Otra vez el DAS

La primera gran crisis de esta índole la ocasionó en 2005 el ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Jorge Noguera Cotes, encarcelado y luego excarcelado, aunque no absuelto, por nexos con el paramilitarismo. La Fiscalía, en ese entonces, señaló que Noguera era investigado por irregularidades en el manejo de dineros del Plan Colombia y por la presunta infiltración de paramilitares en el DAS.

Pese a que hubo un relevo en la dirección del cuestionado organismo y se anunciaron cambios de fondo en la manera de ejecutar las labores de inteligencia que el Estado requiere para proteger su institucionalidad, en mayo de 2007 se abrió otro reprochable capítulo en la historia de las violaciones a la libertad de los ciudadanos. Interceptaciones sin orden judicial, realizadas por la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol), grabaron los teléfonos y correos electrónicos de algunos paramilitares recluidos en la cárcel de Itagüí, de periodistas, políticos y funcionarios del Gobierno, y condujeron al relevo de 12 oficiales de alto rango.

En esta oportunidad, según lo divulgado en su última edición por la revista Semana, fueron víctimas de la persecución el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, y tres de sus más cercanos colegas. Igual suerte corrió el magistrado auxiliar, y para muchos líder en las investigaciones que cursan por parapolítica, Iván Velásquez. Por si ello fuera poco, políticos de la oposición, como el senador Gustavo Petro; directores, periodistas y columnistas de varios medios de comunicación, entre ellos El Espectador, aparecen en la lista de los plagiados.

Es más, entre el 19 y el 21 de enero de 2009, fechas anteriores a la llegada del nuevo director del organismo, Felipe Muñoz, en el piso 11 de la sede principal de la institución todo tipo de información recopilada  de manera presuntamente ilegal fue destruida. Es tal el nivel de descomposición del organismo, que también se sabe de pagos realizados por delincuentes de la talla de El Loco Barrera y el desmovilizado jefe paramilitar Cuchillo para acceder a información de sus rivales en el mundo del narcotráfico.

Frente a los graves hechos, y a la espera de un pronunciamiento oficial de parte del Gobierno, Muñoz señaló que se está ante una “red mafiosa que pretende atentar contra la seguridad nacional”. De ello no hay duda y quizá de ahí que funcionarios cercanos al propio presidente Uribe estén entre los ‘chuzados’. Pero no se puede obviar, al margen de que el Gobierno sea también objeto de las interceptaciones, que la persecución contra quienes se oponen desde el ejercicio de la política, la justicia o el periodismo, por momentos parecería deliberada. Para el caso, un detective de la subdirección de operaciones del DAS, citado por la revista, afirma que “Cómo no va a ser misión del DAS controlar a Petro, que es un ex guerrillero y es de la oposición”.

Si se trata de hechos aislados, de ruedas sueltas y las tradicionales manzanas podridas, si se está por el contrario ante una política de Estado destinada a aplacar a quienes disienten y a quienes, como en el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, han protagonizado enfrentamientos con el Ejecutivo, los órganos de control habrán de averiguarlo.

Entre tanto, las reformas en el DAS —y más allá de este grave incidente, en todo lo que tiene que ver con inteligencia al servicio del Estado— son urgentes y no pueden seguir siendo material para rimbombantes discursos de defensa del Estado de Derecho y la libertad de los ciudadanos cada vez que aparece un escándalo como el actual.

De la misma forma, que no sea este pretexto alguno para cerrar por completo el DAS y encomendar sus trascendentales y delicadas funciones en manos diferentes de las de los civiles o trasladar sus operaciones al Ejército o a la Policía.

Es preciso recordar, aunque algunos parecen omitirlo, que el DAS es un órgano adscrito a la Presidencia de la República. Como tal, el Gobierno habrá de tomar medidas severas y contundentes que le restablezcan la legitimidad al organismo y le devuelvan la confianza a la ciudadanía.

