La salud, otra vez

El informe afirma que los resultados del Sistema de Seguridad Social en Salud hasta el momento son ambiguos, pues a pesar de un aumento considerable en el gasto, el derecho a la salud no está plenamente satisfecho. Si bien reconoce los avances en aseguramiento, a la vez señala la persistencia de profundas injusticias, el no logro de la afiliación universal y el estancamiento o retroceso en prevención de enfermedades y en vacunación.

En cuanto a inspección, vigilancia y control, señala que estas labores siguen siendo fragmentadas, desarticuladas y dispersas en gran medida debido a la falta de claridad entre los diferentes agentes de las funciones que les son propias. Además afirma que los esfuerzos en este campo están enfocados en la generación y aplicación de unos indicadores que tienden a vigilar lo que tiene que ver con la eficiencia financiera del sistema y no la problemática relacionada con la atención en salud.

Las cifras relacionadas con las tutelas son bien dicientes: de 21.301 presentadas en 1999 pasamos a 81.017 en 2005, lo que significa un cambio en la participación sobre el total de todas las tutelas de 24,67% a 36,12%.

Llama la atención sobre el hecho de que la gran mayoría de las tutelas (73%) se presentan en el régimen contributivo, mientras que sólo 2,9% son del subsidiado. La Defensoría del Pueblo ya había señalado que el grueso de estas acciones se interpone para reclamar medicamentos o procedimientos que están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud.

En realidad, no sorprenden los hallazgos que han sido debatidos públicamente en los últimos años. Lo que sí sorprende es que el Ministerio de la Protección Social parece seguir ajeno a la situación y no muestra el menor interés en trabajar en los temas que preocupan al sector y a los colombianos. Muestra de ello es la incomprensible demora en actuar en lo ordenado en la Ley 1122 de 2007, que reformó la Ley 100 y que está plenamente vigente desde hace 16 meses. La Ley estableció un término de seis meses para varias acciones que no se han realizado, por ejemplo la regulación de la Integración vertical, que continúa de manera desbocada y que además, incluso, parece estimulada desde el propio Ministerio con las adjudicaciones de algunas clínicas del ISS.

Tampoco se ha procedido a la integración de la Comisión de Regulación en Salud (CRES), ni se ha expedido el manual de tarifas mínimas, que tanto ha anunciado el Presidente de la República. Por el lado de la Supersalud, que con frecuencia se olvida que depende de ese mismo Ministerio, la situación no es mejor. Tras la salida del anterior superintendente, rodeada de denuncias, no se ha procedido a la designación del nuevo funcionario después de varias semanas.

Sin embargo, lo más preocupante es lo referente a los “estancamientos o retrocesos” en temas vitales para la salud de los colombianos, cuando después de años han vuelto a aparecer casos de rabia o de fiebre amarilla y cuando varios índices de vacunación continúan por debajo de las metas. Mientras tanto, el Ministro de Protección Social se ve mucho más activo en los temas de mecánica política que en los graves problemas de la salud.

Ese sesgo que da mayor importancia a los temas económicos y financieros sobre los de salud no es casual, y no puede ser achacado únicamente al sistema y a los funcionarios de turno. Hay razones suficientes para afirmar que hay un problema estructural que no se soluciona con la promulgación de más leyes en un sector que, por el contrario, tiene exceso de normas que no se aplican y no hay quien las haga aplicar.

El informe de la Procuraduría es entonces otro argumento a favor de la urgente reapertura del Ministerio de Salud. Hay que reconocer, luego de cinco años, que este esquema no funcionó y que se requiere de esa cartera para que nuevamente la salud pública tenga doliente y para que los ciudadanos tengan la tranquilidad de que el Estado colombiano realmente privilegia sus derechos sociales y no se limita a evaluar su impacto financiero.

El informe afirma que los resultados del Sistema de Seguridad Social en Salud hasta el momento son ambiguos, pues a pesar de un aumento considerable en el gasto, el derecho a la salud no está plenamente satisfecho. Si bien reconoce los avances en aseguramiento, a la vez señala la persistencia de profundas injusticias, el no logro de la afiliación universal y el estancamiento o retroceso en prevención de enfermedades y en vacunación.

En cuanto a inspección, vigilancia y control, señala que estas labores siguen siendo fragmentadas, desarticuladas y dispersas en gran medida debido a la falta de claridad entre los diferentes agentes de las funciones que les son propias. Además afirma que los esfuerzos en este campo están enfocados en la generación y aplicación de unos indicadores que tienden a vigilar lo que tiene que ver con la eficiencia financiera del sistema y no la problemática relacionada con la atención en salud.

Las cifras relacionadas con las tutelas son bien dicientes: de 21.301 presentadas en 1999 pasamos a 81.017 en 2005, lo que significa un cambio en la participación sobre el total de todas las tutelas de 24,67% a 36,12%.

Llama la atención sobre el hecho de que la gran mayoría de las tutelas (73%) se presentan en el régimen contributivo, mientras que sólo 2,9% son del subsidiado. La Defensoría del Pueblo ya había señalado que el grueso de estas acciones se interpone para reclamar medicamentos o procedimientos que están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud.

En realidad, no sorprenden los hallazgos que han sido debatidos públicamente en los últimos años. Lo que sí sorprende es que el Ministerio de la Protección Social parece seguir ajeno a la situación y no muestra el menor interés en trabajar en los temas que preocupan al sector y a los colombianos. Muestra de ello es la incomprensible demora en actuar en lo ordenado en la Ley 1122 de 2007, que reformó la Ley 100 y que está plenamente vigente desde hace 16 meses. La Ley estableció un término de seis meses para varias acciones que no se han realizado, por ejemplo la regulación de la Integración vertical, que continúa de manera desbocada y que además, incluso, parece estimulada desde el propio Ministerio con las adjudicaciones de algunas clínicas del ISS.

Tampoco se ha procedido a la integración de la Comisión de Regulación en Salud (CRES), ni se ha expedido el manual de tarifas mínimas, que tanto ha anunciado el Presidente de la República. Por el lado de la Supersalud, que con frecuencia se olvida que depende de ese mismo Ministerio, la situación no es mejor. Tras la salida del anterior superintendente, rodeada de denuncias, no se ha procedido a la designación del nuevo funcionario después de varias semanas.

Sin embargo, lo más preocupante es lo referente a los “estancamientos o retrocesos” en temas vitales para la salud de los colombianos, cuando después de años han vuelto a aparecer casos de rabia o de fiebre amarilla y cuando varios índices de vacunación continúan por debajo de las metas. Mientras tanto, el Ministro de Protección Social se ve mucho más activo en los temas de mecánica política que en los graves problemas de la salud.

Ese sesgo que da mayor importancia a los temas económicos y financieros sobre los de salud no es casual, y no puede ser achacado únicamente al sistema y a los funcionarios de turno. Hay razones suficientes para afirmar que hay un problema estructural que no se soluciona con la promulgación de más leyes en un sector que, por el contrario, tiene exceso de normas que no se aplican y no hay quien las haga aplicar.

El informe de la Procuraduría es entonces otro argumento a favor de la urgente reapertura del Ministerio de Salud. Hay que reconocer, luego de cinco años, que este esquema no funcionó y que se requiere de esa cartera para que nuevamente la salud pública tenga doliente y para que los ciudadanos tengan la tranquilidad de que el Estado colombiano realmente privilegia sus derechos sociales y no se limita a evaluar su impacto financiero.