inadecuada a las empresas? ¿La inflación sí será tan baja como dicen los cálculos del Ministerio de Hacienda? ¿Será esta medida suficiente para ayudar a calmar los mercados sobre la sostenibilidad económica de Colombia y su capacidad de cumplir las obligaciones de deuda? Y, quizá la más importante: ¿el Gobierno sabrá utilizar los nuevos recursos en una inversión productiva y no apenas en asistencialismo?
Hay varios puntos positivos en la reforma aprobada. El recaudo, que estará por encima de los $20 billones, permite financiar la ambiciosa agenda social del presidente Gustavo Petro y ayuda a recuperar las finanzas maltrechas que dejó la administración pasada. Además, por fin se aplica el principio de solidaridad: quienes más pagarán serán quienes más ganan y se hizo un enorme esfuerzo por acabar la fiesta de las exenciones caprichosas, que permitía a varios sectores económicos no contribuir todo lo que debían. La sobretasa final aprobada para el petróleo y el carbón parece razonable en momentos en que sus precios estén, como ahora, por las nubes. Finalmente, la aprobación de la reforma, a pesar de la fuerte oposición, envía un mensaje de estabilidad a las calificadoras de riesgo y a los inversionistas: después del caos político y los efectos de la pandemia, Colombia fue capaz de dar un paso gigante para organizar sus finanzas. Como le dijo el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, a El Espectador: “Vamos a cumplir la regla fiscal que la administración Duque no tuvo que cumplir por tres años”.
Hubo cosas que pudieron ser mejores, por supuesto. Las más de 400 horas de concertación del Ministerio de Hacienda con todas las voces que formularon críticas dejaron ver también el lado más dañino de la presión por los votos. El propio Ocampo, por ejemplo, confiesa en la entrevista que publicamos hoy que sigue “pensando que las pensiones deben pagar impuestos, como todos los otros ingresos”. Y tiene razón. Es inequitativo que las pensiones millonarias subsidiadas por el fisco hayan sido excluidas. Así no representaran un alto recaudo, la señal es contraria a la filosofía de esta reforma. Tampoco hay justificación para que se hayan removido los impuestos a las iglesias por presión política.
Las más preocupadas son las empresas. Ciertamente, con un panorama de estancamiento de la economía mundial, cargas tributarias excesivas pueden afectarlas seriamente. De hecho, Ocampo lo reconoce cuando dice que “la única otra reforma que presentaría, si esta reforma da recaudos suficientes o altos, sería otra para bajar el impuesto del 35 % que estableció a las empresas la reforma anterior”. Con todo, durante estos meses de debate se sintió en general más una presión porque nada cambiara en cada sector que un ánimo solidario por contribuir a sanear las finanzas públicas y a un bienestar más amplio que, al final, las beneficiará. Aunque sea una generalización, injusta como todas, el debate terminó sustituido por un discurso catastrofista.
Ahora el reto viene con el buen uso de estos recursos que llegan a hacer posible la agenda social propuesta por el presidente Petro. Confiamos en que sean invertidos con sabiduría y pensando en la generación de mayor riqueza —mejor distribuida, sí— y no que se vayan a diluir en subsidios improductivos que nos terminen empobreciendo a todos.
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