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No todo es desesperanza, incapacidad estatal y líderes sociales asesinados. Pese a que el aterrizaje forzoso del Acuerdo de La Habana entre el Gobierno y las Farc ha tenido muchísimos obstáculos sin resolver, esta semana se vio una muestra de todas las bondades de lo pactado. Allí en el Putumayo, uno de los corazones de la guerra que terminó, se cumplieron varias promesas: desapareció la violencia, se formalizaron varios terrenos y, con ellos, se eliminó el cultivo de coca. El país debería mirar este ejemplo para recuperar el rumbo de la búsqueda de la paz.
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) entregó títulos para formalizar las propiedades de 60 familias excocaleras en cinco municipios de Putumayo. El gesto tiene varios niveles de importancia. Primero, es el cumplimiento de la lógica básica del Acuerdo, que ha sido tan difícil de implementar: formalizar la tierra y dársela a quienes fueron despojados es la mejor herramienta para combatir los cultivos ilegales y, además, reparar a las víctimas del conflicto.
Segundo, hacerlo en una de las zonas que más sufrieron el conflicto sirve para recordarle al país las bondades de la paz, algo que parecemos olvidar con facilidad. Como dijo Óscar Naranjo, vicepresidente de la República, al momento de la entrega, “cada año, durante las épocas más difíciles del conflicto armado, en el casco urbano y en las veredas de Villa Garzón (Putumayo) morían asesinadas entre 80 y 120 personas, un promedio de dos muertos por semana. Sin embargo, el año pasado, el primer año de la paz con las Farc, sólo una persona perdió la vida de forma violenta”.
Cuando haya dudas sobre la motivación detrás del pacto, es necesario sacudirse el ruido de la política nacional y ver esas cifras.
También ayuda escuchar a los beneficiados. En la entrega, contaron cómo les quitaban las tierras para sembrar coca y vivían en miedo constante. En últimas, no tenían otra opción, como les sucede a tantas familias cocaleras en el país: la amenaza de la violencia y la ausencia de otras oportunidades son cargas que no pueden eludir.
¿Y qué ocurre cuando el Estado da las oportunidades? En el caso del Putumayo, algo excepcional: una resiembra de matas de coca igual a cero. Miguel Samper Strouss, director de la ANT, explicó que “el título es el incentivo más poderoso para que las familias sigan trabajando en la legalidad”.
Si ya sabemos que funcionan, ¿por qué los procesos de restitución de tierras en todo el país se viven chocando con obstáculos políticos?
Por lo menos en lo que tiene que ver con el Acuerdo de Paz, hay motivos para tener esperanza. Según datos de la ANT, el programa Formalizar para Sustituir ya ha formalizado más de 600 predios en Cauca, Antioquia, Nariño y Putumayo. Además, se espera entregar otros 6.700 títulos de propiedad, para completar 7.300 familias campesinas beneficiadas.
Así es como debe verse la paz, con los territorios marginados históricamente recibiendo las oportunidades que necesitan para salir adelante. Celebramos esta noticia y esperamos que el impulso obtenido no se pierda en el futuro con el cambio de gobierno.
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