La primera gran crisis de esta índole la ocasionó en 2005 el ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Jorge Noguera Cotes, encarcelado y luego excarcelado, aunque no absuelto, por nexos con el paramilitarismo. La Fiscalía, en ese entonces, señaló que Noguera era investigado por irregularidades en el manejo de dineros del Plan Colombia y por la presunta infiltración de paramilitares en el DAS.

Pese a que hubo un relevo en la dirección del cuestionado organismo y se anunciaron cambios de fondo en la manera de ejecutar las labores de inteligencia que el Estado requiere para proteger su institucionalidad, en mayo de 2007 se abrió otro reprochable capítulo en la historia de las violaciones a la libertad de los ciudadanos. Interceptaciones sin orden judicial, realizadas por la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol), grabaron los teléfonos y correos electrónicos de algunos paramilitares recluidos en la cárcel de Itagüí, de periodistas, políticos y funcionarios del Gobierno, y condujeron al relevo de 12 oficiales de alto rango.

En esta oportunidad, según lo divulgado en su última edición por la revista Semana, fueron víctimas de la persecución el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, y tres de sus más cercanos colegas. Igual suerte corrió el magistrado auxiliar, y para muchos líder en las investigaciones que cursan por parapolítica, Iván Velásquez. Por si ello fuera poco, políticos de la oposición, como el senador Gustavo Petro; directores, periodistas y columnistas de varios medios de comunicación, entre ellos El Espectador, aparecen en la lista de los plagiados.

Es más, entre el 19 y el 21 de enero de 2009, fechas anteriores a la llegada del nuevo director del organismo, Felipe Muñoz, en el piso 11 de la sede principal de la institución todo tipo de información recopilada  de manera presuntamente ilegal fue destruida. Es tal el nivel de descomposición del organismo, que también se sabe de pagos realizados por delincuentes de la talla de El Loco Barrera y el desmovilizado jefe paramilitar Cuchillo para acceder a información de sus rivales en el mundo del narcotráfico.

Frente a los graves hechos, y a la espera de un pronunciamiento oficial de parte del Gobierno, Muñoz señaló que se está ante una “red mafiosa que pretende atentar contra la seguridad nacional”. De ello no hay duda y quizá de ahí que funcionarios cercanos al propio presidente Uribe estén entre los ‘chuzados’. Pero no se puede obviar, al margen de que el Gobierno sea también objeto de las interceptaciones, que la persecución contra quienes se oponen desde el ejercicio de la política, la justicia o el periodismo, por momentos parecería deliberada. Para el caso, un detective de la subdirección de operaciones del DAS, citado por la revista, afirma que “Cómo no va a ser misión del DAS controlar a Petro, que es un ex guerrillero y es de la oposición”.

Si se trata de hechos aislados, de ruedas sueltas y las tradicionales manzanas podridas, si se está por el contrario ante una política de Estado destinada a aplacar a quienes disienten y a quienes, como en el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, han protagonizado enfrentamientos con el Ejecutivo, los órganos de control habrán de averiguarlo.

Entre tanto, las reformas en el DAS —y más allá de este grave incidente, en todo lo que tiene que ver con inteligencia al servicio del Estado— son urgentes y no pueden seguir siendo material para rimbombantes discursos de defensa del Estado de Derecho y la libertad de los ciudadanos cada vez que aparece un escándalo como el actual.

De la misma forma, que no sea este pretexto alguno para cerrar por completo el DAS y encomendar sus trascendentales y delicadas funciones en manos diferentes de las de los civiles o trasladar sus operaciones al Ejército o a la Policía.

Es preciso recordar, aunque algunos parecen omitirlo, que el DAS es un órgano adscrito a la Presidencia de la República. Como tal, el Gobierno habrá de tomar medidas severas y contundentes que le restablezcan la legitimidad al organismo y le devuelvan la confianza a la ciudadanía.