Arduo camino para las víctimas

Sin embargo, a pesar de haber resucitado de la peor sepultura y con aplausos haber iniciado el paso por el Congreso, nada parece sugerir, como lo mostró el primer debate en la Cámara, que el proyecto saldrá bien librado del Capitolio. Los partidos más cercanos al Gobierno se han sentado en la posición de que si bien el Ministerio de Hacienda dio vía libre a los recursos, la Cartera se equivoca —o peor, miente— porque en realidad no hay dinero para cubrir tal gasto. Preocupados ahora por el hueco fiscal, el Partido de la U y el Conservador hablan de 80 billones de pesos que el fisco no podría cubrir. Cifra que además no incluye a víctimas que ellos juzgan no merecen reparación.

Entre éstas se encuentran, como siempre, las víctimas de los agentes estatales. Sin sentencia no hay reconocimiento, insisten, por lo que todos aquellos campesinos violentados, en regiones por lo demás perdidas del mapa, deben instaurar y ganar un proceso, nada más y nada menos que contra el Estado colombiano. Sobre cómo harán los más desprotegidos para lidiar con el engorroso y lento sistema judicial colombiano, donde la más pequeña vuelta excede los recursos con los que cuentan, es algo que a los opositores poco les parece interesar. De poco valió que en el proyecto se aclare que la reparación administrativa no implica culpabilidad de la Fuerza Pública; a los honorables congresistas les parece —estirando el argumento— que, por ejemplo, Jenny, la niña de Tame, porque cayó en manos de miembros del Ejército fue menos violada y menos asesinada.

Menos víctimas son también, para ellos, los homosexuales. Muy a pesar de que los grupos armados ilegales han justificado los más espantosos crímenes con la excusa de una “limpieza social”, a algunos congresistas les parece que “esa gente” no debe ser reparada y mucho menos sus parejas. Cabe preguntarse, al seguir haciendo la lista de víctimas y menos víctimas, qué otros prejuicios serán parte del paso del proyecto por el Congreso. Consideración de especial relevancia si se tiene en cuenta que por razón de una consulta previa no realizada, las comunidades negras y los indígenas no se incluyeron en el proyecto y hasta ahora siguen en vilo. Sería un mal chiste que terminaran excluidas de la reparación. Sin embargo, dado los precedentes, tristemente es posible.

Por fortuna, no todos comparten las posiciones de los representantes de la U y el Partido Conservador. De hecho, el país cuenta con cerca de 150 organizaciones sociales, de víctimas y defensoras de los Derechos Humanos, que justo ayer se reunieron en La Mesa Nacional de Víctimas para debatir sobre el tema y escuchar testimonios. “Yo a duras penas salí con mi hijo ensangrentado. De ahí nos fuimos a Tocaima, nos acostamos en el parque”.  “Creen que somos limosneros. Es que fueron más de 40 muertos en mi región y algunos de mis familiares. Nunca nos dieron proyectos productivos, sólo la tierra como si nos alimentáramos con tierra”. “En 2009 fue asesinado mi hermano por un grupo que llegó a la vereda, diciendo que venían de parte de un hombre que le decían El Soldado”. Fueron tres de las 200 intervenciones que se escucharon en el encuentro que pretendía tanto familiarizar a las víctimas con el proyecto de ley, como recoger sus percepciones para enriquecer el proceso legislativo que pretende ayudarlas. Ojalá el Congreso no haga que de lo que ahora se trate sea de una gentil pero mera intención.

Sin embargo, a pesar de haber resucitado de la peor sepultura y con aplausos haber iniciado el paso por el Congreso, nada parece sugerir, como lo mostró el primer debate en la Cámara, que el proyecto saldrá bien librado del Capitolio. Los partidos más cercanos al Gobierno se han sentado en la posición de que si bien el Ministerio de Hacienda dio vía libre a los recursos, la Cartera se equivoca —o peor, miente— porque en realidad no hay dinero para cubrir tal gasto. Preocupados ahora por el hueco fiscal, el Partido de la U y el Conservador hablan de 80 billones de pesos que el fisco no podría cubrir. Cifra que además no incluye a víctimas que ellos juzgan no merecen reparación.

Entre éstas se encuentran, como siempre, las víctimas de los agentes estatales. Sin sentencia no hay reconocimiento, insisten, por lo que todos aquellos campesinos violentados, en regiones por lo demás perdidas del mapa, deben instaurar y ganar un proceso, nada más y nada menos que contra el Estado colombiano. Sobre cómo harán los más desprotegidos para lidiar con el engorroso y lento sistema judicial colombiano, donde la más pequeña vuelta excede los recursos con los que cuentan, es algo que a los opositores poco les parece interesar. De poco valió que en el proyecto se aclare que la reparación administrativa no implica culpabilidad de la Fuerza Pública; a los honorables congresistas les parece —estirando el argumento— que, por ejemplo, Jenny, la niña de Tame, porque cayó en manos de miembros del Ejército fue menos violada y menos asesinada.

Menos víctimas son también, para ellos, los homosexuales. Muy a pesar de que los grupos armados ilegales han justificado los más espantosos crímenes con la excusa de una “limpieza social”, a algunos congresistas les parece que “esa gente” no debe ser reparada y mucho menos sus parejas. Cabe preguntarse, al seguir haciendo la lista de víctimas y menos víctimas, qué otros prejuicios serán parte del paso del proyecto por el Congreso. Consideración de especial relevancia si se tiene en cuenta que por razón de una consulta previa no realizada, las comunidades negras y los indígenas no se incluyeron en el proyecto y hasta ahora siguen en vilo. Sería un mal chiste que terminaran excluidas de la reparación. Sin embargo, dado los precedentes, tristemente es posible.

Por fortuna, no todos comparten las posiciones de los representantes de la U y el Partido Conservador. De hecho, el país cuenta con cerca de 150 organizaciones sociales, de víctimas y defensoras de los Derechos Humanos, que justo ayer se reunieron en La Mesa Nacional de Víctimas para debatir sobre el tema y escuchar testimonios. “Yo a duras penas salí con mi hijo ensangrentado. De ahí nos fuimos a Tocaima, nos acostamos en el parque”.  “Creen que somos limosneros. Es que fueron más de 40 muertos en mi región y algunos de mis familiares. Nunca nos dieron proyectos productivos, sólo la tierra como si nos alimentáramos con tierra”. “En 2009 fue asesinado mi hermano por un grupo que llegó a la vereda, diciendo que venían de parte de un hombre que le decían El Soldado”. Fueron tres de las 200 intervenciones que se escucharon en el encuentro que pretendía tanto familiarizar a las víctimas con el proyecto de ley, como recoger sus percepciones para enriquecer el proceso legislativo que pretende ayudarlas. Ojalá el Congreso no haga que de lo que ahora se trate sea de una gentil pero mera intención.