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El último año del gobierno de Iván Duque llega después de una semana movida para un tema esencial para el país: el Acuerdo de Paz de La Habana. La Contraloría prendió las alertas sobre la pésima tasa de implementación de lo pactado, el Gobierno Nacional anunció su presupuesto para 2022 con algunos recortes en puntos claves, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) siguió dando motivos de esperanza y la Comisión de la Verdad, en vísperas de una decisión de la Corte Constitucional sobre su posible prórroga, fue espacio para que Salvatore Mancuso diera una versión terrorífica sobre cómo el paramilitarismo actuó en connivencia con el Estado colombiano. Todos los caminos llevan a la misma conclusión: es necesario seguir apostándole a la paz.
La Comisión de la Verdad debería ser prorrogada. Eso es lo que le pidieron varias organizaciones de víctimas a la Corte Constitucional, y el alto tribunal debería darles la razón, así como tomar una decisión pronta dada la urgencia evidente. Si bien los magistrados ya habían estudiado el mandato por tres años de la Comisión, que expirará en noviembre de este año, ese análisis se hizo sin tener en cuenta una fuerza mayor innegable: la pandemia. La Comisión ha tenido que operar año y medio con las manos atadas, sin poder recorrer el país como era su misión y con la amenaza de que debe entregar un informe cuando no hemos superado la crisis. Las víctimas han dicho que sienten que el proceso no ha sido como ellas esperaban por estas condiciones. Ese es suficiente argumento para reconocer que el plazo no debería vencer en noviembre.
Además, porque la Comisión de la Verdad se ha convertido en un espacio esencial para el país. Después de la importante confrontación de Íngrid Betancourt con sus victimarios, esta semana vimos a Salvatore Mancuso dar una información detallada de cómo operaron las redes paramilitares. Ya sabíamos muchas cosas, claro está, pero la naturaleza pública del evento le dio un poder simbólico que no se puede ignorar. El país necesita seguir experimentando esos momentos.
El contraste está en las noticias sobre la implementación. La Contraloría dijo que si seguimos ejecutando lo pactado al ritmo actual, no terminaremos antes de 2047. En cuanto a recursos, en 2017 apenas se ejecutaron $5,36 billones, frente a $9,09 billones previstos; en 2018, $4,21 billones de $8,62 billones disponibles; en 2019, $6,31 billones de $8,55 billones, y el año pasado, $6,53 billones de $8,38 billones previstos. Esto se une con el anuncio del nuevo presupuesto del Gobierno para 2022, donde se suben los rubros de algunas entidades como el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Jurisdicción Especial para la Paz, pero se reduce el dinero destinado a la Agencia Nacional de Tierras y a la Agencia de Desarrollo Rural.
Lo descorazonador de esas cifras es que el Acuerdo de Paz brilla cuando se le deja alcanzar su potencial. Esta semana, la UBPD contó que ayudó al reencuentro de una familia que llevaba 20 años buscándose, después de haber sido separada por el conflicto. Con este ya son cuatro los casos de personas dadas por desaparecidas que son encontradas con vida. Se trata de motivos de esperanza y aportes tangibles a la reconciliación del país. Por eso hay que seguir apostándole a la paz. En el último año de gobierno de Iván Duque que empieza, esto debería ser prioridad urgente. Por el bien de toda Colombia.
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