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Otra vez hay humo blanco en el Congreso y el Gobierno Nacional: ahora sí, dicen los parlamentarios, está listo el proyecto que va a reglamentar a Uber y empresas similares. Sin embargo, antes de celebrar, no olvidamos que en ocasiones anteriores hubo mucho entusiasmo, para terminar con reglamentaciones inútiles que dejaron desprotegidos a los conductores tanto de taxis como de plataformas y que causaron más resentimientos.
El gobierno anterior anunció con bombos y platillos, por ejemplo, una medida para el transporte que no hizo nada por solucionar el problema. Este Gobierno, autoproclamado el de la evolución tecnológica y la economía naranja, ha mostrado una ambivalencia preocupante ante un tema que ha debido ser urgente. Mientras tanto, el limbo jurídico es la ley para miles de conductores.
No hay que ocultar la realidad evidente: el gremio de taxistas ha logrado mantener secuestrado el debate público en torno a este tema. Pero no son solo ellos. Uber y las empresas similares, con sus discursos irrisorios para no reconocer derechos laborales, han empantanado cualquier regulación. El resultado es que Colombia cuenta con una normatividad anacrónica, con un sistema de cupos inhumano y poco práctico, con miles de conductores desprotegidos y con actos de violencia que han asustado a los usuarios, con justa causa. Mientras tanto, los políticos dan y dan discursos, pero no llegan a una solución que modernice el transporte en el país.
Cualquier regulación tiene que enviar varios mensajes claros. El primero es que Colombia no puede estar a merced de los caprichos de unos cuantos propietarios de taxis. El segundo es que los taxistas no van a quedar desprotegidos y que sus quejas han sido escuchadas. El tercero es que las multinacionales como Uber no pueden venir al país a imponer sus deseos sin reconocer los derechos básicos de los colombianos. Lo que ocurrió en California, donde gastaron millones y millones de dólares para tumbar las protecciones laborales de los conductores de Uber, es un pésimo precedente que demuestra sus verdaderas intenciones. El país necesita un transporte digno y variado, sí, pero también necesita empleos dignos y no precarizados. Ambos son alcanzables, aunque todos los involucrados digan lo contrario.
Según W Radio, la Comisión Sexta les pidió a los ponentes de los múltiples proyectos anteriores que unificaran su propuesta, y así fue. Al parecer, el Gobierno participó en la formulación y este proyecto cuenta con su bendición, aunque eso no es garantía de su apoyo. Sin embargo, que tengamos 20 congresistas encauzados por el mismo camino es una buena noticia.
Habrá que ver las particularidades del proyecto, como qué harán con la propuesta de eliminar los cupos para los taxis. Lo más importante, sin embargo, es que todos los involucrados entiendan que Colombia no puede seguir aplazando la regulación de un tema esencial para muchas personas.
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